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lunes, 19 de diciembre de 2011

Carta sobre el Proyecto de Legislación "Antiterrorista"

ACCION URGENTE - SU PARTICIPACION ES IMPORTANTE - ENVIE UN CORREO A LOS SENADORES

El pasado jueves 15 de diciembre de 2011 la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción a la llamada “ley antiterrorista”.

Varias organizaciones estábamos alertando a través de una carta pública sobre los riesgos a que expondrían a los luchadores sociales de votarse esta ley que había sido ingresada al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre de 2011.

La inclusión de este proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias, menos de dos meses de su presentación al Congreso, evidencia la falta tiempo para debatir y estudiar sobre el tema, que han tenido los Diputados Nacionales que votaron una ley de tal envergadura y con implicancias que repercutirán por muchos años en el caso que llegue a tener la sanción el próximo miércoles en la Cámara de Senadores.

Llamamos la atención sobre un hecho grave que ha sucedido apenas un día después de la media sanción de la ley antiterrorista y es la aparición de una lista negra creada por la empresa Osisko Mining Corporation, donde se identifican detallando, datos personales, profesión, etc. de integrantes de estas asambleas y ciudadanos comunes, como así también, funcionarios. Con esto alertamos sobre la existencia de listas negras en y solicitamos a las autoridades nacionales tener absoluto cuidado al momento de legislar porque estos tipos penales abiertos como el del proyecto de ley antiterrorista pueden servir a intereses cuya existencia es real y palpable. Las transnacionales mineras buscan realizar sus megaemprendimientos a pesar de que la población se oponga, y en el caso de Famatina/Chilecito o Andalgalá, solo por citar dos ejemplos, esta ley podrá ser utilizada para criminalizar a quienes se oponen a los intereses de las transnacionales.

Este es sólo un caso concreto que puede dar cuenta del riesgo potencial de una legislación represiva y vaga como el proyecto de ley antiterrorista.

Ver: http://www.miradorfm.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1391&catid=36&Itemid=134

Es por esto que solicitamos a organizaciones, asambleas, personalidades, autoconvocados, universidades, colectivos y todas las agrupaciones que se opongan a este proyecto de ley a enviar a nuestros senadores sus preocupaciones de manera tal que puedan visualizar al menos, nuestro total desacuerdo con la eventual sanción de este proyecto de ley antiterrorista.



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Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y aprobado recientemente en el Congreso de la Nación.

El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.


El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques.

Por ejemplo, actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses a 3 años, pero según este proyecto pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, introduciendo así el riesgo de la prisión efectiva. Además, este proyecto implicaría nuevas desproporciones en la escala penal: por ejemplo, quien cometiera un hurto en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas.

La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo.

Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo. Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas.

Este tipo de reformas legislativas son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Observamos con profunda preocupación que, a fin de cumplir con las exigencias de organismos internacionales, se dispongan medidas de carácter penal que puedan vulnerar derechos fundamentales. Es necesario ubicar esta iniciativa en el marco de concepciones fuertemente instaladas en torno de las llamadas “nuevas amenazas” en discursos y propuestas sobre seguridad hemisférica. Perspectivas que, en ocasiones, bajo el pretexto de luchar contra los “nuevos” enemigos de la seguridad (que abarcan prioritariamente al narcotráfico y al terrorismo), incluyen respuestas fuertemente punitivas a problemáticas políticas, económicas, sociales, de salud pública o medioambiental. El diagnóstico de “las nuevas amenazas” suele extenderse sin matices sobre la región, a través de propuestas que desconocen particularidades de la situación del delito de cada país, así como el marco normativo interno.

La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas.

Manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y llamamos a las autoridades políticas a abstenerse de aprobar esta reforma en tanto constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social.

Para adherir enviar mail a: leyantiterrorista@yahoo.com.ar
Organizaciones que adhieren:

1) Organizaciones nacionales:
• AADI –Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena
• ACIJ (asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia)
• CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
• CEPPAS (Centro de Políticas Publicas para el Socialismo)
• A.E.L. (Asociación Ecológica de Lanús), Miembro de RENACE (Red nacional de Acción Ecologista de Argentina)
• Agrupación política Colectivo por la Igualdad. Centro de Estudio y Acción por la Igualdad
• ALERTA ANGOSTURA, Provincia de Neuquén.
• Asamblea ¡Córdoba Ciudad Despierta!
• Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Sierra de la Ventana (Buenos Aires)
• Asamblea de Organizaciones y vecin@s movilizados por la soberanía alimentaria. Región del Alto Valle- Río Negro.
• Asamblea Popular del Cid
• Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza
• Asamblea Villa Giardino Despierta (Córdoba)
• Asambleas Ciudadanas Riojanas
• Asociación Ambientalista y de Calidad de Vida "Pacto Verde", Monteros, Provincia de Tucumán.
• Asociación Civil Amigos de Guapoy
• Asociación Civil Grupo de Planificación Sustentable (GPS), de Bariloche.
• Asociación Civil Hermanos de la Tierra
• ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS
• Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina
• Asociación Promoción Para La Cultura Y Desarrollo en Argentina- APCD (Formosa)
• ATE ROSARIO – a través de Gustavo Martínez Secretario General
• Be Pe - Asociacion Civil Bienaventurados los Pobres (Catamarca)
• Biblioteca Popular Obrera Maria Luisa Buffo de Ferro, Monteros, Provincia de Tucumán.
• Campaña Salvemos al Iberá,
• CAUCE UBA (Corriente Antiburocrática Universitaria Contra la Explotación - Universidad de Buenos Aires).
• COB La Brecha (Corriente de Organizaciones de Base - La Brecha).
• COEPSA (Centro Oeste de Estudios Politicoas y Socioambientales)
• Colectivo por la Igualdad (CxI)
• Colectivo Voces Alerta
• Comunicación por la Libertad (CxL)
• Comunidad Tehuelche-Mapuche "GAJNA INA ÜYEY A GAYAU - AZ WAIWEN KÜRRÜF, Dolavon, Chubut
• Conciencia Solidaria ONG Interprovincial
• Consejo Asesor Indígena (CAI) de Río Negro
• Consejo Departamental de Comunidades departamento de Cochinoca provincia de Jujuy
• Eco –Sitio Portal de Medio Ambiente y Ecología
• Ecos de Saladillo (Buenos Aires)
• ENDEPA: Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
• Espacio CuCoco en la Huerta de Saavedra
• Federación de Entidades de Fomento y Organizaciones del Pueblo de Quilmes.
• Frente Cívico por la Vida de la Provincia de San Juan
• FORO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA PATAGONIA SEDE COMODORO RIVADAVIA (Chubut)
• Fundación Ecosur Ecologia, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur -filial Patagonia Norte-
• Greenpeace
• Hecho en Bs. As.
• Jóvenes de la CC ARI Mendoza
• Liberpueblo - Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo
• Los Verdes – Foro de Ecología Política
• MANBLAS – Movimiento de Articulación No Colonialista de Bases Latinoamericanas y Sociales (Neuquén)
• MOVIMIENTO DE PROFESIONALES PARA LOS PUEBLOS (MPP)
• Movimiento del Teatro del Oprimido de Jujuy (MTOJujuy)
• Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Neuquén)
• Organización Ecologista Guardianes del Iberá (Corrientes)
• Organizaciones Comunitarias de la Ciudad de Córdoba: Canal de las Cascadas, ElAmanecer, Comunidad Renó, Los Cortaderos, La Ilusión, Güemes, El Arca, Libertad, 2 de Mayo con SERVIPROH (Organización Social)
• PIDHDD- Capítulo Argentina - (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
• Pro-Eco Grupo Ecologista, Asociación Civil- Tucumán
• Puesto Informativo - ASANOA (Tucuman)
• Red por el Uso responsable del Agua de Traslasierra (Córdoba)
• Red Provincial de ONG’s de San Juan
• Revista Superficie (Misiones)
Secretaría DDHH CTA Chubut
• Servicio Jurídico para Pueblos Indígenas - Servijupi (Formosa)
• Sindicato de Empleados de la Justicia de Chubut Sitrajuch
• SOS Delta.org
• Sur para la Emancipación (Mendoza)
• Vecinos de Traslasierra por el Ambiente (Córdoba)

2) Personas:
• Elia Espen MADRE PLAZA DE MAYO
• Emanuel Marcos Abínzano
• Felipe Ochsenius del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP)
• Julio Raffo (diputado de la ciudad por Proyecto Sur, Vicepresidente Segundo de la Legislatura porteña)
• Luis Cruz (comunicador social)
• Luis Zamora - Autodeterminación y Libertad
• María Laura Barroso Baldi
• Mario Hernandez. Periodista. Miembro de la Com. Directiva de la Coord. de Medios de la CABA (COMECI).
• Maristella Svampa (Voces de Alerta)
• Pablo Bergel, vecino diputado de la CABA
• Roberto Gargarella

3) Organizaciones de otros países:
• Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA, Guatemala
• Asociación Tierra y Libertad para Arauco (Francia)
• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN BOLIVIA - CEDIB.
• COLECTIVO DE COORDINACION DE ACCIONES SOCIO AMBIENTALES (COLECTIVO CASA) DE BOLIVIA
• Comisión de Apoyo a los Pueblos Originarios de Chile
• Defensoría Internacional por el Derecho de los Pueblos (DIDEPU)
• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (Perú)
• JUVENTUD ECOLOGISTA EN ACCION - JEA DE ORURO/BOLIVIA
• Mouvement pour la Coopération Internationale-Suisse (MCI)


fuente: http://www.revistasuperficie.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=394%3Acarta-sobre-el-proyecto-de-legislacion-qantiterroristaq-&catid=8%3Aargentina

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Último Momento: apareció una lista negra creada por la Osisko Mining Corporation


Comunicado de prensa: Los ciudadanos de Famatina y Chilecito, denunciamos la aparición de una lista negra creada por empleados de OSISKO MINING CORPORATION, donde se identifican detallando, datos personales, profesión, etc. de integrantes de estas asambleas y ciudadanos comunes, como así también, funcionarios, destacamos y denunciamos el accionar mafioso donde peligran las libertades democráticas basicas de la ciudadanía en general.

Haciéndolos especialmente responsables de lo de aquí en mas nos suceda..



SI NO PUEDEN VER CON CLARIDAD, CLIKEEN EN EL VINCULO "ABRIR"




OPINIONES!!










lunes, 5 de diciembre de 2011

Acerca de la necesidad de modificar el régimen de tenencia de los hijos

Sumario:

I. La reforma al régimen de tenencia en el Código Civil. II. Desigualdad jurídica entre matrimonios homosexuales y heterosexuales. III. El niño, el gran olvidado. IV. Conclusiones (de lege ferenda).



Doctrina:

Por Leandro M. Merlo (*)

RESUMEN

La Ley 26.618 permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo al modificar el art. 172 del Código Civil. Modificó en consecuencia el art. 206 del Código Civil, que determina quién de los progenitores tendrá la tenencia de los hijos al mediar sentencia de divorcio o separación personal de los cónyuges.

Estableció un esquema de atribución de la tenencia distinto ya sea si se trata de matrimonios heterosexuales o de matrimonios homosexuales.

Dicho esquema no solo es discriminatorio en relación a los cónyuges en ciertas circunstancias sino que desatiende primordialmente el interés superior del menor como pauta que determine la fijación de la tenencia.

Se propone de lege ferenda la eliminación de la preferencia para la atribución de la tenencia de menores de 5 años a favor de la madre en los matrimonios hetereosexuales, debiendo tomarse como pauta en todos los supuestos, independientemente de la edad de los hijos o de la condición sexual de los cónyuges, el interés superior de los niños.

I. LA REFORMA AL RÉGIMEN DE TENENCIA EN EL CÓDIGO CIVIL

La Ley 26.618 , concebida para igualar los derechos de heterosexuales y homosexuales, permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo al modificar el art. 172 del Código Civil. Sin embargo, la premura por su sanción hizo evidente que la finalidad del legislador fue por carriles muy distintos a los del juez, del jurista y de lo recomendado en los ámbitos académicos especializados, resultando que el apremio impuesto por un fuerte activismo político por lograr la sanción de la Ley 26.618 operó en detrimento de la calidad de la legislación, (1) provocando desigualdades diversas en perjuicio de la mujer, de miembros del matrimonio heterosexual y aun de miembros de matrimonios homosexuales, siendo el estudio pormenorizado de todas dichas situaciones ajeno al concreto enfoque del presente.

Una de las normas modificadas por la Ley 26.618 fue el art.206 del Código Civil, que determina quién de los progenitores tendrá la tenencia de los hijos al mediar sentencia de divorcio o separación personal de los cónyuges.

En su actual redacción el artículo citado establece que

«Separados por sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad. Los hijos menores de 5 (cinco) años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. En casos de matrimonios constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor. Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos».

Analizaremos a continuación las consecuencias jurídicas del precepto legal.

II. DESIGUALDAD JURÍDICA ENTRE MATRIMONIOS HOMOSEXUALES Y HETEROSEXUALES

De la lectura del artículo citado surgen claras diferencias en relación a la atribución de la tenencia de los hijos.

En el caso de matrimonios heterosexuales «los hijos menores de 5 (cinco) años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor».

En cambio, en el caso de matrimonios homosexuales, respecto de los menores de 5 años, «a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor».

Luego el artículo establece que

«Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo», no quedando claro si dicha pauta se aplica a ambos matrimonios o solamente al homosexual.

De tal modo se establece una serie de situaciones de discriminación injustificada.El cónyuge varón del matrimonio heterosexual no goza de la preferencia en la atribución de la tenencia, como sí lo hace su esposa en el caso de los menores de 5 años.

En dicho matrimonio, el parámetro antes expuesto cambia si existen «causas graves que afecten el interés del menor», único supuesto tradicionalmente admitido para variar la tenencia a favor del padre.

En cambio, en el matrimonio entre dos mujeres no existe tal preferencia a favor de la madre del niño menor de 5 años, en el supuesto de la cónyuge inseminada artificialmente o que concibiera un hijo con un tercero, estableciéndose así una discriminación para la madre en el matrimonio homosexual.

En caso de desacuerdo, y ante una disputa judicial, en el matrimonio homosexual se tiene en cuenta para los hijos menores de 5 años, el «interés del menor»; en cambio, para matrimonios heterosexuales, que existan además «causas graves», estableciéndose una discriminación para el cónyuge heterosexual, que deberá acreditar dichas causas graves, cosa que no debe hacer un cónyuge homosexual.

Finalmente, para hijos mayores a dicha edad, se establece que deberá tenerse en cuenta la «idoneidad» de uno u otro cónyuge no siendo claro, como dijimos, si dicha pauta se aplica a ambos matrimonios.

Vemos entonces que en el actual esquema la cónyuge mujer en el matrimonio heterosexual tiene un mejor derecho en relación a la atribución de la tenencia en caso de niños menores de 5 años; pero de tal derecho carece la madre en el matrimonio homosexual o el padre en el matrimonio heterosexual. Tal derecho no existe, en dicha lógica, en el matrimonio entre dos hombres.

Cualquier miembro de un matrimonio homosexual debe acreditar para que se le atribuya la tenencia de un menor de cinco años, en caso de desacuerdo, qué es mejor para el menor en relación a su interés superior.En cambio en un matrimonio heterosexual, el progenitor -por caso el padre- debe acreditar que exista un «grave perjuicio» para el menor que, de no existir, hará aplicable la preferencia de atribución de la tenencia a la madre.

Como vemos, analizado el tema desde diversas ópticas, pueden producirse situaciones arbitrarias y discriminatorias en todo tipo de matrimonio.

Entendemos que es fundamental en todos los casos tener presente en forma prioritaria el interés superior del niño, aspecto que ha quedado relegado por una apresurada reforma que pretendió igualar -y lo hizo en muchos aspectos- pero produjo en esta cuestión el efecto contrario.

Cualquier cónyuge debería tener el mismo derecho a acordar con el otro quién tendrá la guarda de sus hijos menores de 5 años y, si no hay acuerdo, deberán recurrir al examen de sus capacidades por un juez.

No olvidemos que si bien el art. 236 del Código Civil establece que «en los casos de los artículos 205 y 215 la demanda conjunta podrá contener acuerdos sobre los siguientes aspectos: 1° Tenencia y régimen de visitas de los hijos», si en un matrimonio heterosexual se presentara un acuerdo que estableciese la tenencia del menor de 5 años a favor del padre, podría llegar a ser objetado por el asesor de menores o por el propio juez ante la clara disposición legal del art. 206, que dice: «quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor».

Como bien se ha afirmado, la reforma importó una serie de oportunidades perdidas. La primera: terminar con el uso de los términos "patria potestad" y "tenencia". La segunda: eliminar la preferencia materna cuando se trata de hijos menores de 5 años. La tercera:abrió el juego a la autonomía de la voluntad solo para supuestos de parejas de padres del mismo sexo, dejando librada la decisión al arbitrio judicial ante la falta de acuerdo de estos, privando de tal posibilidad a los padres de diverso sexo (2).

Estas cuestiones no fueron tomadas en cuenta por la reforma.

Es así que a pesar de la pretendida "igualdad" se mantiene un régimen arcaico ya que «en los matrimonios heterosexuales la mujer mantiene un rol clásico dentro de la familia, al entenderse que ante la separación o el divorcio, deberá dedicarse a sus hijos y, luego, eventualmente, ejercer su profesión, arte, oficio o industria. En tanto que el hombre mantiene su rol de proveedor del grupo familiar, sin que recaiga sobre él la crianza diaria de los hijos, cuando se produce el divorcio. La paradoja del régimen vigente es que los criterios de atribución de la tenencia han quedado diferenciados según se trate de matrimonios de personas de distinto sexo o de matrimonios de personas del mismo sexo. La solución es desatinada, porque los criterios de atribución de la tenencia, para los hijos, dependerán si lo son de matrimonios heterosexuales o de matrimonios homosexuales, siendo innecesaria tal distinción. Debió buscarse una regla única, por lo que -si se quería seguir con el criterio vigente de la tenencia unipersonal- la pauta del "interés superior del niño" debió establecerse tanto en uno como en otro caso y abandonarse, definitivamente, el resabio mantenido desde el Código Civil originario» (3).

Obsérvese que la Ley 26.618 ni siquiera cumple lo que la misma establece en su art. 42 , donde dice que

«Los integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por 2 (DOS) personas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones.Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo como al formado por 2 (DOS) personas de distinto sexo».

La reforma hizo en este caso concreto lo contrario, creó diferencias.

III. EL NIÑO, EL GRAN OLVIDADO

En pos de lograr la igualdad y no caer en discriminaciones, el eje de todo acuerdo conyugal o decisión judicial respecto a la tenencia de l os menores debió ser definido teniendo en cuenta su interés superior, definido este como «la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos» a aquellos en la ley (art. 3 Ley 26.061 ).

La Convención de los Derechos del Niño establece que

«En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño» (art. 3.1. CDN).

Y respecto los padres dice además que

«su preocupación fundamental será el interés superior del niño» (art. 18.1 CDN).

Coincidimos en que ya sea que se trate de «una pareja de igual o distinto sexo, será el mejor interés del niño el elemento determinante al momento de definir un régimen de custodia y comunicación, sin importar la edad de los hijos» (4).

IV.CONCLUSIONES (DE LEGE FERENDA)

Por lo expuesto, proponemos de lege ferenda:

a) La eliminación en una futura reforma de la preferencia para la atribución de la tenencia de menores de 5 años a favor de la madre en los matrimonios heterosexuales.

b) La admisión de la posibilidad para todos los matrimonios de acordar la atribución de la tenencia de los hijos menores ante la separación personal o divorcio vincular.

c) La adopción para todos los matrimonios, en los casos de atribución de tenencia de los hijos menores, independientemente de su edad, de la pauta única dada por el interés superior de los niños, como criterio que debe prevalecer al momento de la homologación de un convenio o del dictado de una sentencia que atribuyan la tenencia de los hijos a los padres.

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(1) Millán, Fernando, Crónica de una inconstitucionalidad anunciada. Preferencia del apellido en la Ley 26.618, MJD5415, MJ Santa Fe, 30/6/2011.

(2) Krasnow, Adriana N., "La custodia en la Ley 26.618. Una pérdida de oportunidades", Sup. Esp. Matrimonio Civil, La Ley, 2010 (agosto), 23.

(3) Solari, Néstor E., "Régimen de tenencia de los hijos", Sup. Esp. Matrimonio Civil, La Ley, 2010 (agosto), 17.

(4) Krasnow, op. cit.

(*) Abogado. Docente de Familia y Sucesiones, Facultad de Derecho, UBA.

Ponencia presentada por el autor conjuntamente con la Dra. Adriana del Carmen Guglielmino en las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, San Miguel de Tucumán, 29 de setiembre - 1 de octubre 2011.


El 'mobbing' y la ley del silencio

Doctrina:

Por Andrea F. Mac Donald (*)

El "mobbing" o acoso laboral es uno de los tipos de maltratos de género que padecen muchos trabajadores en la actualidad. Heinz Leymann ha sido uno de los primeros que comenzó a hacer referencia al mismo considerándolo como «el encadenamiento sobre un período de tiempo bastante corto de intentos o acciones hostiles consumadas, expresadas y manifestadas por una o más personas hacia una tercera: el objetivo» (1).

Esta definición nos da la pauta de que dicho fenómeno debe transcurrir en un tiempo más o menos prolongado, cuyos ataques o agresiones sean de manera constante, periódicas y cotidianas, haciendo ingresar a la víctima en un proceso de desgaste psicofísico, llevándola a consecuencias graves y hasta el propio suicidio (2).

Durante el tiempo que sufre la víctima este acoso o violencia laboral significa para ella una tortura. Ir al trabajo es una condena o quizás un peso demasiado grande para poder soportar los ataques continuos del hostigador hacia ella, convirtiéndose su vida laboral en un verdadero infierno.

Frente a esta situación se ubican los compañeros de trabajo, que pueden ser cómplices o no del hostigador, pero que de alguna u otra forma callan, silencian y piensan que a ellos no les puede pasar lo que le acontece a la víctima.

El objetivo del hostigador es devastar a la víctima llevado de un sentimiento de ira, envidia y hasta de locura y resentimiento capaz de cumplir sus propósitos cueste lo que le cueste sin medir las consecuencias que puede sufrir luego de que la victima cae enferma, pues después de la licencia médica es allí donde el hostigador intensifica sus ataques a los fines de excluir definitivamente a la víctima del "mobbing" del mercado laboral.

Una de las características esenciales en la víctima de "mobbing" es que desempeña un rol servil impuesto por el hostigador debido a su denigración, degradación y descrédito profesional, lo que origina inseguridades en su propia persona.Marie France Hirigoyen considera al "mobbing" como «todo comportamiento abusivo que atenta por su repetición y sistematicidad contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el clima de trabajo; supone un comportamiento moral de acoso psicológico» (3).

Se ha considerado que el "mobbing" es un riesgo psicosocial debido a los costos económicos y sociales que sufre la víctima desde su enfermedad hasta su propio salario y su estabilidad laboral en la empresa, pero que sin lugar a dudas su vida está destruida y sinsentido para poder seguir adelante.

Iñaki Pinuel hace mención de aquellos acosadores que se especializan en realizar este tipo de acoso sin dejar rastros en la víctima y haciendo creer a la propia organización que ella es la falla, que está desquiciada y que inventa cosas sinsentido, quedando la misma en una total desprotección y sin ser comprendida ni escuchada. Considera además que el "mobbing" es el crimen perfecto porque no deja huellas.

Uno de los interrogantes que nos planteamos es qué provoca el "mobbing" en la víctima:

1- Inseguridad en sí misma.

2- No entiende lo que le está pasando.

3- Siente pánico de sí misma.

4- Sufre insomnios y tiene adicciones (alcohol, pastillas para dormir, cigarrillo).

5- Sus nervios frente al acosador hace que se anule, que se trabe cuando tiene que hablar o explicar algo.

6- Situaciones de llanto contenido, es decir, llora en silencio.

7- Pierde el apetito.

8- Tiene fatiga, cansancio y desvelo.

9- Se siente paralizada y no sabe cómo pedir ayuda.

El suicidio es una de las posibles salidas que busca la víctima del "mobbing". En algunos casos, debido a ese proceso de hostigamiento y desgaste, ingresa en un estado de shock en donde no reacciona debido a que no fue escuchada o comprendida por la propia organización, empresa, compañeros de trabajo, su familia o amigos.La ley del silencio impera en el "mobbing", puesto que la víctima nada puede hacer frente a lo que le está sucediendo y calla porque prefiere que su sufrimiento no se sepa y hasta cree que ella es culpable de lo que le está pasando, pensando que no rinde su trabajo, que no es apta para el puesto que ocupa, todo siendo obra plena del hostigador.

Según Lene Oslen,

«nadie sabe sobre los costos reales de la violencia vinculada al trabajo y una vida desvastada no tiene precio» (4).

Aquí, sin lugar a dudas, el autor mencionado hace referencia a los efectos devastadores que provoca el "mobbing" al trabajador, ocasionándole una exclusión definitiva del mercado laboral.

En tanto que Toohey ha sido uno de los primeros autores que ha efectuado un cálculo acerca de los costos económicos que origina el "mobbing": los empleados muestran una tendencia hacia la jubilación anticipada comos se constata en las estadísticas públicas suecas, en donde veremos que en 1992 el 25% de los trabajadores de más de 55 años se retiran; en tanto, durante el período comprendido de 1993 a 1994 trabajadores con menos de 30 años se disponían a retirarse anticipadamente a raíz del fenómeno "mobbing", lo cual ello representaría entre un 35 y 40% (5).

El "mobbing" o acoso moral refleja un tipo de maltrato de género en el cual la víctima padece durante un proceso de largo plazo, originándose un desgaste psicofísico en el orden emocional cuyas consecuencias y daños son graves al no tener límites y significa la eliminación de ese trabajador víctima de ese acoso laboral del mercado laboral. Es por ello que es necesaria su plena difusión y la implementación de programas preventivos para que este tipo de acoso no aumente, ya que perjudica a los trabajadores en su vida laboral.Nadie tiene derecho a maltratar a ningún trabajador, porque ello implica la violación de la dignidad del trabajador y el respeto por la integridad psicofísica del ser humano, lo que origina serios costos sociales y económicos no solo para la víctima sino para el propio empleador.

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(1) Leymann, Heinz: The Mobbing Encyclopadeia, "bulling", Editorial Barcelona.

(2) Opinión de la autora.

(3) Hyrigoyen, Marie France: El acoso moral en el trabajo. Distinción entre lo verdadero y falso, Paidós.

(4) Oslen, Lene: No invertir en la presencia de la violencia en el trabajo resulta oneroso, http://www.ilo.org.

(5) Mac Donald, Andrea F.: El mobbing o violencia laboral en el derecho laboral internacional, Ambito Jurídico, Brasil, 2006, http://www.ambitojuridico.com.br.

(*) Máster en Derecho y Economía (tesis en preparación), Facultad de Derecho, UBA. Jefa de Trabajos Prácticos de la cátedra Análisis Económico y Financiero y de la cátedra Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de Derecho, UBA. Adjunta de la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, IUPFA.



miércoles, 30 de noviembre de 2011

STJ rechazó un recurso de casación al abogado del vicegobernador en querella entablada al periodista Carlos Varela por prescipción

Martes, 29 de Noviembre de 2011 11:21


El STJ confirmó el sobreseimiento por prescripción de la causa y rechazó de plano los argumentos del vicegobernador Floro Bogado, quien formuló un planteo desactualizado. El letrado que representaba al vicegobernador es José Andrés Cánepa.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por el vicegobernador Floro Bogado en la querella por calumnias e injurias y requerimiento daño moral que el mandatario inició contra Carlos Rodolfo Varela, Orlando Cardozo y los responsables de FM “Nueva Gente".

La demanda fue instaurada el 7 de abril de 2005, tras lo cual se llevó a cabo la audiencia de conciliación en la que el querellado Varela ofreció retractarse, pero no pudo materializar el desagravio porque la emisora radial se encontraba descompuesta. La causa siguió su curso con planteos formulados por ambas partes, hasta que en mayo de 2009 el juez de primera instancia declaró la prescripción de la acción penal dictando el sobreseimiento de los querellados; medida que luego fue confirmada por la Cámara Segunda en lo Criminal.

CASACIÓN

Los abogados del vicegobernador manifestaron su disconformidad con ambos fallos al interpretar que la causa no estaba prescripta habida cuenta que en febrero de 2008 el juez de instrucción había emitido una resolución contra un planteo de los querellados y esta medida interrumpió la prescripción la acción (secuela de juicio).

Con estos argumentos y un pedido subsidiario que se declare la inconstitucionalidad del artículo 67 del Código Penal, presentaron un recurso de casación y la causa fue elevada al STJ.

Los jueces del máximo tribunal provincial desestimaron el planteo del demandante al recordar que la regla de interrupción de la prescripción de la acción penal por la secuela de juicio ha sido modificada a partir del fallo 3256/09, en el que siguiendo la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2007, fija la postura según la cual a los delitos de acción privada se le aplican los supuestos de interrupción de la prescripción previstos en el artículo 67 del Código Penal.

En este sentido, el fallo del STJ advierte que la discusión acerca de si debe o no aplicarse en el presente caso la secuela de juicio es una cuestión “absolutamente superada respecto de la cual el recurrente no aporte consideraciones novedosas que permitan su reconsideración".

Del mismo modo, el tribunal provincial rechaza la pretensión de declarar inconstitucional el artículo 67 del Código Penal, y si bien reconoce que dicha norma no establece facultades autónomas de las partes de realizar actos procesales que interrumpan el curso de la prescripción, recuerda que el recurso de queja por retardo de Justicia previsto por la ley adjetiva, “es un instrumento procesal plenamente idóneo para provocar que el juez remiso se expida respecto de las pretensiones expuestas por las partes durante el desarrollo del proceso, con lo cual se ha dotado a las mismas de una facultad dirigida a asegurar el cumplimiento del debido proceso y el derecho del querellante a obtener un pronunciamiento judicial sobre su pretensión de fondo".

En este sentido, el fallo señala que el querellante disponía de una herramienta impulsora del proceso que hubiera actuado como medio para evitar su dilación o paralización injustificada, razón por la cual “ninguno de los demás derechos, principios y garantías que invoca aparecen conculcados".

Por eso, el STJ advierte que la omisión de hacer uso de dicha facultad, resta entidad a todo agravio que pretenda sustentarse en una mora judicial que pudo ser purgada haciendo uso de la herramienta que la ley procesal le acuerda a las partes del proceso para ello, “pues la decisión de emplearla o no indudablemente acarrea consecuencias jurídicas diferentes cuyo desconocimiento no puede ser alegado por el querellante".

En el caso en cuestión, el recurrente renunció a su interposición, colocándose así voluntariamente en la situación que en definitiva terminó por perjudicar sus intereses, “por lo que inexorablemente se presenta incongruente con ello el planteo de inconstitucionalidad".







Un Maravilloso Mensaje (videos) - George Carlin

Tomado de: http://abundanthope.net/pages/article_814.shtml . Publicado en este sitio web el 27 de Octubre del 2.007.

Original en Inglés, traducción al Español por Luis Prada.

Comentario de Candace Frieze: La esposa de George Carlin recientemente se murió… él publicó este alimento para el pensamiento. ¿No es maravilloso que George Carlin —un comediante de los años 70 y 80— pudiera escribir algo tan elocuente...y tan apropiado?

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La paradoja de nuestro tiempo en la historia es que tenemos edificios más altos pero temperamentos más cortos, autopistas más anchas, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más pero tenemos menos, compramos más, pero gozamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas, más conveniencias, pero menos tiempo. Tenemos más grados pero menos sentido, más conocimiento, pero menos juicio, más expertos, sin embargo más problemas, más medicina, pero menos bienestar.

Bebemos demasiado, fumamos demasiado, gastamos muy imprudentemente, reímos muy poco, manejamos demasiado rápido, nos ponemos demasiado irritados, nos estamos hasta muy tarde en la noche, nos levantamos demasiado cansados, leemos muy poco, miramos demasiada TV, y rezamos muy rara vez. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, amamos muy rara vez, y odiamos muy a menudo.

Hemos aprendido cómo ganarnos la vida, pero no cómo hacer una vida. Hemos adicionado años a la vida pero no vida a los años. Hemos ido todo el camino a la luna y de regreso, pero tenemos problema para cruzar la calle para conocer a un nuevo vecino. Hemos conquistado el espacio exterior pero no el espacio interior. Hemos hecho grandes cosas, pero no mejores cosas.

Hemos limpiado el aire, pero contaminado el alma. Hemos conquistado el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Planeamos más, pero logramos menos. Hemos aprendido a ir de prisa, pero no a esperar. Construimos más computadores para tener información, para producir más copias que siempre, pero comunicamos menos y menos.

Hay los tiempos de comidas rápidas y de baja digestión, de hombrotes y mujerzotas pero de carácter pequeño, ganancias empinadas y relaciones superficiales. Éstos son los días de dos ingresos pero más divorcios, casas más extravagantes, pero hogares rotos. Éstos son los días de viajes rápidos, pañales desechables, moralidad desechable, encuentros amorosos de una sola noche, cuerpos con sobrepeso, y pastillas que hacen de todo, desde animar, a aquietar, a matar. Es un tiempo cuando hay mucho en la vidriera del mostrador y nada en el almacén. Un tiempo cuando la tecnología puede traer esta carta a ustedes, y un tiempo cuando Ud. puede escoger ya sea compartir este entendimiento, o sólo pulsar borrar...

Recuerden, gasten algún tiempo con sus seres queridos, porque ellos no van a estar ahí por siempre.

Recuerden decir una palabra amable a alguien quien los mira maravillado, porque esa personita crecerá y dejará su lado.

Recuerden dar un caluroso abrazo a alguien cercano a Uds., porque es ése el único tesoro que pueden dar con el corazón y no cuesta un centavo.

Recuerden decir “te amo” a su pareja y a sus seres queridos, pero principalmente, háganlo con intención. Un beso y un abrazo repararán heridas cuando viene de muy adentro de Uds.

Recuerden cogerse de las manos y compartan el momento porque algún día esa persona no estará allí de nuevo.

¡Dense tiempo para amar, dense tiempo para hablar! Y dense tiempo para compartir los preciosos pensamientos de su mente.

Y SIEMPRE RECUERDEN:

“La vida no es medida por el número de alientos que tomamos, sino por los momentos que nos quitan el aliento.”

Si no envían esto al menos a 8 personas.... ¿a quién le importa?

George Carlin

No es lo que recoge, sino lo que dispersa lo que dice qué clase de vida ha vivido Ud.















viernes, 18 de noviembre de 2011

Narco soja: campesino del MOCASE asesinado por parapoliciales

Cristian Ferreyra, 22 años, murió desangrado tras recibir un escopetazo en la pierna disparado por Javier Juárez, uno de los matones a sueldo de los sojeros de Santiago del Estero. Cristian estaba en su casa del paraje San Antonio con dos de sus compañeros del MOCASE-Vía Campesina, esperando hacer una asamblea allí mismo en la que la comunidad debía debatir cómo defenderse del avance de topadoras, sojeros, políticos y parapoliciales, que tienen prácticamente sitiada a la comunidad de 25 familias que viven en 2.000 hectáreas e integran el Movimiento Campesino de Santiago del Estero.




Movilizacion del Mocase-Via Campesina


Allí llegaron Javier y Arturo Juárez, definidos por el MOCASE como “mercenarios contratados por el terrateniente José Ciccioli”. Resultó herido Darío Godoy, también integrante del MOCASE, y un tercer campesino fue gravemente golpeado. El MOCASE convocó hoy a las 9 de la mañana a una marcha en el centro de Santiago, y a las 11 de la mañana una en el Obelisco de Buenos Aires.




Terratenientes + gobierno

En diálogo con lavaca desde Santiago del Estero, Carlos Orellana, vecino de Cristian e integrante del MOCASE explicó: “Estamos defendiendo el lugar donde vivimos. Viene gente de los empresarios, matones, y ahora están contratando también a campesinos que se prestan para que haya estas cosas que ocurren: muertes, violaciones. Nos tenemos que organizar para que haya justicia. Es nuestra tierra ancestral. El gobierno está con este capitalismo, con los terratenientes”. Orellana se refiere al gobierno provincial del radical kirchnerista Gerardo Zamora, y al nacional. “No nos respetan, por eso nos hacen la guerra, para quedarse con la tierra y destruirla”.

La comunidad San Antonio está a 60 kilómetros de Monte Quemado, y forma parte de la Central Campesina Copo Alberdi (CCCOPAL) donde está también el pueblo indígena Lule Vilela. Son 816 familias que se autoabastecen y crían ganado en un territorio de 75.000 hectáreas pretendido por gobierno y terratenientes para ampliar el desierto sojero.

Guerra declarada, 1 año después

En agosto José Cuellar –cuñado de Cristian- había sido detenido sin causa por la policía de Monte Quemado, el municipio más cercano (a 60 kilómetros). En septiembre, la radio Pajsachama (del MOCASE) había sido atacada y destruida con bombas molotov. La quema de ranchos y pertenencias, denunciada por el MOCASE, se venía convirtiendo en costumbre cotidiana.

El problema no es estrictamente santiagueño, a poco que se recuerde que se está por cumplir un año, el 23 de noviembre, de la represión y quema de 16 ranchos de los qom en Formosa, episodio en el que la policía mató al qom Roberto López. La semana pasada los indígenas de la comunidad La Primavera volvieron a ser agredidos: un hijo y un nieto de Félix Díaz fueron baleados, con menos puntería.

Tampoco se trata de una casualidad, sino de algo sistemático. El MOCASE viene plantándose hace 21 años como organización campesina, sufriendo toda clase de represiones en toda clase de gobiernos. (Ver nota relacionada: La peste soja. Viaje al corazón del MOCASE)

Adicción

La adicción económica y política al modelo sojero (ver Mu 14: La peste soja, y Mu 31: Narco Soja) es el trasfondo de estos crímenes que violan leyes, constituciones, tratados internacionales y, sobre todo, vidas. Una curiosidad: el desmonte en los parajes santiagueños–según denunció el MOCASE- fue autorizado por la Dirección de Bosques y Fauna provincial. La asamblea de San Antonio iba a denunciar a esa Dirección.

Esta “normalidad” provincial provocó que el MOCASE (que ha tenido acuerdos con ciertas políticas del oficialismo nacional) saliera a cortar rutas como la 34, el año pasado, en demanda de que se le reconozcan la tierra que ocupan, de justicia, y de fin de los atropellos (ver en esta página: El MOCASE volvió a la ruta) todos temas ignorados por la autodenominada prensa nacional. Aquella vez el corte duró más de un mes.

Cristian será enterrado este 18 de noviembre. Tenía un hijito de 2 años. Era de los que había decidido quedarse en su tierra. Su asesino aún no había sido apresado. Orellana dice: “Tenemos que organizarnos para que no nos sigan matando, y la tierra sea nuestra”.





fuente: http://lavaca.org/notas/narco-soja-campesino-del-mocase-asesinado-por-parapoliciales/

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Nuevas tendencias en el derecho de familia de hoy. Principios, bases y fundamentos.

I. Palabras introductorias. II. Impacto, retos y nuevos interrogantes que plantea el 'matrimonio igualitario'.



Doctrina:

Por Marisa Herrera (*)

I. PALABRAS INTRODUCTORIAS

En esta ponencia pretendemos colocar sobre el escenario, y así colaborar para un fructífero (y necesario) debate, algunos de los principales conflictos y desafíos que debe enfrentar el derecho de familia contemporáneo a la luz de la obligada perspectiva constitucional-internacional, partiéndose de diferentes datos de la realidad jurídico-social, entre los cuales destacamos los siguientes tres al ser considerados centrales o piedra angular de toda mirada que se diga actual: 1) el desarrollo de la biotecnología y consigo la necesidad de advertir que las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) constituyen una tercera causa fuente del derecho filial con principios y reglas propios, siendo la práctica de mayor complejidad la maternidad subrogada; 2) el desarrollo y la consolidación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, defendiéndose la idea -ya indiscutible- de que son sujetos de derechos en plena etapa de desarrollo, que observan un "plus" de derechos diferentes o mayor a los que titularizan los adultos, regidos por un principio básico del interés superior del niño (suponiéndose una cierta preferencia cuando colisiona con derechos de adultos) y del cual se desprende directamente otro principio fundamental como lo es el de la autonomía progresiva, debiéndose admitir desde el plano legal y jurídico algo tan obvio como complejo, que no es lo mismo tener 2, 6, 12 o 17 años de edad (1) y 3) la llamada "democratización de las relaciones familiares", que se sintetiza en el reconocimiento de diversas formas de organización familiar a la luz de la noción de "pluralismo" que campea la doctrina internacional de los derechos humanos.

Sobre este último punto, central para el derecho de familia porque justamente extiende considerablemente el campo de acción del propio objeto de estudio (de la familia a las familias en plural), se ha expresado con acierto que

«La pluralidad de formas de constitución de familia representa una gran ruptura con el modelo único de familia, instituido por el casamiento.Aceptar otras formas de relaciones merecen igualmente, protección jurídica reconociendo el principio de pluralismo y de libertad que ve personificar la sociedad posmoderna» (2).

Es uno de principales desafíos del derecho de familia contemporáneo el de justamente definir qué se entiende por familia, teniendo en cuenta que ella «ha dejado de ser, esencialmente, un núcleo económico y de reproducción para ser un espacio de afecto y de amor» (3).

En esta misma línea, y de manera más reciente desde la voz de una socióloga preocupada y ocupada por las transformaciones familiares y la consecuente puesta en crisis de aquella imagen (fotográfica y un tanto rígida) de familia nuclear, matrimonial y heterosexual como sinónimo de "familia" anclada en la "naturaleza humana", se afirma que estas defensas «obstruyeron y ocultaron dos fenómenos muy significativos, tanto cuantitativamente como cualitativamente: en primer lugar, el hecho de que siempre existieron formas alternativas de organización de los vínculos familiares, otras formas de convivencia, otras sexualidades y otras maneras de llevar adelante las tareas de procreación y reproducción [...] En segundo lugar, la familia nuclear arquetípica está muy lejos de cualquier ideal democrático: se trata de una organización patriarcal, donde el "jefe de familia" concentra el poder, y tanto los hijos como las hijas como la esposa- madre desempeñan papeles anclados en la subordinación al jefe [...] La conceptualización de la familia con una perspectiva de género y el análisis crítico de la distinción entre el mundo privado y el ámbito público han generado una nueva camada de investigaciones que ponen en cuestión la imagen idealizada de la familia nuclear.Ambos desarrollos, no solo convergentes sino a menudo integrados, permiten avanzar en el planteo y en el análisis de las tensiones y dilemas que la institución familiar o, mejor dicho, la multiplicidad de modalidades de organización familiar enfrentan en la actualidad» (4).

A nuestro entender, las tres consideraciones esgrimidas serían los pilares sobre los cuales girarían "las nuevas tendencias" del derecho de familia, que como se expondrá de manera sintética en este ensayo, se han visto complejizadas aún más en el derecho argentino tras la sanción de la Ley 26.618 en julio de 2010, que reconoce -y así extiende- la institución del matrimonio con total independencia de la orientación sexual de sus integrantes (5).

En este contexto normativo que obligó a revisar la postura "heteronormativa", que primaba hasta ese entonces en la legislación civil, intentaremos compartir algunos de los tantos interrogantes actuales que giran en torno al derecho de familia desde una mirada contemporánea centrada precisamente en las "nuevas tendencias" y que en la actualidad, varias de ellas, se encontrarían en pleno movimiento a raíz del proceso de reforma al que está siendo sometido el Código Civil según lo dispuesto en el Decreto 191/11 del 28/02/2011, mediante el cual se crea una comisión para su actualización, reforma y unificación con el Código Comercial fundado, entre otras razones que se explicitan en el mismo decreto, en «Que el sistema de derecho privado, en su totalidad, fue afectado en las últimas décadas por relevantes transformaciones culturales y modificaciones legislativas» y «En este sentido cabe destacar la reforma constitucional del año 1994, con la consecuente incorporación a nuestra legislación de diversos tratados de derechos humanos, así como la interpretación que la jurisprudencia ha efectuado con relación a tan significativos cambios normativos».

¿Cuáles serían las principales modificaciones que observaría el derecho de familia argentino? ¿Cuáles son los postulados constitucionales- internacionales que auspiciarían estos cambios?Responder estas preguntas implica de por sí referirse a las "nuevas tendencias", objetivo central de este trabajo tal como lo promete su título.

El campo de indagación es vastísimo. Aquí solo intentaremos dar un pantallazo general tomando como base algunos de los temas críticos y/o las posturas adoptadas en algunos de los equipos de trabajo que integran la mencionada reforma.

II. IMPACTO, RETOS Y NUEVOS INTERROGANTES QUE PLANTEA EL 'MATRIMONIO IGUALITARIO' (6)

La llamada "constitucionalización del derecho civil" y, dentro de este, la "constitucionalización del derecho de familia" han permitido el ingreso de varias revisiones críticas en la noción misma de familia, básicamente aquella centrada en la familia matrimonial, heterosexual y principalmente centrada en la procreación, cuyo rol de cuidado debía quedar a cargo de las mujeres. Uno de los principios de derechos humanos que han promovido tal revisión ha sido el de igualdad y no-discriminación.

Precisamente, ha sido este principio básico en todo Estado Democrático de derecho el que auspició en la Argentina la sanción en fecha 15/07/2010 de la Ley 26.618, que extiende la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo, es decir, que habilita esta figura a todas las personas con total independencia de su orientación sexual, convirtiéndose así en el primer país de América latina que adopta una postura legislativa de este tenor (7).

Ya la denominación "matrimonio igualitario" trajo varias críticas. ¿Puede rotularse de igual cuando no es lo mismo una pareja integrada por un hombre y una mujer que por dos mujeres o dos hombres?Una de las mejores respuestas que he leído le corresponde al constitucionalista argentino Roberto Gargarella, quien afirma sobre esta supuesta imposibilidad de hablarse de "igualdad" cuando los homosexuales (igualdad de sexo) no son iguales a los heterosexuales (diversidad de sexo) que es «una idea poco interesante y, así presentada, vacía de contenido -por tanto, una idea que puede ser utilizada (como ha ocurrido en la práctica nacional) para hacerle decir al derecho cualquier cosa que queramos hacerle decir. Yo soy igual a Pedro en cuanto a que ambos tenemos la misma dignidad humana, pero somos diferentes en cuanto a que yo me llamo Roberto, y él se llama Pedro. Del mismo modo, yo puedo ser igual que Juan, en cuanto a altura, pero diferente a él en cuanto al peso [...] Contra dicha aproximación superficial e irresponsable a la idea de igualdad, deberíamos hacernos, en cambio, algunas preguntas básicas. La primera es, no somos iguales o diferentes porque en un sentido todos somos iguales y diferentes al otro, sino si la diferencia que nos separa es una diferencia moralmente relevante».

En este contexto crítico, Gargarella asevera:

«la igualdad fundamental fue nuestro punto de partida, esto es, que todos estamos dotados de una idéntica dignidad moral. Entonces las diferencias que se invocan son irrelevantes moralmente e insignificantes jurídicamente. Pero sin embargo, y este sería mi punto final, entre las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales hay una diferencia que es relevante y que amerita un trato diferente. La diferencia relevante es que las parejas homosexuales han sido tratadas peor históricamente, por parte del Estado, de un modo sistemático y grave. Necesitamos hacer, sí, una diferencia, pero una destinada a asegurarles el respeto que hemos estado faltándole durante tantos años» (8).

Desde el punto de vista de la técnica legislativa, y en la misma línea que todas las experiencias comparadas de este mismo tenor que extienden la figura del matrimonio a las parejas del mismo sexo, se introducen modificaciones más de tinte terminológicas que de forma.Y esta fue, claramente, una decisión política, ya que una modificación integral hubiera atentado con la idea de sancionar una ley de este tenor. De allí que era entendible que la Ley 26.618 no escapara a la regla general en la materia, no ser una normativa profunda.

Es cierto que lo poco que avanzó la ley, no ya en cuestiones terminológicas sino de fondo, no fue del todo feliz y ha sido labor de la doctrina y en menor medida, de la jurisprudencia ir limando ciertos desajustes o aun contradicciones, como veremos al abordar algunas cuestiones como ser la preferencia materna de la tenencia de los hijos menores de 5 años tras la ruptura de la pareja (conyugal o no, a pesar de que esta normativa se refiere expresamente a los hijos matrimoniales) o al apellido de los hijos -incluso de la pareja casada- y la cuestión de la filiación (cómo se inscriben los hijos nacidos de dos mujeres casadas).

Por ende, se puede afirmar que desde el punto de vista comparado, la legislación argentina sí introdujo (con deficiente técnica legislativa por cierto) algunas modificaciones de forma en algunas pocas materias, pero muestra una fisionomía un tanto diferente al resto, más activa.

Como se podrá suponer -con acierto- este último tema relativo a la filiación fue uno de los más debatidos, no solo por lo que implica aceptar desde lo cultural o desde el imaginario social la filiación homoparental, sino porque precisamente fue el primer conflicto que se suscitó en la práctica.Sucede que si bien en Argentina -como acontece en varios de los países de América latina- se carece de una legislación integral o incluso parcial que regule el uso de las TRHA -como el caso de Brasil, que regula en su Código Civil dentro del título referido a la filiación el tema de la determinación cuando se trata de TRHA, lo cierto que carece de una ley especial-, (9) es sabido que esta prácticas médicas se realizan y con tantísima frecuencia, en especial, quienes cuentan con recursos económicos para afrontar este tipo de tratamientos. Sobre este punto, algunas legislaciones provinciales prevén de manera restrictiva algún tipo de cobertura.

Por lo tanto, y siendo el matrimonio un elemento de relevancia para la determinación de la filiación (art. 243 del Código Civil), era previsible que el primer conflicto en materia de filiación homoparental involucraría la cuestión de los hijos nacidos dentro de un matrimonio integrado por dos mujeres y el consecuente interrogante: ¿puede extenderse la presunción de paternidad del marido de la madre a la cónyuge (mujer) de quien da a luz?En atención al acalorado debate que despertó el tema en la doctrina nacional, la sensibilidad que observa y la complejidad jurídica que trajo consigo, se destina un apartado de la próxima parte de este trabajo a revelar lo que acontece hoy sin una reforma civil integral, teniéndose en cuenta que como suele suceder, las leyes en el tiempo se van asentando y aceptando o, en otras palabras, las aguas se van aquietando.

Retomamos las reformas parciales y de fondo que trajo consigo la Ley 26.618 para exponerlas de manera sintética, pero así tener un panorama veloz sobre lo que sí planteó la ley más allá de los cambios culturales y terminológicos.

Si bien la cuestión de la preferencia materna será abordada más adelante con mayor profundidad a los fines de comprender con mayor acidez la noción de "coparentalidad", lo cierto es que la normativa en análisis impuso el siguiente texto al actual art. 206 del Código Civil:

«Separados por sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad. Los hijos menores de 5 (cinco) años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. En casos de matrimonios constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor. Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos».

Como vemos, esta norma mantiene la preferencia materna cuando se trata de cónyuges heterosexuales.En cambio la suprime cuando estamos frente a una pareja matrimonial conformada por dos mujeres o por dos hombres, pues en este caso pueden acordar quien ejercerá la custodia y si no hay acuerdo, el juez decide cuál es el progenitor más idóneo para asumir la función en el interés del niño. Así, cuando se trata de padres del mismo sexo, no hay preferencia etaria alguna y, por el contrario, los padres heterosexuales siguen atados a esta variable rígida -y en nuestra opinión, inconstitucional- de la edad, por la cual el padre (hombre), cuando se trata de un hijo menor a 5 años, deberá probar fehacientemente que está mejor capacitado para hacerse cargo de la crianza del hijo a los fines de revertir la presunción legal a favor de la madre (mujer) por aplicación de la mencionada preferencia materna. Por lo tanto, hoy se podría sostener que la reforma introdujo una "discriminación inversa" en vez de lograr una igualdad jurídica como es la finalidad de la ley de matrimonio igualitario (10).

La otra cuestión jurídica donde la Ley 26.618 va más allá de un cambio terminológico es en relación al apellido de los hijos, tanto de los hijos biológicos como adoptivos, con varios problemas de técnica legislativa como destacaremos en breve.

Comenzamos por el apellido de los hijos biológicos. La Ley 26.618 mantiene un criterio diferenciado respecto del apellido de los hijos matrimoniales según se trate de cónyuges de distinto sexo o del mismo sexo, creando una situación discriminatoria para los primeros. Si se trata de hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo, sigue rigiendo la normativa prevista en el art. 4 de la Ley 18.248 . Es decir, los hijos llevarán el primer apellido del padre y solo a pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre (apellido paterno y materno) o adicionarse el de la madre.O sea, la agregación del apellido materno no es obligatoria y requiere el consentimiento de ambos cónyuges. También el hijo tiene la posibilidad de adicionar el apellido materno cuando cumple los 18 años de edad. Esto significa que si no hay acuerdo entre los esposos, permanece la regla patriarcal y el hijo es inscripto con el apellido del padre.

En cambio, cuando se trata de los hijos de cónyuges del mismo sexo, se establece que llevarán el primer apellido de alguno de los padres. A pedido de los esposos podrá inscribirse el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregarse el del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca de qué apellido llevará el hijo, si ha de ser compuesto o el orden si lleva el apellido de ambos padres, tales apellidos se ordenarán alfabéticamente. Igualmente se acuerda al hijo el derecho de solicitar al Registro del Estado Civil desde los 18 llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o el del otro cónyuge (art. 37 de la Ley 26.618, que modifica el art. 4 de la Ley 18.248).

La ley aquí incurre en un evidente problema de técnica legislativa, porque si bien viene hablando de los hijos biológicos, cuando ingresa a la cuestión de los hijos de parejas del mismo sexo alude a los hijos adoptivos como si esta fuera la única modalidad o forma por la cual dos personas del mismo sexo casadas pueden alcanzar la maternidad/paternidad que, como vimos, no es así. Al respecto, la doctrina ha interpretado que abarca tanto a los hijos biológicos como adoptivos, teniendo en cuenta el principio igualitario que rige la condición de los hijos (11). La norma dispone que una vez adicionado el apellido no pueda suprimirse, aplicando el principio de inmutabilidad del nombre.Por otra parte se establece que todos hijos deben llevar el mismo apellido de acuerdo al modo en que se decidió la integración del apellido para el primero de los hijos.

Con relación al apellido de los hijos adoptivos, se mantienen algunas diferencias (y rigideces) criticadas a la luz del desarrollo del derecho a la identidad (12) en torno a la adopción simple y plena. ¿Es coherente en términos identitarios que si la adopción simple mantiene el vínculo jurídico con la familia de origen, la sentencia respectiva reemplace el apellido de origen por el adoptivo al igual que si se tratase de una adopción plena -que sí extingue todo vínculo con la familia de origen-, con la única diferencia de que en la simple se faculta al adoptado a agregarse el de origen cuando llegue a la mayoría de edad? La respuesta negativa se impone.

Esta mirada crítica es seguida o respetada en la Ley 26.618.

De manera general, tanto el apellido de los hijos biológicos como adoptivos intenta seguir las estructuras rígidas y patriarcales que recepta la Ley 18.248.

Por ejemplo, en materia de adopción plena se sigue la misma línea que para los hijos matrimoniales. Se sustituye el art. 326 del Código Civil del siguiente modo:

«El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si este solicita su agregación. En caso que los adoptantes sean cónyuges de distinto sexo, a pedido de estos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al primero de este, el primero de la madre adoptiva. En caso que los cónyuges sean de un mismo sexo, también a pedido de estos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregar al primero de este, el primero del otro. Si no hubiere consenso acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente.En uno y otro caso podrá el adoptado después de los 18 (dieciocho) años solicitar esta adición» (art. 326 del Código Civil modificado por el art. 16 de la Ley 26.618).

De este modo, la regulación del apellido de los hijos (adoptivos o biológicos) difiere según se trate de un matrimonio entre personas de distinto sexo o personas del mismo sexo. Tratándose de la adopción, los cónyuges pueden decidir si el hijo llevará el apellido compuesto del padre adoptivo o agrega al primero el de la madre adoptiva, nada más. Se requiere, pues, el consentimiento de ambos padres y a falta de concordancia el hijo se inscribe con el apellido paterno. Cuando los cónyuges son del mismo sexo, a pedido de estos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregar al primero de este el primero del otro. Si no hubiere acuerdo acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser compuesto o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente (art. 326 Código Civil). Es decir, deja de primar el apellido del hombre y se opta por un criterio neutro como el orden alfabético. Esta forma de resolver el desacuerdo de los progenitores es discutida en la doctrina porque invalida la posibilidad de llegar a una decisión acordada, ya que al progenitor que tiene prioridad en el alfabeto no le interesará llegar al acuerdo, sabedor de su primacía ante la falta de consenso. Por ello, se ha sostenido que un sistema con mayor imparcialidad sería el sorteo en que la resolución del conflicto se funda en el azar, circunstancia que impulsaría con mayor fuerza una decisión conjunta.

(1) En este sentido, cabe traer a colación lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 17 del 28/08/2002 sobre la condición jurídica del niño, que en su párrafo apartado 101 expresa: «Evidentemente, hay gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la información que poseen quienes se hallan comprendidos en aquel concepto. La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente de 16 años. Por ello debe matizarse razonablemente el alcance de la participación del niño en los procedimientos, con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la normativa del derecho internacional de los derechos humanos en este dominio».

(2) Crespo Brauner, María Claudia, "O pluralismo no directo de familia brasilero: realidade social e reinvencao da familia", Welter, Belmiro Pedro, y Madaleno, Rolf Hanssen coordinadores, 259.

(3) Da Cunha Pereira, Rodrigo, "Da uniaoestável", Dias, Maria Berenice y Da Cunha Pereira, Rodrigo coordinadores, Direito de familia e o novo Código Civil, 4ª edición, Del Rey-IBDFAM, Belo Horizonte, 2006, p. 220.

(4) Jelin, Elizabeth, Pan y afectos. La transformación de la familia, 2ª edición, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010, pp. 23 y 24.

(5) Cabe destacar que las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que en su momento se caracterizaban por marcar las "tendencias" y ser "vanguardista" en derecho civil, parecería que están perdiendo este perfil en atención a lo arribado como primera conclusión en la comisión de familia en la que, por mayoría de 32 a 24 votos, se estuvo por la inconstitucionalidad de la Ley 26.618. ¿Quiénes votaron?Por de pronto, quienes defendemos la noción de pluralismo dentro del campo del derecho de familia auspiciado por la obligada doctrina internacional de los derechos humanos no estábamos allí. Además, llama la atención que en unas conclusiones se apele tanto al «clima de notable cordialidad y respeto recíproco [...] plural y distendido, pluralidad de que dan cuenta las votaciones. El espíritu colaborativo...». Cuando se usa y abusa de términos tan "bondadosos" para reafirmar un determinado clima, permítaseme un margen de "duda razonable".

(6) Varias de estas ideas han sido expresadas y profundizadas en Gil Domínguez, Andrés; Famá, María Victoria y Herrera, Marisa, Matrimonio igualitario. Ley 26.618. Derecho constitucional de familia, Ediar, 2010, Buenos Aires; y en Grosman, Cecilia P. y Herrera, Marisa "Familia, pluralismo e igualdad. Matrimonio y orientación sexual en el derecho argentino", The International Survey of Family Law, La Haya, Boston, Londres, 2011.

