ESTO NO TIENE
QUE SEGUIR PASANDO
La muerte de siete niños de las comunidades echadas de sus tierras en Salta recuerda el drama de los que no son tratados como hermanos
En apenas doce días, siete nenitos de entre seis meses y tres años murieron en el departamento de General San Martín, al norte de la provincia de Salta. Todos pertenecían a la etnia wichí y todos fallecieron a causa del estado de desnutrición en que se encontraban. En su mayoría, la diarrea estival fue la encargada de asestar el tiro de gracia.
“La otra vez fuimos noticia porque cortamos la ruta, por los pozos petroleros, pero ¿quién se va a acercar ahora por los niños que mueren de hambre, hermano? El niño no habla, no te puede decir tengo hambre, y son sólo los papás los que los están mirando y los tienen en los brazos hasta que se mueren”, interpela a Miradas al Sur, Eduardo Paliza, integrante de la comunidad wichí. Por eso, esta vez, la sorpresa fue que el tema se instaló en los medios. Porque, el año pasado, a esta altura, la cifra de niños fallecidos duplicaba a la de este 2011, y la del anterior fue aún mayor, y la del anterior, más. Así y todo, semejante espanto no mereció la escena mediática de aquellos años no electorales.
De todos modos, las explicaciones periodísticas aportaron más confusión que otra cosa. “La radio y la tele, que están acá a la vuelta nomás, dicen que ‘es un problema cultural’. Mentira. ‘Es un problema indígena’”, se queja Paliza. “Cortan el hilo por lo más delgado. Si nosotros tuviéramos todas las tierras, el río, el pescado, las frutas, las plantas, no se le pide a nadie nada. Cómo va a hacer una madre con sus hijos, si no le puede dar la fruta, ni el pescado? Acá en el norte hay mucha riqueza en la tierra, ¿pero cómo llegar si está todo alambrado y no podés pasar porque te meten tiro o te mandan a la policía?
Paliza empieza a desentramar una parte del problema. Quizá la fundamental. Al menos para las comunidades, porque todos los caciques repiten que el problema es el desempleo, y que ello está directamente ligado con la expulsión de los pobladores originarios, la ocupación de sus tierras y la instalación de industrias que generan muy poco empleo.
“El departamento de San Martín empieza en Embarcación y termina en Bolivia –cuenta el ciudadano argentino y wichí–. Son cien kilómetros de ruta. Al este están las sojeras, todos los días los aviones están tirando cagada y veneno, matando a los pueblos indígenas todos los días. Al oeste, están las petroleras, que envenenan todo, los ríos, la tierra, y matan a los animales, y eso nadie lo dice. Estamos a 2 mil kilómetros, pero la amiga Presidenta tiene que conocer la verdad”, remata.
Octorina Zamora también es salteña, es wichí y le apunta a la usurpación: “Los pobres, los indígenas, no tenemos acceso al trabajo digno, no podemos contar con los medios económicos para dar de comer a nuestros hijos. Les dan prioridad a la soja y nos despojan de nuestro territorio, de nuestro hábitat. Uno de los mayores culpables de todo esto es el tema de los despojos, el desmonte, hay muchos pueblos acorralados por vastos territorios de gente que ni siquiera son del lugar,. Hay muchos patrones que nosotros ni conocemos”.
