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miércoles, 11 de junio de 2014

A propósito del caso 'Ciccone': la declaración indagatoria como acto de defensa. Su difusión y responsabilidad emergente.



DECLARACIÓN INDAGATORIA - IMPUTADO -
DEFENSA EN JUICIO - MEDIOS DE COMUNICACIÓN -
GARANTÍAS PROCESALES 


                                                                                   Por Dr. Eduardo C. de Luján Auliu (*)

Soslayando toda carga subjetiva y en pos de analizar a la luz de los hechos la trascendencia de los institutos jurídicos que mediáticamente reciben somero tratamiento, se intentará poner luz a una cuestión que, difusión masiva mediante, se ha convertido en una disquisición más personal que normativa, más efectista que legal.
A propósito del caso "Ciccone" -tal como se titula este artículo- es que cobra magnitud el instituto de la declaración indagatoria, siendo que uno de los sujetos que aquí resulta imputado hubo solicitado la difusión televisiva de sus dichos ante el juez, suscitando así controversias en el plano mediático con clara injerencia en el espectro público, mas no tanto en el ámbito jurídico.

Breve reseña conceptual. La declaración indagatoria como medio de defensa

La obligación del Estado como tal, de dar solución a los conflictos y penar a quienes hubieren cometido actos ilícitos, encuentra respaldo tanto en los códigos de fondo como en los de forma, no siendo los últimos una suerte de complemento antojadizo, sino la letra que garantiza el cumplimiento de las garantías constitucionales y el debido proceso de quien resultare imputado.
Amén de que el término «indagatoria» refiera claramente a un procedimiento de tipo inquisitivo, no es menester en este caso poner el acento en discusiones terminológicas, sino analizar aunque más no sea brevemente, lo fundamental del instituto. En efecto, la declaración indagatoria integra la ley de forma del derecho penal y es, según se desprende del Capítulo IV del Código Procesal Penal de la Nación, el acto interrogatorio del juez para con quien resulte sospechado con motivos bastantes de haber sido autor o partícipe de un delito, a los efectos de conferir a este la posibilidad de ejercer efectivamente su defensa material, sea a través del silencio o bien de manifestaciones verbales que hicieren alusión al hecho cuya autoría o participación se le atribuye y que previamente junto con las pruebas, se le ha dado a conocer.
Disipadas las dudas respecto de su utilidad procesal, cabe hacer mención de la naturaleza del instituto aquí tratado. La declaración del imputado obra en todos los casos como un medio de defensa y no -como se pudiera considerar fruto del desconocimiento o la tergiversación- como un medio de prueba. No esconde el interrogatorio -cuanto menos en el plano formal- una intención solapada de que el imputado confiese, ni se tiene en vista el obtener pruebas en contra del indagado sino que la valía del mismo es diametralmente opuesta. Da fuerza convictiva a lo dicho, que el silencio del imputado en ningún caso será considerado prueba en contrario -art. 298 , CPPN-, de modo que queda clara la intención de defensa de la indagatoria en consonancia con lo establecido por el art. 18 de la Constitución Nacional.
En pos de dar total certidumbre a la naturaleza defensiva de la indagatoria, es que el código de fondo reconoce el posible consejo previo así como la presencia del defensor en el acto aun cuando el imputado estuviese incomunicado; ello para delinear la estrategia de su defensa material, ya sea declarar o abstenerse. Difícilmente pueda considerarse no protectorio un instituto que requiere bajo pena de nulidad la asistencia técnica, incluso en casos en que la incomunicación del imputado tienda a evitar el entorpecimiento del proceso. Nada más perjudicial para el imputado en un proceso judicial que la indefensión propia del desconocimiento legal, lo cual aquí por todos los medios se trata de impedir.
No solo la legislación da cuenta de la naturaleza de la declaración indagatoria sino que ello ha sido receptado también por la jurisprudencia (vg. "Laskowski, Patricia y otros s/ proa.", Juzgado Fed. nº 5 - Secretaría nº 10, 21 de septiembre de 2007), en tanto «no debe olvidarse que la recepción de la declaración indagatoria de una persona configura su primer acto de defensa material, que sólo podrá ser ejercida en forma correcta si se tiene conocimiento del hecho cuya comisión se le endilga, el cual debe contener la totalidad de las circunstancias jurídicamente relevantes, y las probanzas que sustentan la imputación (...) De lo que se trata en la indagatoria, es de otorgar al imputado la posibilidad de pronunciarse en el proceso en condiciones que aseguren que esa declaración sea un acto de defensa. No podrá afirmarse que "escuchar al imputado" garantiza su derecho de defensa sino existe, entre otras circunstancias, algo de qué defenderse (imputación) y el conocimiento de esa imputación correctamente deducida (intimación)...».

La letra de la ley. Ni arbitrariedad ni ocio jurídico
En orden de aparición en el Código Procesal Penal de la Nación, el art. 204 reza que la citación a declaración indagatoria debe ser secreta para aquellas personas que sean ajenas a una causa. «El sumario será público para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo párrafo del artículo 106 . Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para aquéllos». Se reafirma lo citado con la última línea del artículo en cuestión según marca que «el sumario será siempre secreto para los extraños».
Estipula el art. 295 de la ley de rito que al acto de declaración del imputado solo podrá asistir su defensor y el ministerio fiscal, siendo este informado de lo dicho antes de comenzar con su declaración. Indubitablemente restrictiva resulta entonces la nómina de personas que pueden hacerse presentes en la declaración.
Lo tratado encuentra motivaciones varias, todas ellas sin distinción, tendientes a beneficiar al imputado y a encontrar del modo más objetivamente posible la verdad material de los hechos. Si se pone atención a la norma fundamental que traza el proceso, se observa que el acápite de indagatorias separadas -art. 302 , CPPN- reza que cuando hubieren varios imputados en la misma causa, las indagatorias se recibirán separadamente, evitándose que se comuniquen antes de que todos hayan declarado. No resulta ocioso ni arbitrario, entonces, que terceros ajenos al proceso no tengan lugar en el acto de declaración del imputado, pues con ello, por un lado, se tiende a proteger la situación del declarante evitando que los posibles otros imputados conozcan los dichos vertidos por el sujeto y con base en ello elaboren estrategias de defensa, y por otro, evitando que a raíz de la misma situación se dificulte el esclarecimiento del hecho sometido a proceso.

Posibles contingencias ante el incumplimiento de la norma Si el juez que dirige el proceso penal admitiera la difusión a través de medios públicos de alcance masivo (vg., televisión, radio, periódicos), podría el imputado en su declaración revelar sin pruritos la existencia de una prueba de carácter decisivo y fundamental a los efectos de concluir con el proceso, y con ello, podría entonces someter a riesgo innecesario a personas que no se encuentran involucradas en el caso, o bien podría tener lugar la manipulación e incluso la destrucción total de las pruebas invocadas. En suma, por lo dicho es que el sumario reviste carácter de secreto.
Otra contingencia, lisa y llanamente formal, es la posible nulidad de la declaración indagatoria. Esto por cuanto independientemente de que el imputado en cuestión manifieste que no tiene inconvenientes respecto de la transmisión de sus dichos, la existencia de otros imputados claramente no torna posible lo solicitado, pues no es difícil imaginar que a tenor de los dichos del declarante los demás imputados se consideren grave e irreparablemente perjudicados.

Registro de la declaración para resguardo personal Todo lo dicho en torno a la imposibilidad de transmitir públicamente una declaración indagatoria no obsta que esta pueda ser registrada en algún formato digital o analógico. Ello por cuanto no solo la ley no lo prohíbe expresamente, sino que además bastaría para mantener el carácter secreto de la declaración con que el imputado ingresare con algún dispositivo de grabación sonoro o visual que no requiera la actuación de un tercero ajeno al proceso, siendo en este caso el declarante, responsable absoluto por la trascendencia que la difusión de ella pudiera adquirir.
Si tal como lo establece la norma de forma en su art. 301 , concluida la indagatoria el acta debe ser leída en voz alta por el secretario bajo pena de nulidad, y además el imputado tiene pleno derecho a conservar una copia del acta de la indagatoria, en nada cambiaría la situación procesal el hecho de que este conservare una versión grabada, máxime cuando pudiera argüir que la grabación tiene por objeto preservar sus derechos y dar origen a medios probatorios respecto de posibles irregularidades en la declaración.
Resulta polémico, mas no objetable ni ilegal, que el material surgido de la eventual grabación pueda ser difundido, debiendo responder el declarante por todo aquel daño que pudiere ocasionar.

Conclusiones
En virtud del principio rector del derecho de igualdad ante la ley, y como consecuencia del carácter de titular de derechos de cada persona que debe afrontar un proceso penal, es que el Estado reconoce y tutela estos derechos, sobre todo en plena sustanciación del proceso, persiguiendo el fin último de no afectar las garantías del imputado.
De este modo entonces, al margen de que terceras personas pudieran verse afectadas por una declaración pública, y de probables sucesos nocivos para el hallazgo de la verdad material, debe primar -por más paternalista que pueda resultar- el carácter defensivo de la declaración indagatoria, impidiéndose entonces -desde el órgano jurisdiccional- cualquier hecho que pudiera ocasionar el pedido de nulidad de esta por un lado, y por otro, evitando que el imputado complique su situación como consecuencia de que sus dichos pudieran ser conocidos por terceros, aun cuando este lo solicitare enfáticamente y se diga responsable de sus consecuencias, no rigiendo lo dicho para el caso del registro de la declaración vertida pues en este último caso, la responsabilidad va por cuenta y orden de quien ha decidido la difusión de datos e información sensible.

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BIBLIOGRAFÍA

- D'albora, Francisco - Tomo El Derecho Nro. 116, pág. 863. Universitas S.R.L., 1987.
- Cafferata Nores, José I. y otros - Manual de Derecho Procesal Penal, bolilla V, punto VIII, "La declaración del imputado". Advocatus Ediciones, 2004.
- Levene, Ricardo (h.) - Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, segunda edición. Ediciones Depalma, 1993.
- Autos: "Laskowski, Patricia y otros s/ proa.", Juzgado Fed. nº 5 - Secretaría nº 10, 21 de septiembre de 2007.
- Constitución Nacional.
- Código Procesal Penal de la Nación.

(*) Abogado, UBA. Periodista. Especialista en Derecho del Trabajo, UBA (en curso). Coordinador de Laborjuris, suplemento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Microjuris.


Fuente: http://ar.microjuris.com/getContent?page=fullContent.jsp&reference=MJ-MJN-79931-AR 

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