(7) Cabe destacar que en la región también permite el matrimonio de personas del mismo sexo el Distrito Federal de México, pero solo este estado dentro del país. Por eso se afirma que la Argentina es el primer país en América latina, ya que la legislación civil es común para todas las provincias a diferencia del sistema jurídico mexicano, donde cada estado tiene libertad en regular las cuestiones de fondo como procesales de carácter civil. En fecha 21/12/2009, el Distrito Federal introdujo varias reformas a su Código Civil y Procesal Civil, entre ellas, se reconoce el matrimonio con independencia de la orientación sexual de sus integrantes. Básicamente, se reforma el art. 146 del Código Civil, que ahora expresa: «Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente código» (conf. Gil Domínguez, Andrés; Famá, María Victoria y Herrera, Marisa, Matrimonio igualitario. Derecho constitucional de familia, Ediar, Buenos Aires 2010, p.149 y ss.).

(8) Gargarella, Roberto, "Razones para el matrimonio igualitario: El argumento de la igualdad", en Solari, Néstor y Von Opiela, Carolina (directores), Matrimonio entre personas del mismo sexo. Ley 26.618. Antecedentes. Implicancias y efectos, La Ley, Buenos Aires, 2011, p. 75 y ss.

(9) Brasil cuenta con una Resolución del Consejo Federal de Medicina (1957, del 15/12/2010), pero que no supliría la falta de una ley nacional; es más, genera debate que este tipo de resolución dirigida al ámbito de la salud no cuente con un marco legislativo que lo respalde.

(10) Kemelmajer de Carlucci, Aída y Herrera, Marisa, "Matrimonio, orientación sexual y familias. Un aporte colaborativo desde la dogmática jurídica", La Ley, 04/06/2010, p. 1 y ss.

(11) Gil Domínguez, Andrés; Famá, María Victoria y Herrera, Marisa, Matrimonio igualitario y derecho constitucional de familia, Ediar, p. 491 y ss.

(12) Herrera, Marisa, El derecho a la identidad en la adopción, t. II, Universidad, Buenos Aires, 2006, cap. VII.


Sumario:

I. ¿El derecho filial en crisis? II. La ruptura matrimonial como parte de las 'trayectorias familiares'. III. Las convivencias de pareja.



Doctrina:

Por Marisa Herrera (*)

I. ¿EL DERECHO FILIAL EN CRISIS?

1. La filiación matrimonial de hoy ¿y de mañana? (1)

Durante el debate y los primeros tiempos de sancionada la Ley 26.618, que reconoce el matrimonio a las parejas del mismo sexo, la puesta en crisis de la filiación homoparental giraba en torno a la adopción. Así, la discusión giraba en torno si era bueno o perjudicial para un niño ser criado por una pareja del mismo sexo. Sin embargo, al poco tiempo de vigencia de la ley, se observó que la cuestión de la filiación homoparental no pasaba principalmente por la adopción, sino por la filiación derivada del uso de las técnicas de procreación asistida (TRHA) o incluso de la filiación por naturaleza. Nos explicamos...

Si bien Argentina carece de una ley integral que regule las TRHA, lo cierto es que es sabido que en la práctica se realiza y con tantísima frecuencia. Esta prácticas no solo han dado lugar a que parejas de diverso sexo puedan alcanzar la maternidad/paternidad, sino que mujeres solas se inseminen con material genético de donante anónimo y también puedan ser madres; mujeres que algunas están efectivamente solteras y otras en pareja con otra mujer.

Tras la Ley 26.618, estas mujeres pudieron contraer matrimonio, por lo cual uno de los primeros conflictos que se suscitaron fue qué pasa con los niños que nacen dentro de una relación conyugal integrada por dos mujeres. ¿Opera la presunción del marido de la mujer que prevé la legislación civil (art. 243 del Código Civil) generándose vínculo filial por presunción legal con ambas mujeres-cónyuges o, por el contrario, dicha presunción conyugal solo debía mantenerse para los matrimonios de diverso sexo?Para poder comprender las dos posturas o respuestas esgrimidas por la doctrina como posibles respuestas a este interrogante y lo que acontece en la práctica de los registros civiles (si inscriben o no el vínculo filial con la cónyuge de la mujer que da a luz), es necesario destacar que la Ley 26.618, si bien no ha reformado de manera expresa el articulado del Código Civil -en este caso el art. 243, que prevé la presunción de paternidad en cuestión-, lo cierto es que algo al respecto ha dicho de manera expresa.

En primer término, el art. 36 de la Ley 26.618 reforma el inc. c del art. también 36 de la Ley 26.413, que regula el funcionamiento de los registros civiles. En este sentido, este articulado referido a cómo se inscriben los hijos nacidos dentro de un matrimonio dice hoy:

«El nombre y apellido del padre y de la madre o, en el caso de hijos de matrimonios entre personas del mismo sexo, el nombre y apellido de la madre y su cónyuge, y tipo y número de los respectivos documentos de identidad.En caso de que carecieren de estos últimos, se dejará constancia de edad y nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de 2 (DOS) testigos de conocimiento, debidamente identificados quienes suscribirán el acta».

Por lo tanto, se puede apreciar que al legislador la cuestión de la filiación no le fue ajena, al disponer que cuando se trata de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo -en la práctica solo integrado por dos mujeres, ya que para que se trate de dos hombres involucra la cuestión de la maternidad subrogada, a la cual nos referiremos más adelante-, el niño se debe inscribir con el nombre y apellido de la madre «y su cónyuge». ¿Qué quiso con «y su cónyuge»? En nuestra opinión, avalada por varios doctrinarios en el derecho nacional, implica reconocer que un niño puede contar con dos filiaciones del mismo tipo, es decir, con dos madres, generándose vínculo filial con la mujer que da a luz y con su cónyuge. ¿Se trata de un padre en cuerpo de mujer? No. Se trata de dos mujeres que juntas tienen un proyecto en común de tener y criar un hijo, como se deriva del acto de haber contraído matrimonio; con total independencia de que la cónyuge haya o no aportado material genético, que es posible en atención al reiterado desarrollo de la ciencia médica.

Esta postura se vería reforzada por aplicación del último articulado de la Ley 26.618, que precisamente expresa en sus dos últimos párrafos:

«Los integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por 2 (DOS) personas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones.Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo como al formado por 2 (DOS) personas de distinto sexo».

Por lo cual, fácil se desprende la imposibilidad jurídica de distinguir los hijos nacidos de un matrimonio entre personas de diferente sexo y de igual sexo, es decir, que se pueda defender la postura de que si un hijo nace de un matrimonio heterosexual, se genera ipso iure vínculo con ambos miembros de la pareja conyugal y, por el contrario, solo con la mujer que da a luz si se trata de un matrimonio conformado por dos mujeres, por aplicación lisa y llana del principio constitucional-internacional de igualdad y no-discriminación.

¿Qué postura adoptan los registros civiles? En el marco de una división tajante (y también que se debería colocar en tela de juicio) acerca de que las cuestiones registrales son de índole local y por ende reservadas a las autoridades provinciales y el derecho de fondo al ámbito nacional, lo cierto es que se observa un panorama un tanto dispar en las soluciones jurídicas que brindan los diferentes registros locales (un total de 9999 en toda la Argentina).

El primer caso se presentó en el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires (el llamado caso "Vicente"). Aquí en la partida de nacimiento del niño nacido de una mujer que se había sometido a TRHA y que, como durante el embarazo se sancionó la Ley 26.618, pudo contraer matrimonio con su pareja del mismo sexo, colocaron en el renglón referido a la madre el nombre y apellido de la persona que dio a luz, aclarándose que esta se encontraba casada con otra mujer, consignándose su nombre y apellido, pero quedando en blanco el renglón destinado al nombre y apellido del "padre".

A nuestro entender, esta modalidad de inscripción de los niños que nacen de un matrimonio entre personas del mismosexo no cumple con el mencionado principio de igualdad y no-discriminación. En primer término, porque se incumple una disposición del Código Civil básica en la inscripción de los hijos como ser la imposibilidad de que las partidas reflejen si los hijos son matrimoniales o extramatrimoniales (art. 241 del Código Civil). Es evidente que si se expone en la partida que la mujer que da a luz está casada con determinada persona, de la partida se deriva que se trata de un hijo matrimonial.

Por otro lado, quedaría "en blanco" o sin asignar otro lugar en la partida creada para, precisamente, generar doble vínculo filial. ¿Qué sucedería si un hombre pretendiera reconocer al niño? ¿Tendría tres filiaciones? ¿La cónyuge de la mujer podría oponerse? ¿Y si la cónyuge hubiere dado su material genético y el niño tuviese más vínculo desde lo genético con la cónyuge de la mujer que da a luz más que con la propia gestante, podría generar vínculo filial con la cónyuge y con el que reconoce y desplazar a quien dio a luz?

Para resolver este tipo de cuestiones debemos apelar el principio o eje central de la reforma:igualdad y no-discriminación y preguntarnos qué se resolvería si se tratara de un matrimonio integrado por dos personas de diverso sexo y aplicar por extensión la misma solución; amén de bregar por una modificación en la confección de las actas de nacimiento, como ha acontecido ya en algunos registros civiles provinciales en los cuales no se consigna de manera expresa un espacio para colocar el nombre y apellido de la "madre" y otro para el "padre", sino que directamente hay un espacio en blanco para colocar el nombre y apellido de hasta dos personas, con total independencia del sexo de estas.

Este ha sido uno de los pilares tenidos en cuenta por el equipo de trabajo de la reforma del Código Civil, en el cual se propone el siguiente texto para poner fin a esta disputa interpretativa -que en el fondo, muestra un debate más profundo acerca de si se está a favor o no del reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo- dentro del capítulo dedicado a la "Determinación de la filiación matrimonial" (2):

«Se presumen hijos del/a cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio vincular o nulidad del matrimonio, o de la separación de hecho, salvo prueba en contrario. Este artículo rige para los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida siempre que el/la cónyuge haya prestado el correspondiente consentimiento informado y libre según lo dispuesto en el capítulo».

De este modo, la reforma del Código Civil contribuye a disipar dudas que, en definitiva, están auspiciadas por aquellos doctrinarios y registros civiles que se resisten a admitir una realidad: el nacimiento y la crianza de niños en parejas del mismo sexo, realidad a la cual ha contribuido de manera cierta el desarrollo de las TRHA.A la vez, poner fin a este tipo de discusiones lo es en interés del niño, ya que no se puede dejar la filiación de las personas de hijos nacidos en familias homoparentales a la discrecionalidad del registro civil que intervenga. ¿Acaso no hay una abierta violación a varios derechos humanos de niños y adolescentes en un sistema tan endeble e inseguro como el conocido «según quien toque»?

2. ¿Y la filiación extramatrimonial?

La Ley 26.618 se refiere solo a la familia matrimonial, pero es innegable su repercusión e incidencia en la extramatrimonial. ¿Qué sucede con aquellos niños nacido s de igual manera -TRHA con donante anónimo de una mujer lesbiana- cuya pareja -que pudo o no haber dado su material genético- no pudo contraer matrimonio porque no se había sancionado la ley? ¿Cómo pueden estos niños generar vínculo con la pareja de la mujer que dio a luz? ¿Es importante a los fines de generar vínculo filial con esta segunda mujer que contraigan matrimonio aunque sea después del nacimiento del niño? ¿Y si nunca contraen matrimonio? Si a todos estos interrogantes los pasáramos por el tamiz del principio de igualdad y no-discriminación, deberíamos indagar acerca de qué solución jurídica estaría disponible si se tratara de parejas no casadas pero de diverso sexo. La respuesta es muy sencilla, el hombre podría perfectamente proceder a reconocerlo (art. 248 del Código Civil) y así el niño tendría rápidamente vínculo filial con esta persona. ¿Puede una mujer reconocer un niño?

Este es un claro conflicto que observa el régimen jurídico actual y que hasta la fecha fue abordado de manera activa por la jurisprudencia (la del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que no es un dato menor en temas relacionados con la orientación sexual y familias) en casos puntuales.Este sería otro vacío legal al que la reforma del Código Civil podrá dar solución sencilla en los casos derivados del uso de TRHA, ya que en este supuesto el vínculo filial se determinará por el consentimiento pleno y libre al sometimiento a dicha técnica, (3) pero no podrá dar respuesta a todos los casos que hoy existen de niños que ya nacieron fuera del matrimonio. ¿Qué acontece en la actualidad con esta cantidad de niños que solo tienen vínculo con una persona -la que dio a luz- pero no con aquella otra mujer con quien seguramente viven, desarrollan su identidad dinámica y a lo mejor también los une un vínculo genético (esta pudo haber aportado su material genético)?

Una vez más nos enfrentamos al llamado "activismo judicial". El primero de los casos jurisprudenciales en los cuales se peticionó a través de una "medida autosatisfactiva" (4) la obligación del registro civil de inscribir "el reconocimiento" de que la mujer que contrajo nupcias con quien dio a luz a un niño fue el fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha 07/04/2011, (5) en el cual se hizo lugar a la solicitud.En este caso, la cónyuge de la madre había aportado el material genético del niño nacido, por lo cual, no solo acompañó a su cónyuge en el tratamiento poniendo de manifiesto su "voluntad procreacional", sino también el vínculo genético con el niño.

Después por la vía del "amparo" se suscitaron dos peticiones más cuyas sentencias fueran dictadas la primera por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 15 del 24/06/2011 (6) y la segunda por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 6 del 13/07/2011 (7).

Si bien acá también se intentaba la inscripción del "reconocimiento" de mujeres casadas con posterioridad al nacimiento del niño cuyo vínculo filial se pretende, lo cierto es que había un dato diferencial con el fallo anterior -que podría ser de relevancia para aquellos autores que están centrados en la biología-: la falta de vínculo biológico entre la cónyuge de la madre y el niño. A la vez, un dato diferencial de paso al menos en el precedente del 24/06/2011: la existencia de otro hijo nacido de igual manera -por la misma práctica médica que un niño anterior-, pero que como nació después del matrimonio tiene efectivamente vínculo filial con ambas mujeres -quien dio a luz y su cónyuge-. Y en cambio, su hermano nacido antes del matrimonio solo tiene un vínculo filial con la mujer que lo dio a luz.

En los tres precedentes se hizo lugar al pedido de que se generase vínculo jurídico con la mujer que posteriormente contrajo matrimonio con la mujer que dio a luz y con quien el niño convive y se desarrolla desde su nacimiento (haya o no vínculo biológico), priorizándose la "voluntad" de querer ser madre (co-madre), obligándose al registro civil a proceder a inscribir el reconocimiento.Más allá del acierto de los precedentes en atención a los derechos humanos en juego, lo cierto es que nos preguntamos si realmente se trata de la figura del "reconocimiento", máxime en el marco de un ordenamiento jurídico en el cual si un hombre (en un caso de familia extramatrimonial heterosexual) procede a reconocer a sabiendas de que no es su hijo biológico, estaría incurriendo en el delito de supresión y suposición del estado civil y de la identidad (arts. 138 y ss. del Código Penal).

A los fines de no dejar la resolución de todos estos casos de niños nacidos en parejas de mujeres que no pudieron contraer matrimonio por imposibilidad jurídica antes de la sanción de la Ley 26.618 en manos de los jueces, con la consiguiente inseguridad jurídica derivada de la discrecionalidad que gira en torno a las decisiones judiciales, (8) se presentó un proyecto de decreto de necesidad y urgencia auspiciado por varios organismos que defienden los derechos de las personas gays, lesbianas, transexuales, etc. (es decir, en la cual está involucrada la identidad sexual como la identidad de género); en particular la organización Lesmadres (9).

