Errores, medias verdades y silencios al servicio de la banca
Por Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla www.juantorreslopez.com
Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, Ex-Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y Profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) www.vnavarro.org
Ambos son miembros del Consejo Científico de Attac España www.attac.es
El Consejo Científico de Attac es un colectivo formado por académicos españoles y extranjeros que desean contribuir a que las propuestas políticas que realiza Attac tengan el máximo rigor y fundamento científico. Integran actualmente el Consejo Científico los siguientes miembros:
Albert Recio Andreu, Alberto Garzón, Alejandro Nadal, Alicia Gil Gómez, Amando García, Ángel Martínez González-Tablas, Arcadi Oliveres Boadella, Armando Fernández Steinko, Carlos Alfonso Mellado, Carlos Berzosa Alonso Martínez, Carlos Jiménez Villarejo, Coral del Río Otero, Cristina Carrasco Bengoa, Daniel Raventós, Ernest García, Gerardo Pisarello, Ignacio Ramonet, Jaime Pastor Verdú, Jorge Fonseca Castro, José Adelantado, José Manuel Naredo Pérez, Juan Hernández Vigueras, Juan Torres López, Juan Francisco Martín Seco, Julio Rodríguez López, Lina Gálvez Muñoz, Lourdes Beneria, Luis Enrique Alonso Benito, Mª José Fariñas Dulce, Mª Rosario Valpuesta Fernández, Marcos Roitman Rosenmann, María Pazos Morán, Montserrat Galcerán Huguet Nuria Almirón Roig, Oscar Carpintero Redondo, René Passet, Teresa Pérez del Río, Vicenç Navarro López. José Luis Sampedro es el Presidente de Honor del Consejo Científico y Ricardo García Zaldívar su Coordinador
El grupo de 100 economistas neoliberales que ya hiciera en su día una propuesta de reforma laboral que proponía facilitar el despido como manera de resolver el problema del desempleo, acaba de hacer otra para reducir el gasto en pensiones públicas patrocinada también por FEDEA (una fundación financiada por la banca y las cajas de ahorros así como por las grandes empresas de este país) que contiene gran cantidad de errores, medias verdades y silencios que llevan a confundir gravemente a la opinión pública y que creemos necesario desvelar para tratar de evitarlo (La propuesta puede verse en http://www.fedea.net/propuestas/pensiones/index.html).
Dejaremos a un lado las opiniones que, según los medios de comunicación, expresaron sus promotores en la rueda de prensa y que no pueden calificarse sino como auténticos disparates, como el del profesor del IESE de la Universidad de Navarra Javier Díaz Jiménez quien afirmó que el Pacto de Toledo es "la mayor estafa para el contribuyente español por dejar en manos de los políticos la reforma de las pensiones" (Europa Press, en Los '100' economistas proponen calcular la pensión en función de toda la vida laboral). Una expresión no solo profundamente antidemocrática sino bochornosa, impropia de unos profesionales académicos y que parece indicar que tal portavoz de los 100 economistas neoliberales prefiere que sean tecnócratas, próximos a la banca, los que diseñen tal reforma. Al parecer, estos economistas no entienden que en una democracia son los representantes de la ciudadanía los que deben decidir sobre los fondos públicos, dentro de los cuales los de la Seguridad Social son los más importantes.
Para hacer más fácil la lectura de este texto, que no puede extenderse mucho y que solo pretende divulgar la crítica a esta propuesta más que realizar con ella un trabajo académico al uso, iremos comentando las afirmaciones de los 100 que nos parecen, por diversas razones, incorrectas en el orden en que aparecen en el documento de la propuesta.
1."El sistema publico de pensiones en España es injusto (...) porque las prestaciones que actualmente ofrece el sistema no se determinan de forma equitativa en función de las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral. De esta forma dos individuos que han cotizado lo mismo a lo largo de su vida pueden percibir pensiones muy distintas".
Esta frase no es rigurosa y está basada en un supuesto altamente cuestionable, pues va en contra de los principios de un sistema de pensiones públicas que debe caracterizarse por su aseguramiento universal.
a) No es rigurosa porque lo que cada persona entiende por justo o injusto es siempre subjetivo. Los 100 economistas deberían afirmar, por tanto, que "en su opinión" lo es, pero no pueden pretender que lo que es injusto para ellos lo sea también para todas las personas. Sobre todo, cuando se sabe que su informe ha estado patrocinado y financiado por entidades financieras que desean que se reduzcan los beneficios de los pensionistas a fin de optimizar los intereses de los seguros privados. Unos intereses que no necesariamente coinciden con los intereses de la mayoría de pensionistas.
El principio de que los beneficios dependan primordial y exclusivamente de las cotizaciones rompe con el principio de solidaridad y redistribución, implícito en los sistemas de Seguridad Social. Los 100 economistas deberían mostrar claramente que eso es lo que se pretende en lugar de encubrir las intenciones de las entidades que financian los estudios que justifican sus propuestas con disquisiciones sobre la justicia que no tienen fundamento científico.
b) Es por ello que la justicia de un sistema de pensiones públicas basada en la solidaridad no depende de ese criterio.
Decir que un sistema público de pensiones de reparto, es decir, basado en el principio de la solidaridad, es injusto por esa razón es tan absurdo como decir que lo es un sistema sanitario financiado por toda la ciudadanía porque todos cotizamos más o menos por igual y, sin embargo, no todos tenemos las mismas enfermedades y no hacemos el mismo uso del sistema sanitario.
c) Como es sabido, los beneficios que perciben los pensionistas están relacionados en parte con las cotizaciones puesto que no todas las pensiones son iguales. Ahora bien, lo que debe deducirse de ahí es que hay espacio para reformas en el sistema de pensiones públicas en la línea de hacerlas más equitativas. Pero esto es un objetivo que no se consigue a través de un sistema de capitalización
(es decir, vinculando directamente la pensión a la cotización), sea público o privado, que es lo que en definitiva el manifiesto propone.
2. "La reforma es inevitable porque la ratio entre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) y la población mayor de 65 años pasará de, aproximadamente, 4 en la actualidad a 1,65 en 2050".
Esta afirmación no es cierta por tres razones:
a) En primer lugar, no es cierta porque no hay una sola reforma posible. Por tanto, no se puede calificar como evitable o no a "la reforma" (es decir, la que proponen los 100). En todo caso, tendrían que haber dicho "La reforma que nosotros proponemos es inevitable". En ese caso, los 100 economistas neoliberales tendrían que demostrar que todas las demás son evitables. Y no lo hacen.
b) En segundo lugar, no es cierta porque la razón que dan los 100 para considerar inevitable "su" reforma es que, según dice textualmente su propuesta: "en ausencia de reformas, el gasto en pensiones prácticamente se duplicará en las próximas décadas, pasando del 8% del PIB actual a más del 15% en 2050".
Pues bien, es falso que por esta razón incluso "su" reforma sea inevitable. En contra de la opinión de los 100 (que no fundamentan), otros muchos economistas afirman que, incluso sin reformas, ese 15% del PIB (o incluso el 17% de otras estimaciones) sería perfectamente asumible por la economía española. En realidad, Italia se gasta ahora un 14% de su PIB en pensiones (un punto menos de lo que España se gastaría según el manifiesto en 2050) sin que el sistema público de pensiones haya colapsado como el manifiesto predice para España.
Por otra parte el hecho de que el porcentaje del PIB en pensiones se doble no tiene por qué crear ninguna alarma lo cual es fácil de demostrar.
Supóngase que la productividad creciera un 1,5% por año, una cifra razonable. