La llamada "ley de igualdad de trato y no discriminación", anunciada por Pajín el pasado Consejo de Ministros, prevé sanciones de hasta 500.000 euros por insultar a alguien. Según La Gaceta, diversas asociaciones tildan de "totalitaria" la ley, y el afán de Pajín de "controlar la vida de las personas"
Todo en el objetivo de que "nadie sea humillado" y construir "una sociedad donde sentirse seguro y, sobre todo, sentirse amparado por la ley". Según señala el portavoz de la Plataforma Educa en Libertad, José Ignacio Martínez, en el diario La Gaceta, el texto, que podría entrar en vigor previsiblemente en 2013, está constituido por una concatenación de falacias.
"No sólo el título de la norma, repetitivo también en su formulación, llama la atención. También lo hace su articulado. Los Títulos I, y II, sobre el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, el primero, y sobre la defensa y promoción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, el segundo, hacen alusión a cuestiones que ya están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico como internacionalmente".
Y continúa: "Por eso no haría falta una nueva ley al respecto. Serviría simplemente con aplicar la legislación existente". Según explica a La Gaceta, "el Título III, que hace referencia a la Autoridad estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación, es para echarse a temblar".
"Sabemos que con el Gobierno actual eso significa llenarlo de amigos, conocidos, fundaciones y lobbies afines. Será una especie de Tribunal de la Inquisición, o un GULAG que decidirá quién se porta bien y quién no. Y ya sabemos lo que pasará.
Estamos ante una norma de tintes absolutamente autoritarios, otra más que nos regala del gobierno de Zapatero".
La organización Profesionales por la Ética expone, a través de su secretaria general Teresa García-Noblejas, de los peligros de la ley. "El borrador español se imbiscuye dentro del ámbito de los derechos fundamentales, y ampliamente recogidos y protegidos en nuestro derecho.". Y confirma el hecho de que anula la presunción de inocencia, reflejando también las "pretensiones totalitarias" de este Gobierno.
Estamos ante una norma de tintes absolutamente autoritarios, otra más que nos regala del gobierno de Zapatero".
La organización Profesionales por la Ética expone, a través de su secretaria general Teresa García-Noblejas, de los peligros de la ley. "El borrador español se imbiscuye dentro del ámbito de los derechos fundamentales, y ampliamente recogidos y protegidos en nuestro derecho.". Y confirma el hecho de que anula la presunción de inocencia, reflejando también las "pretensiones totalitarias" de este Gobierno.
El Título IV del anteproyecto define que las infracciones contenidas en la ley podrán ser calificadas de leves, graves o muy graves, estableciéndose sanciones de entre 150 y 500.000 euros. Los motivos considerados discriminatorios son los contenidos en el artículo 14 de la Constitución, que hacen referencia a nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra circunstancia personal o social.
Tomado de Libertad Digital.
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