Este proyecto de decreto de necesidad y urgencia tiene por objeto, precisamente, regularizar la situación de todos estos niños creando un proceso administrativo para que las mujeres que después del nacimiento del niño contrajeron matrimonio puedan solicitar "completar el acta de nacimiento", generándose vínculo así con esta otra mujer (10).

Aquí no culminarían los problemas jurídicos que ha generado en el campo filial la sanción de la ley de matrimonio igualitario. ¿Qué sucede si la pareja de mujeres por decisión personal deciden no contraer matrimonio? Esto no lo ha resuelto hasta ahora la jurisprudencia ni tampoco dice nada al respecto el proyecto de decreto mencionado en el párrafo anterior.Este es el vacío, silencio o agujero gris todavía no resuelto por la Justicia y que, reiteramos, la reforma del Código Civil podrá dar respuesta solo desde su sanción y vigencia para el futuro, pero no para las situaciones o problemas hoy presentes.

3. Un tema más sensible aún: la maternidad subrogada (11)

La disonancia o brecha entre derecho y realidad suele ser moneda corriente cuando de familias se trata. Efectivamente la maternidad subrogada no escapa a esta regla, ya que en la práctica se lleva adelante esta práctica no solo en el exterior -siendo totalmente legal en algunos estados de Estados Unidos o en ciertos países como Ucrania y la India- sino también en la Argentina.

Es así como hemos tenido un primer precedente jurisprudencial en el cual se debate, en definitiva, el aceptar o rechazar la maternidad subrogada.

Veamos: en el derecho argentino como en la mayor parte del mundo, el principio rector en materia de determinación de la filiación materna gira en torno al aforismo «madre cierta es», por lo cual cuando se introduce material genético de uno y de su pareja o de uno de ellos en otra mujer, por aplicación de este principio, el niño que nace genera vínculo filial con quien lo pare, no con quien portó el material genético, y además (y principalmente) tiene la "voluntad procreacional" de ser madre y/o padre del niño nacido por esta técnica.

Nos referimos al precedente de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, Entre Ríos, del 14/04/2010, (12) en el cual se coloca sobre el escenario judicial una realidad que hasta ese momento se encontraba silenciada -al menos en este campo, el jurisprudencial-.

La plataforma fáctica fue la siguiente:una mujer que aportó el óvulo para la fecundación in vitro del niño y luego pretendía impugnar la filiación de la mujer que había dado a luz y aparecía como madre legal del niño.

En primera instancia el juez consideró que la actora carecía de legitimación, en atención a la norma del art. 262 el Código Civil, en tanto dispone que la acción intentada por la madre solo será procedente cuando alegue sustitución o incertidumbre acerca de la identidad del hijo y la jurisprudencia requiere que deben darse razones que descarten su autoría o participación en hechos que signifiquen imputarle un obrar irregular, con lo cual, habiendo sido admitido por la actora tanto su conocimiento como su participación en los hechos que dieran lugar a la situación planteada, ello impide que pueda reconocérsele legitimación a tal fin.

La actora apela la resolución calificándola de arbitraria, en tanto obstruye el acceso a la Justicia y la búsqueda de la verdad objetiva al impedir cualquier investigación que la elucide; aludió a los principios constitucionales en juego para fundar la necesidad de flexibilizar los principios procesales que rigen la materia cuando está en juego la identidad de la persona. Se afirmó que la falta de concordancia entre la madre genética y la gestante no debe alterar el principio de concordancia entre lo genético y lo legal que pregona la Ley 23.264 y que la presunción que contiene el art. 242 del Código Civil es iuris tantum y debe resolverse armónicamente con otros articulados del mismo cuerpo normativo, destacándose que el Código Civil actual prioriza el derecho de toda persona de contar con un emplazamiento en el que la verdad biológica o genética coincida con la legal.

El tribunal de apelaciones revoca el decisorio del juez de primera instancia. Interpreta la alzada que en el supuesto de impugnación de maternidad previsto en el art.261 del Código Civil prima el vínculo biológico de la filiación, tanto es así que el texto solo requiere «no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo», objetivo puesto de manifiesto en todo su texto por la Ley 23.264, á ngulo desde el cual deben interpretarse tanto el art. 262 como los distintos supuestos que puedan presentarse. En ese marco, no puede desatenderse que el art. 262 faculta a «todo tercero que invoque un interés legítimo» para impugnar la maternidad y que precisamente la amplitud de los legitimados activos dada por esa norma responde, como ha sido explicado, a «la decisión adoptada por los legisladores con respecto al sinceramiento de las relaciones de familia y a la trascendencia del nexo biológico», con lo cual quien pretende el reconocimiento de su vínculo biológico como madre impugnando el emplazamiento de quien figura como tal no se encuentra excluida por el art. 262 estudiado, el que debe interpretarse de modo armónico con el art. 261 del mismo cuerpo legal.

De este modo, la alzada remite nuevamente el caso a la primera instancia para que se dicte sentencia acerca del fondo del asunto. ¿Qué debería decir el juez? ¿Mantener la filiación materna en cabeza de la mujer que dio a luz de un niño que ni tiene vínculo genético ni tiene voluntad procreacional y que desde que fue dada de alta convive en el matrimonio que pretende impugnar esta maternidad por aplicación lisa y llana del principio «madre cierta es»? ¿O por el contrario, en atención al vínculo o a la identidad genética sumada a la volitiva siendo que el matrimonio es quien tiene la voluntad de ser padre, debería establecerse el vínculo filial a su favor?Seguramente por aplicación del principio rector del interés superior del niño nos inclinemos por esta segunda posibilidad, que no es otra cosa que apelar a la noción de la voluntad procreacional en su carácter de eje o columna vertebral del uso de las TRHA.

El fallo sintetizado en el apartado anterior nos coloca frente a una realidad: la maternidad subrogada se lleva adelante con o sin ley. Es más, se podrían pensar en otras posibilidades jurídicas que sería posible plantear además de la mencionada acción de impugnación de la maternidad. Veamos las siguientes situaciones fáctico-jurídicas (13):

a) Gestante soltera se insemina con material genético del marido. Nacido el niño, el marido procede a reconocer al niño -con quien lo une además de la voluntad procreacional, el elemento genético-. Tiempo más tarde su esposa -que no es la gestante- procede a peticionar la adopción de integración del hijo del cónyuge (14).

b) Gestante casada, cuya mujer también se insemina con material genético de un hombre casado con otra mujer. El marido de la gestante inicia una acción de impugnación de la paternidad por la presunción legal de paternidad del marido de la madre (conf. art. 259 del Código Civil), alegando no ser el padre genético del niño nacido de su esposa. Se hace lugar a la acción y así el hombre que quiere ser padre y que además es a quien le corresponde el material genético procede a reconocer al niño. Después de ello nuevamente se apela a la mencionada adopción de integración.

c) Gestante también casada se insemina con material genético de un matrimonio que tiene la voluntad de ser padre o de uno de los miembros de la pareja conyugal; y al tiempo solicita la adopción conjunta el matrimonio.Se destaca que el niño ya ha forjado un vínculo afectivo muy fuerte con ellos y que si bien, en principio, en el derecho argentino no está permitido el contacto directo entre la supuesta "familia biológica" y la pretensa adoptante (conf. art. 318 del Código Civil), lo cierto es que varios casos jurisprudenciales han confirmado dicha elección en el interés del niño, centrados en el vínculo afectivo generado entre este y el matrimonio guardador. Esta posibilidad jurídica no solo tiene este inconveniente de ir en contra a lo que dispone la ley desde una lectura textual, sino también que se estaría permitiendo o incurriendo en la adopción de un niño que posee material genético de la pareja o al menos de uno de sus miembros.

De este modo, el fallo reseñado es una clara muestra de que la maternidad subrogada es una práctica a la cual se recurre para que una persona o pareja alcance la maternidad/paternidad, no obstante su falta de previsión y pasible nulidad de todo contrato que se celebrara a tal efecto. ¿Qué postura debería adoptarse entonces? ¿Prohibirla, no decir nada o regularla? Nos inclinamos por esta última postura. De este modo, la complejidad se desplaza hacia otra cuestión, cómo regular a los fines de alcanzar una postura legislativa equilibrada, atendiéndose todos los derechos involucrados.

En este sentido, en el equipo de trabajo de reforma del Código Civil sobre el título dedicado a la filiación se propone regular la maternidad subrogada dentro del capítulo destinado a las "Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida". En este marco se propone el siguiente articulado:

«El consentimiento informado y libre de todas las partes intervinientes en el proceso de maternidad subrogada debe ajustarse a lo previsto por este código y la ley especial.La filiación queda establecida entre el niño nacido y el o los comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial. El juez debe homologar solo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, se acredita que: (a) se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer; (b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica; (c) al menos uno de los comitentes ha aportado su material genético; (d) el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término; (e) la gestante no ha aportado material genético propio; (f) la gestante no ha recibido retribución; (g) la gestante no se ha sometido a un proceso de maternidad subrogada más de 2 (dos) veces; (h) la gestante ha parido, al menos, un hijo propio. Los médicos no pueden proceder a la implantación de la gestante sin la autorización judicial. Si se carece de autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de la filiación por naturaleza».

Esta normativa prevé, a diferencia de otras técnicas o tipologías de TRHA, un proceso judicial previo al sometimiento a ella, por el cual los profesionales de la salud no pueden proceder a realizar ninguna práctica de maternidad subrogada si no se cuenta con la correspondiente sentencia judicial que la autorice.

Otro dato no menor.Si bien no es el objetivo de este trabajo profundizar sobre las decisiones o razones que nos habrían llevado a proponer esta regulación, sí nos parece de interés destacar que este articulado sobre maternidad subrogada no está dentro del capítulo referido a la determinación de la maternidad, ya que esta práctica puede ser el camino para que una pareja conformada por dos hombres puedan alcanzar la copaternidad, o aun uno solo la paternidad, como también podría acontecer en la filiación adoptiva en la cual una persona sola (un hombre) puede adoptar o, después de la sanción de la Ley 26.618, un matrimonio conformado por dos hombres pueden acceder a la copaternidad adoptiva. Eso sí, tratándose de maternidad subrogada y tal como se indica en el articulado proyectado, para poder acceder a esta práctica es necesaria la utilización de material genético de al menos uno de los miembros de la pareja o si se trata de una persona sola, de esta. Limitación que desde ya no se encuentra en el caso de la adopción, por lo cual y en aplicación del principio de igualdad y no-discriminación, sería difícil de defender una postura restrictiva en la filiación por uso de las TRHA.

Reiteramos, la realidad se impone. Desde el punto de vista legislativo, se puede prohibir, no decir nada o regular. Pensamos que esta última postura es la que mejor responde a los importantes derechos involucrados, que no solo repercute en los que tienen "voluntad procreacional", los del niño que nace de este tipo de técnicas sino también los de la mujer que se somete a ella. Regular implica controlar, limitar y en definitiva proteger.

IV. LA RUPTURA MATRIMONIAL COMO PARTE DE LAS 'TRAYECTORIAS FAMILIARES' (15)

Salimos de la cuestión filial para ingresar al "mundo adulto", en particular, a las situaciones de ruptura conyugal. ¿Le interesa al Estado cuándo y las razones por las cuales las personas se divorcian? Según el ordenamiento vigente, la respuesta positiva se impone.El Código Civil no solo continúa teniendo un doble sistema subjetivo-objetivo para que un matrimonio pueda divorciarse, sino también prevé un plazo de tiempo mínimo cuando los cónyuges no quieren ventilar ante la Justicia alguna causal culpable sino solo reconocen que ya no pretenden continuar estando juntos. ¿Pasa el test de razonabilidad que la ley obligue a las personas a seguir casadas hasta un determinado tiempo (tres años desde la celebración del matrimonio si peticionan el divorcio de manera conjunta o tres años de separados de hecho y lo puede peticionar uno solo de conformidad con los arts. 204, 205 , 214 inc. 2 y 215 del Código Civil)?

Más todavía, la ley deposita en los jueces la confianza -mejor dicho, el poder o la creencia ilusa por cierto- de que ellos "reconcilien" a los cónyuges para evitar que tomen una decisión que el Estado presumiría iure et de iure perjudicial para las personas, como lo es la ruptura del matrimonio. El art. 236 del Código Civil, que regula el procedimiento en los divorcios por presentación conjunta, expresa en su parte pertinente que

«Presentada la demanda, el juez llamará a una audiencia para oír a las partes y [procurará conciliarlas]. [...]. Si la conciliación no fuere posible en ese acto, el juez [instará a las partes al avenimiento] y convocará a una nueva audiencia en un plazo no menor de dos meses ni mayor de tres, en la que las mismas deberán manifestar, personalmente o por apoderado con mandato especial, si han a rribado a una [reconciliación]» [énfasis añadido].

¿El divorcio es una cuestión privada o pública? ¿Está dentro o fuera del art.19 de la Constitución Nacional?

Como es sabido, el régimen argentino -como en la gran mayoría de los países de la región- prevé un doble régimen en materia de divorcio, donde los cónyuges pueden ventilar ante la Justicia el incumplimiento de uno o más deberes matrimoniales y la posibilidad de que uno o ambos sean declarados "culpables" de la "desavenencia matrimonial".

Esta postura crítica -que aquí se defiende- en torno a la "culpa" en el divorcio fue expresada de manera elocuente por el magistrado Kiper en su voto en disidencia en el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil en pleno del 20/09/1994 en el que, por mayoría, se admitió la reparación del daño moral ocasionado por el cónyuge culpable como consecuencia de los hechos constitutivos de las causales de divorcio (16). En esta oportunidad, y como punta de partida, Kiper propone un análisis no jurídico al entender, con acierto, que

«Se trata de un fenómeno humano que engloba un sinnúmero de factores derivados de una relación intersubjetiva, que no admiten un abordaje, desde la ciencia jurídica, que prescinda sin más de sus particulares atributos, ampliamente estudiados por otras disciplinas. No puedo, por las razones que expondré seguidamente, aplicar aquellos principios de derecho común destinados a la generalidad de las relaciones jurídicas».

Así, corrido de la mirada tradicional jurídico-dogmático, asevera:

«Pongo el acento sobre esta cuestión por cuanto es un aspecto de arduo estudio y análisis la influencia recibida por la ciencia jurídica y en especial por el derecho de familia desde recientes tendencias epistemológicas, que nos conducen a repensar, seriamente, la estructura misma de ciertas instituciones de esta materia. Es sabido que nuestro sistema legal se cimenta en una línea de pensamiento que encuentra sus fuentes, entre otras tantas, en los ideales de las corrientes revolucionaria y codificadora europeas y en el liberalismo jurídico decimonónico.Se trata de movimientos basados en una concepción lineal en su lectura de los fenómenos, en busca de relaciones de causa y efecto, valga la redundancia monocausales».