Octorina agrega que las 17 comunidades indígenas (wichí, guaraní y quom) que viven en Embarcación y se quedaron sin territorios, también sufren inundaciones cada vez que llueve. “Encima, Embarcación está en una zona de transición entre las sierras de yungas y el Chaco salteño árido, el único pulmón ecológico que tenemos”. La Dirección de Recursos Hídricos provincial publicó un informe que “dice que el pueblo de Embarcación está en riesgo de sufrir un alud por los desmontes”. Octorina estuvo en agosto de 2009 en Buenos Aires, junto a otros veinte wichís, pidiendo a la Corte Suprema que detenga los desmontes. La Corte ya estaba al tanto: seis meses antes siete caciques wichís habían participado de la audiencia pública, junto a los gobiernos provincial y nacional, que el máximo Tribunal había ordenado al hacer lugar al amparo que detuvo por un tiempo talas y desmontes en San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
Mente, cola y corazón cerrados. En el mismo sitio donde los bebés se mueren de hambre están los campos de Alfredo Olmedo. En poco tiempo acumuló unas 160 mil hectáreas. Según fuentes provinciales, “andando mal, le da un rinde de 440 millones de pesos por año”. Alfredo Olmedo hijo, hoy diputado, declaró: “Soy orgulloso de ser del campo y pertenecer a una cultura del trabajo”. Pero los salteños aseguran que “no se le conoce sudor, nunca trabajó”. Las únicas actividades en que se lo vio antes del Congreso y de Cocodrilo fueron las carreras de motocross y motos de agua. El diputado corría en aguas más limpias que las que las comunidades traen de lejos, almacenan por días en tachos precarios y causan la diarrea. La diarrea estival, habitual en esta época, altera la absorción intestinal, lo que produce la pérdida de agua, minerales y nutrientes. En los niños pequeños, provoca rápida deshidratación. Si no se trata a tiempo acarrea consecuencias graves, como la muerte.
El aspecto cultural del problema también es complejo. Por un lado, los miembros de las comunidades wichís dan cuenta de la discriminación que sienten en las instituciones hospitalarias. Por otro lado, o no tanto, las autoridades deben lidiar con la reticencia de los aborígenes a la medicina occidental. Para colmo, el exitoso plan nacional de agentes sanitarios y de descentralización de la atención médica tiene sus vacilaciones allí. “La atención primaria de la salud es la llegada de los agentes sanitarios al territorio, muchos de la propia comunidad”, describe Susana Canela, especialista en políticas públicas. “Teníamos el centro de salud, enfermera, los médicos iban al lugar, pero la provincia ahora está teniendo un déficit de médicos en la parte pública”, explica. El sueldo de un agente de la medicina en territorio es pagado cerca de $7000.
El gobernador Juan Manuel Urtubey puso en marcha un plan de emergencia con la intención de detener la seguidilla de muertes. Y al frente del plan la puso a Canela. Urtubey plantea que “si las actividades que venimos haciendo no son suficientes, hay que buscar estrategias nuevas e integrales. Si detectamos desnutridos, nos apoya muchísimo el Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene todos los planes alimentarios con dietas especiales. Vamos a tener once nutricionistas repartidos por las comunidades, así que vamos a trabajar fuerte en este tema”, se ilusiona Canela, y suma que serán diez grupos de especialistas, universitarios e indígenas que trabajarán “comunidad por comunidad. Unas cuarenta personas se incluirían para trabajar en todo el territorio, desde Pichanal hasta Pocitos”.
Canela sabe que “la problemática que se vive no tiene que ver solamente con un problema de acceso a los alimentos, sino con un proceso educativo, con el acceso a la salud, con condiciones dignas de vida. Todo eso hace que una persona y una familia pueda cambiar su situación de vulnerabilidad y superar problemáticas tan específicas como esta”, asegura.
La Asignación Universal por Hijo llega también a estos parajes a los que no llega ni el agua. Algunos wichís lo perciben, pero otros no tienen la posibilidad porque no tienen ni documentos. La nutricionista Ana Inés Soruco Wynne es jujeña, pero trabaja con las comunidades de Salta. Hace hincapié en el error de no contemplar el multiculturalismo en el ámbito de la salud y alude a las experiencias de Venezuela, México y Chile. Los trasandinos instalaron en el Sur mapuche “hospitales interculturales donde las machis, las curadoras mapuches que tienen un espacio en los hospitales, trabajan en forma mancomunada con los agentes de salud clásicos”.
El drama no puede quedar oculto detrás de la multiplicidad de factores que inciden en la problemática, todos los años mueren niños, que parecen ajenos como si fueran de una isla.
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