Apelando a la teoría sistémica, afirma que la familia -como todo lo que ella involucra- es un «sistema en permanente cambio, que transcurre por el tiempo presentando una dinámica que es tipificada en distintas etapas, que configuran la "normalidad" de la trama familiar [...] Estas sucesivas interfases que atraviesa la familia en su ciclo vital, no están exentas de riesgo y sufrimiento, sino que, muy por el contrario, configuran situaciones de profundos cambios en la estructura de aquella, lo que genera intenso dolor y stress, tales situaciones son normalmente superadas por las familias, pero cuando la crisis "normal" se proyecta con singular intensidad, afianzándose en el tiempo, por lo general, sobreviene una ruptura».

En consonancia con este sendero argumental, expresa que

«Estudiada la dinámica familiar a la luz de los referidos enfoques teóricos, la noción de la culpabilidad se debilita en gran medida, ya que la interacción entre los cónyuges establece una trama que se retroalimenta y modifica en forma permanente, cualquiera sea la manera en que los esposos acuerden sus pautas de comunicación, lo cierto es que el fenómeno se produce, siempre, entre dos personas que, de esta forma, generan un vínculo de cuyo contenido ambos son responsables. El amor o el odio pueden, o no, ser correspondidos, pero, para que exista una relación disfuncional que, finalmente, provoque una fractura que haga imposible la convivencia, es preciso que dos personas adopten posturas que posibiliten el acaecimiento de tales hechos».

Es evidente que el colocar en tela de juicio "la culpa" en el divorcio se expande a la cuestión de los derechos y deberes matrimoniales.Sucede que, precisamente, las causales "culpables" son la consecuencia jurídica de la violación o del incumplimiento de uno o más derechos y deberes que se derivan del matrimonio; por lo cual, revisar de manera crítica estos derechos y deberes estaría en la misma línea que mira con cierto recelo el sistema de divorcio subjetivo.

Veamos: uno de los derechos-deberes derivados del matrimonio es la fidelidad en su doble vertiente, material (abstenerse de mantener relaciones sexuales con un tercero) y moral (abstenerse de colocarse en situaciones equívocas, irregulares o indecorosas, incompatibles con el estado civil de casado). La violación a este deber en su faz material da lugar a la causal culpable de adulterio, considerado un ilícito civil (art. 202 inc. 1), (17) y en su faz moral a la de injurias graves (art. 202 inc. 4). ¿Los propios cónyuges no podrían dispensarse mutuamente del deber de fidelidad en su totalidad o en alguna de sus vertientes? Para la ley y quienes la interpretan, ello es imposible. Históricamente se entendió que los deberes del matrimonio son de orden público y por lo tanto quedan afuera de la autonomía de la voluntad de sus protagonistas. Tan es así que incluso varias voces doctrinarias y jurisprudenciales defienden que el deber de fidelidad subsiste durante la separación de hecho de los cónyuges, es decir, que incluso después de producida la ruptura de la convivencia ambos deben mostrar un «celibato permanente» (18).

¿La fidelidad debería ser un derecho-deber derivado del matrimonio o debería integrar el principio de reserva del art. 19 de la Constitución Nacional? Al respecto, cabe destacar que en el derecho comparado donde se regulan la convivencias de pareja la fidelidad no es considerada un deber que se deriva de este tipo de relaciones afectivas no formales -incluso en aquellas legislaciones donde es necesario que se registren-. Por lo tanto, fácil se observa que la "monogamia sexual" no formaría parte de la "esencia" de las relaciones de pareja.¿Acaso no sería posible interpelar al derecho preguntándole cuál es el fundamento objetivo y razonable por el cual la fidelidad debería ser un derecho-deber del matrimonio y no formar parte del ámbito de intimidad, privacidad y libertad de las personas?

Si bien no es el objetivo profundizar en este ensayo tampoco en torno al divorcio y las modificaciones ineludibles que debería observar desde la tensión ancestral entre autonomía de la voluntad y orden público, sí es dable presumir que en la reforma del Código Civil correrían aires de cambios sustanciales. ¿Del divorcio causado al incausado? Entendiéndose que el matrimonio se construye y se sostiene de a dos, por ende, si uno deja de estar, es entendible que no pueda ser mantenido en contra de la voluntad de uno o ambos de los protagonistas; no solo en beneficio de los hijos sino también de los propios miembros de la pareja. Una mayor flexibilidad también en los aspectos procesales, llegándose a proponer -aún sin decisión final al respecto- el divorcio administrativo, como receptan ya varios países de la región. A la vez, este tipo de normativas que se desprenden de la noción de culpa en el régimen matrimonial apelan a otras figuras acordes con esta orientación, como acontece con la pensión compensatoria, que solo tiene por finalidad "compensar" -valga la redundancia- los desequilibrios económicos padecidos durante la vigencia del matrimonio, independientemente o sin importar si hubo o no culpas. Esto también estaría previsto en la reforma.¿Y la desaparición de la figura de la separación personal como figura que ya habría cumplido un ciclo como "carta de transacción" ante el avance y la instalación del divorcio vincular en el derecho argentino allá por 1987?

Y a modo de yapa en relación a los derechos y deberes matrimoniales, no podemos dejar de resaltar una "nueva tendencia" que se estaría observando en el derecho comparado y en ciertos sectores sociales de medio y alto poder adquisitivo, las denominadas parejas "LAT" (siglas en inglés: "Living Apart Together") o parejas "sin domesticidad común", aquellas uniones matrimoniales o convivenciales (por lo general, segundas o terceras uniones), con hijos anteriores cada uno o uno de los integrantes, que deciden no convivir. En el caso de que se trataran de matrimonios, esta institución nace "conculcándose" -por mutuo consentimiento- relevarse del deber de cohabitación. ¿Puede una pareja nacer "separada de techo"? A diferencia de lo que acontece en los supuestos que se dirimieron en la Justicia alegándose separación de hecho como causal de divorcio por matrimonios que viven en el mismo hogar (elemento objetivo), pero sin la finalidad de continuar un proyecto de vida en común (elemento subjetivo), en este tipo de relaciones afectivas que muestra la realidad contemporánea sucede totalmente lo contrario. El elemento subjetivo, el proyecto en común está latente y ausente la convivencia bajo el mismo techo. ¿Qué tendrá que decir el derecho sobre esta decisión compartida entre los miembros de una pareja matrimonial o convivencial? Otro interrogante abierto.

Como se puede apreciar, vientos de cambio también corren en las relaciones entre adultos en la institución central o base sobre la cual se ha edificado el régimen jurídico vigente: el matrimonio. De este modo, ni las instituciones tradicionales podrían quedar intactas a la luz de los profundos avances operados en el derecho desde la obligada perspectiva constitucional-internacional so pena de incurrirse en un sistema incoherente y principalmente alejado de la realidad social actual.

V.LAS CONVIVENCIAS DE PAREJA

Centrados en acortar la brecha existente entre derecho y realidad, no se puede dejar de lado otro silencio legislativo preocupante como las convivencias de pareja. ¿Acaso ellas fueron materia de interés, discusión y análisis solo como otra "carta de transacción" en pleno debate de la ley de matrimonio igualitario? Si s e aludió a esta figura -incluso defendida por quienes se rehusaban a ella en aquella oportunidad- es porque en definitiva y más allá de esta coyuntura esta realidad genera un interés que el ordenamiento legal, si se pretende contemporáneo, no puede soslayar.

Datos estadísticos en la región (además en el país, que estarán actualizados ni bien estén a disposición los resultados arrojados por el último censo nacional), permiten afirmar que

«Las evidencias estadísticas más recientes indican que, lejos de perder ímpetu, las uniones consensuales han seguido incrementándose en la región en los años noventa».

Se agrega que este ascenso corresponde a los países donde tales uniones habían sido tradicionalmente menos relevantes, como Argentina, Chile y Brasil. Precisamente es en los países de Centroamérica donde las convivencias de pareja han tenido mayor visibilidad desde el aspecto cuantitativo, elemento central para el grado de reconocimiento legal alcanzado.

Información estadística sobre el porcentaje de uniones consensuales en mujeres de entre 15 a 49 años (edades en las cuales se forman estos núcleos) muestran que en algunos países de Centroamérica este tipo de convivencias alcanzan a más del 50% de la población mencionada. Veamos, en República Dominicana en 1970, las uniones consensuales representaban el 51,8% de las mujeres en pareja entre los 15 y 49 años de edad, cifra que ascendió en 1990 a 59,7%. El Salvador en 1970 involucraba al 52,6% y en 1990 el 56,4%. Nicaragua observaba un 40,8% en 1970, aumentando en 1990 al 56,3%. Por su parte, Panamá y Guatemala son los únicos países que presentaron un leve descenso de las convivencias de pareja:el primero de estos países en 1970 representaba un 56% y en 1990 un 53,6%; y el segundo de los países citados en 1970, un 54% y en 1990, un 40,1%. Por último, cabe traer a colación datos cuantitativos relativos a la situación en Costa Rica y México, que serían los países en estudio con menor cantidad de convivencias de pareja. El censo del primero arrojó en 1970 que el total de parejas convivientes en mujeres de entre 15 a 49 años era del 16% y en 1990 del 21%; y el segundo, 16,1% en 1970 y 15,3% en 1990 (19).

Esta mirada debe verse complementada con una variable de suma relevancia tratándose de uniones convivenciales: si se trata de población rural o de población urbana. Al respecto, se ha expresado que

«Mientras la tasa de nupcialidad disminuye en la población rural y se incrementa en la urbana, las uniones de hecho se extienden de manera focalizada, especialmente entre grupos jóvenes y poblaciones desarraigadas y en situación de pobreza, lo que se atribuye tanto al impacto de la crisis como a los cambios en la conducta sexual de la población».

Y se agrega:

«En Nicaragua se constató que las uniones de hecho predominan en las familias rurales desplazadas. El 60% de las familias ligadas a la Resistencia que fueron inicialmente reubicadas en los primeros polos de desarrollo declararon como estado civil la unión de hecho. En El Salvador se observó una tendencia similar a partir de la agudización del conflicto.El estudio sobre población desplazada muestra variaciones importantes en los patrones de emparejamiento, constatándose una disminución de la modalidad del matrimonio civil y religioso en relación a la unión de hecho» (20).

En definitiva, y más allá de los diferentes porcentuales que presentan los países de la región, lo cierto es que en una gran cantidad de ellos las convivencias de pareja es la forma de organización familiar que adoptan más de la mitad de las personas de entre 15 a 49 años que forman y viven en familia. ¿Qué actitud debería adoptar el derecho ante esta realidad imperante?

Antes de proseguirse con el tema, y defendiendo la idea de que el lenguaje no es neutro, nos parece de interés dejar asentada la siguiente observación.

Hay conceptos que encierran connotaciones negativas, peyorativas u ofensivas y otros que, por el contrario, denotan una mirada favorable. En el tema en análisis esta aseveración se presenta de manera clara...

Las parejas que no han pasado por el registro civil reciben en el derecho comparado una gran cantidad de denominaciones como ser uniones de hecho, uniones no matrimoniales, matrimonio de hecho, parejas no casadas, convivencia more uxorio, uniones libres, uniones extramatrimoniales, familia no matrimonial, vida marital, concubinato, unión concubinaria, mancebos, contrato de unión civil o, según una obra reciente, unión extraconyugal (21). Si bien algunas presentan ciertas particularidades (por ejemplo, si presentan o no impedimentos matrimoniales), lo cierto es que todas ellas aluden a una forma de organización familiar fundada en la informalidad del vínculo. Pero no todas ellas encierran una mirada positiva, por ejemplo, y tomando como ejemplo lo que acontece en el derecho argentino, el Código Civil alude al término "concubinato" de manera despectiva o negativa, en general, como causa fuente de pérdida de un derecho (por ejemplo, el alimentario el excónyuge lo pierde si, precisamente, viviere en "concubinato", art.210 ).

Aquí hemos optado -y ya desde hace tiempo- por la denominación de "convivencias de pareja" en reemplazo de otros términos como el de concubinato, el que ha sido considerado por algunos doctrinarios como un término de "connotación históricamente negativa". Por otra parte, si se está a favor de una regulación integral de las relaciones de pareja no conyugales, ellas no podrían ser definidas de "uniones de hecho". Precisamente, si se pretende que sean normadas, se convertirían en "uniones de derecho" al no quedar reducidas a una situación fáctica. Esta denominación habría sido adecuada cuando las convivencias eran ignoradas por el derecho, como alegaba Napoleón, no así en el contexto actual.

En suma, dentro de una multiplicidad de opciones que se exhiben en el derecho comparado, nos parece más coherente designarlas de una manera positiva, acentuándose en el elemento esencial de estos vínculos: la convivencia; siendo una de las diferentes formas de vivir en familia, ni mejor ni peor que la matrimonial, (22) otra distinta dentro del abanico de posibilidades que observa la realidad social y es avalada desde la mirada constitucional-internacional a la luz de la noción de "pluralismo" que campea el ámbito de los derechos humanos.

En consonancia con ello, en este ensayo se utilizan los conceptos de "convivencias de pareja" o "pareja conviviente" de manera indistinta, adoptada en diversas legislaciones extranjeras como la Ley 9278/96 del Brasil o en alguna normativa específica nacional como la Ley 24.241, que regula la seguridad social, en la cual el art. 53 concede el derecho a pensión por fallecimiento a "la conviviente" o "el conviviente", como así la Ley de Transplantes de Órganos y Materiales Anatómicos, Ley 24.193, que se refiere a una convivencia de "tipo conyugal" en su art. 14 .

Esgrimidas estas cuestiones de manera preliminar, pasamos al primer interrogante disparador que se relaciona de manera directa con la ancestral disyuntiva que persigue y obsesiona al derecho de familia muy especialmente:la tensión entre autonomía de la voluntad y orden público. En este marco, cabe preguntarse si este tipo de uniones deben ser reguladas, es decir, si deben derivarse o ser causa fuente de derechos. La respuesta positiva se impone. Es que si estamos ante una de las tantas formas de organización familiar, es evidente que debe reconocérsela como tal y por ende generar vínculos jurídicos. ¿Pero qué consecuencias jurídicas? ¿Igual que un matrimonio? ¿Qué diferencia habría entre ambas figuras? ¿Ambas serían "instituciones" generadoras de un determinado "estado civil" o solo el matrimonio y la convivencia quedaría librada a la autonomía de los integrantes?

Como veremos, el debate de hoy no gira en torno a si debe o no ser regulada sino a cómo regularla y en qué sentido, es decir, con qué limitaciones o diferencias y similitudes con el matrimonio.

Para avanzar en este complejo terreno, un punto esencial y previo reside en indagar cuándo una relación afectiva no formal tiene tanta relevancia o peso en el plano fáctico que amerita su reconocimiento desde el plano legal. Nos referimos a los rasgos definidores o requisitos para la existencia o configuración de una convivencia de pareja de la cual deriven derechos y obligaciones para después indagarse sobre qué derechos y qué obligaciones.

Contamos con algunas certezas. Tras la sanción de la mencionada Ley 26.618 de "matrimonio igualitario", no se duda de que una futura reforma del Código Civil no solo receptaría de manera expresa las uniones convivenciales (así sería la denominación, en principio), sino que estas involucrarían tanto a parejas de diverso como de igual sexo. Esta es otra clara conquista o consecuencia positiva de la ampliación del matrimonio a todas las parejas, con total independencia de la orientación sexual de sus integrantes.

Ahora bien, ¿cuándo una relación afectiva que se sostiene en el plano fáctico ostenta tanta fuerza que debería producir efectos o tener relevancia desde el plano jurídico?En otras palabras, qué tiempo o plazo debe sostenerse un vínculo de pareja para que el elemento de perdurabilidad y notoriedad pública sea suficiente y amerite que el derecho deba reconocerla como tal, generando derechos y obligaciones. ¿Seis meses, un año, dos años, tres años o más y en ese caso cuánto tiempo? ¿Podría preverse un plazo diferente según el tipo de acto o derecho de que se trate o deberían nacer todos los efectos cumplido un mismo tiempo de convivencia? ¿Debe preverse un sistema de registración? En ese caso, ¿la inscripción sería un elemento constitutivo y ante su omisión o falta la relación de afecto no importa la consolidación del vínculo en el tiempo, no generaría derecho alguno? En este último supuesto, ¿sería constitucional que una pareja de muchísimos años por el solo hecho de no haberse registrado no sea causa fuente de efecto jurídico alguno? ¿La unión civil, de hecho o convivencial constituye un nuevo estado civil? Como se observa, el tema de la regulación de este tipo de organización familiar en lo relativo a los rasgos definitorios, que serían el punto de partida inicial, no es tarea sencilla.

Pero esta no es la única cuestión compleja que presenta el tema, también al indagarse acerca de los efectos que deberían nacer a partir de ellas. Es aquí donde habría que hacerse el siguiente interrogante: ¿debería la ley, necesariamente, extender los mismos efectos que admite para las parejas casadas a las no casadas como lo expresan el texto constitucional ecuatoriano tras la reforma de 2008 (23) y otros países de América latina como Cuba, Bolivia y Panamá, por citar algunos? En ese caso, cabría preguntarse dónde y en qué residiría la diferencia entre estar casado y vivir en una unión convivencial, siendo que el afecto y los requisitos de permanencia, estabilidad, publicidad, notoriedad son características que ostentan ambas.¿Acaso no habría también un derecho a no contraer matrimonio, es decir, que se respete la decisión voluntaria de no ingresar en la institución matrimonial? La disyuntiva que se deriva se refiere a cómo se vería satisfecho el principio de libertad y autonomía si con independencia de la voluntariedad de los integrantes de la pareja -quieran o no-, pasado un determinado lapso de tiempo, se reputa a la relación "como si fuera" un matrimonio para los efectos o las consecuencias jurídicas. Esta aseveración encierra una crítica fundada en la obligada perspectiva constitucional. Internacional de todas aquellas legislaciones que pasado un cierto tiempo equiparan las uniones convivenciales al matrimonio. Sucede que desde la aludida idea de "pluralismo" sería más acorde con ella respetar las diferentes formas de vivir en familia y no intentar "emparentar" todos los modelos familiares al tipo matrimonial. Este es el gran riesgo que se corre al pretender igualar situaciones que tendrían alguna diferencia, al menos seguro en su modo (formal y no formal) de constituirse.

Como lo hemos adelantado, este conflicto constitucional-internacional que impacta de manera directa en la noción de "familias" se vincula directamente con la reiterada tensión constante y latente en el derecho de familia relativa al equilibrio entre orden público y autonomía de la voluntad. A nuestro entender, esta disyuntiva podría ser sorteada si se regulara de manera distinta una de otra figura legal, siendo la convivencia de pareja una institución más flexible. Ahora bien, cabría preguntarse entonces en qué residiría la diferencia entre el matrimonio y la figura en análisis, es decir, cuál o cuáles serían los efectos diferenciales entre ambas instituciones sin violar derechos humanos básicos de sus integrantes.

¿Cómo responder a este otro interrogante? A modo de dominó se van concatenando uno y otro, tal como se puede apreciar de manera clara en este trabajo.Para ello una vez más se debe tomar como punto de partida la doctrina internacional de los derechos humanos y así preguntarse cuáles son aquellas consecuencias jurídicas que involucran derechos humanos. Entonces aparecen la obligación alimentaria, la vivienda y otras prestaciones de índole asistencial (ej. la pensión o la salud mediante la incorporación de la pareja en la cobertura médica que tenga uno de los miembros) como efectos jurídicos ineludibles que deberían generar las uniones convivenciales. De este modo, el debate acerca de qué efectos jurídicos serían diferentes entre las convivencias y el matrimonio se circunscribiría a determinadas consecuencias de tinte patrimonial "puro" (24) como ser: los bienes generados durante la unión, las responsabilidades frente a terceros y la cuestión de la contribución a los gastos cotidianos, derecho sucesorio, daños, por citar algunos (25).

Una vez más, el estudio en profundidad de este debate aún pendiente queda en el tintero. Aquí solo se intenta puntualizar o relevar cuáles serían las "nuevas tendencias" del derecho de familia contemporáneo y señalar su dirección.

A la luz de la regulación del tema en el derecho comparado, fácil se advierte la complejidad de la cuestión, no existiendo uniformidad de criterios en tantísimas cuestiones, por lo cual este tema tampoco es sencillo de abordar. ¿Qué dirá la reforma del Código Civil?

Seguramente en breve se podrán compartir las decisiones de política legislativa adoptadas. Más allá de ello y desde la perspectiva obligada hay principios de derechos humanos que no se pueden obviar como ser el de igualdad entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. ¿Acaso es posible proteger la vivienda familiar a través de la figura del bien de familia que excluye este bien de la "prenda común de los acreedores" de deudas posteriores a su constitución solo cuando se trata de hijos matrimoniales y no de hijos nacidos fuera de una pareja conyugal? La respuesta negativa es evidente.Algunos mínimos impuestos por la mirada constitucional-internacional se pueden distinguir, en particular, auspiciados por el principio de igualdad y no-discriminación, tanto con relación a los hijos como a los miembros de la pareja (de igual o diverso sexo). Sin embargo con ello solo no se edifica un régimen legal que sea armónico y, principalmente, equilibrado en término de autonomía de la voluntad versus orden público.

En breve se revelará la disyuntiva acerca de qué dirección u orientación se adopta en el anteproyecto de reforma del Código Civil. Esta será una excelente oportunidad para actualizar uno de los tantos debates pendientes que inquieta al derecho de familia contemporáneo.

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(1) Para profundizar este tema ver, entre otros: Gil Domínguez, Andrés; Famá, María Victoria y Herrera, Marisa, Matrimonio igualitario. Ley 26.618. Derecho constitucional de familia, Ediar, Buenos Aires, 2010, capítulo IV, p. 225 y ss.; Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa y Lamm, Eleonora, "Filiación y homoparentalidad. Luces y sombras de un debate incómodo y actual", LL, 2010-E- 977; Di Lella, Pedro, "Filiación y autonomía de la voluntad (a propósito de la ley 26.618)", Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Familia, 50 (2011), p. 133 y ss.; Solari, Néstor, "Algunas cuestiones derivadas de la filiación en la ley 26.618", Revista de Derecho de Familia y Persona, 5 (2011), p.8 y ss.

(2) Es dable destacar que no se alude a la determinación de la "paternidad" matrimonial como lo expresa hoy el Código Civil argentino, sino que se refiere a la determinación de la "filiación" matrimonial en un formato o modalidad neutra, ya que en los matrimonios conformados por dos mujeres ambas se sienten y son madres (co-madres).

(3) En este sentido, en el anteproyecto se propone el siguiente articulado con el cual se abre el capítulo destinado a las "Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida": 1) Consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida: «El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento informado y libre de las personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida, debiendo renovarse este cada vez que se proceda a la implantación de material genético. La instrumentación de dicho consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales, para su posterior protocolización ante escribano público». 2) Voluntad procreacional: «Los hijos nacidos de una mujer por las técnicas de reproducción humana asistida son también hijos del hombre o de la mujer que ha prestado su consentimiento informado y libre en los términos del artículo anterior, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya aportado el material genético». Agradecemos a Sandra Wierza la propuesta de reforzar la idea de que se necesita el consentimiento pleno y libre a cada implantación para evitar conflictos como el que se dirimió en el fallo de la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de fecha 13/09/2011 y cuyo planteo de recurso extraordinario se encuentra a estudio (ver Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa y Lamm, Eleonora, "La obligación de ser padre impuesta por un tribunal", La Ley, 28/09/2011, p.3 y ss).

(4) Se entiende por medida autosatisfactiva todo «requerimiento urgente que se agota con su despacho favorable, ubicando al juez en la posición de decidir tempranamente, motivo por lo que, debe actuarse con prudencia y mesura, atento que se está en presencia de un proceso de cognición restringida. Generalmente, las medidas autosatisfactivas se utilizan en cuestiones previsionales, de salud, de vida, de familia para salvaguardar garantías constitucionales y en algunos casos, también en cuestiones patrimoniales. Debe señalarse que el instituto en estudio tiene origen jurisprudencial a nivel nacional y aportes doctrinarios, careciendo de regulación legislativa y encuadre procesal, constituyéndose por ende un vacío legal» González, Evangelina M., "Aportes jurisprudenciales a las medidas autosatisfactivas", LLBA, 2010 agosto, 709.

(5) JContAdmTrib CABA Nº 4, 07/04/2011, "C. M. del P. y otra c/ GCBA", comentado por Ales Uría, Mercedes, "La doble maternidad en el derecho argentino y comparado".

(6) JContAdmTrib CABA Nº 15, 24/06/2011, "V. A. F. y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)" , Microjuris, MJJ66567.

(7) JContAdmTrib CABA Nº 6, 13/07/2011, "M. Y. M. y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)" , Microjuris, MJJ66984.

(8) Esta misma mirada crítica en torno a la noción de discrecionalidad también se observa, tal como se adelantó, en el ámbito administrativo, en particular, los registros civiles. Parecería que este término está muy presente cuando de orientación sexual se trata. ¿Por qué será que no se puede alcanzar ciertos mínimos? La reforma del Código Civil tendría, entre tantísimos objetivos, colaborar a esta causa.

(9) Para conocer las diferentes estrategias que está llevando adelante esta organización compulsar http://www.lesmadres.com.ar.

(10) Se propone como art. 1:«Establécese por el término de 1 año, contado a partir la publicación del presente decreto y con carácter excepcional prorrogable por 1 año más, un régimen administrativo para completar la inscripción del nacimiento de niños menores de 18 años de edad de matrimonios conformados por dos mujeres y nacidos con anterioridad a la sanción de la Ley 26.618»; agrega el art. 3 que «Ambos cónyuges deberán manifestar expresamente su pleno consentimiento a la inscripción en los términos del art. 36 de la Ley 26.618», por lo cual «Cumplido lo provisto en el artículo anterior, el oficial público deberá completar el acta de nacimiento y la libreta de matrimonio correspondiente» (art. 4).

(11) Recomendamos compulsar, entre los diferentes trabajos y estudios llevados adelante por Lamm, Eleonora, "La autonomía de la voluntad en las nuevas formas de reproducción. La maternidad subrogada. La importancia de la voluntad como criterio decisivo de la filiación y la necesidad de su regulación legal", Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Familia, 2011 (50), p. 107 y ss.

(12) CApelCCLab Gualeguaychú, 14/04/2010, "B. M. A. c/ F. C. C. R.", La Ley Online, AR/JUR/75333/2010.

(13) Estas consideraciones han sido expresadas y analizadas con mayor profundidad en Kemelmajer de Carlucci, Aída; Lamm, Eleonora y Herrera, Marisa, "Los criterios de determinación de la filiación en crisis", Gómez de la Torre, Maricruz (directora) y Lepín, Cristian (coordinador), Reproducción humana asistida:temas actuales [en elaboración].

(14) En el derecho argentino, tras la sanción de la Ley 24.779 , que introduce la regulación de la adopción al Código Civil (hasta ese momento, se trataba de una regulación complementaria), se regula de manera especial la llamada adopción de integración circunscripta a la adopción del hijo del cónyuge (no de la pareja conviviente, que sería en principio y amén del desarrollo de la jurisprudencia que la ha flexibilizado), una simple adopción unipersonal.

(15) Las ideas esgrimidas en este apartado han sido destacadas y profundizadas en Herrera, Marisa, "La familia en la Constitución 2020. ¿Qué famili@?", Roberto Gargarella (coordinador), Constitucionalismo 2020, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011, p. 85 y ss.

(16) CNCiv en pleno, 20/09/1994, "G. G. G. c/ B. de G. S."; JA, 1994- IV- 549.

(17) ¿Es casual que el art. 202, dedicado a enumerar las causales culpables, enuncie en primer lugar la violación al deber de fidelidad material, aquel relacionado con los aspectos sexuales dentro del matrimonio? Nos produce cierta incertidumbre saber las razones por las cuales a nuestros legisladores las cuestiones relativas a la sexualidad los han incomodado siempre, otorgándoles una regulación especial, restrictiva y sensible.

(18) Esta es la expresión que utiliza Kemelmajer de Carlucci en su excelente voto como integrante de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en un precedente del 11/07/2003 donde, precisamente, se sigue y abre la postura opuesta, en la cual se defiende la idea del cese del deber de fidelidad durante la separación de hecho (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, 11/07/2003, "G. A. B. c/ A. C. C.", LLGran Cuyo, 2003 diciembre, 868).

(19) García, Brígida y Rojas, Olga, "Las uniones conyugales en América latina: transformaciones en un marco de desigualdad social y de género", http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/22069/lcg2229-p3.pdf.

(20) "Centroamérica. Las familias, las mujeres: qué dice la realidad", Envío, http://www.envio.org.ni/articulo/136.(21) Bossert, Gustavo A., Unión extraconyugal y matrimonio homosexual, Astrea, Buenos Aires, 2011.

(22) No parecería ser esta la postura que se deriva de la Constitución peruana al disponer en su art. 4: «La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad».

(23) Expresa el art. 68 en su parte pertinente: «La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial [...] generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio». ¿Deben generar "los mismos" derechos?

(24) Para comprender con mayor exactitud esta cuestión y en particular la diferencia entre efectos patrimoniales puros y mixtos, se recomienda compulsar Grosman, Cecilia P. y Herrera, Marisa, "Aspectos patrimoniales de las convivencias de pareja: Algunas propuestas en consonancia con el desarrollo del derecho comparado", Ghersi, Carlos (director), La prueba en el derecho de daños, Nova Tesis, 2009, Rosario, p. 661 y ss.

(25) En el plano personal se observan hoy, en el derecho comparado, algunas diferencias entre el matrimonio y las convivencias de pareja como ser el mencionado deber de fidelidad. Como aquí se defiende una mayor flexibilidad o ingreso de la autonomía de la voluntad en este tema, ya no sería una diferencia entre las dos figuras en análisis; siendo que tal libertad estaría tanto en una como en la otra; aunque en el derecho comparado solo se la observe en las convivencias de pareja pero no así en el matrimonio.

(*) Versión actualizada y ampliada de la ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Derecho de Infancia y Familia, Lima, 27-28 de octubre de 2011.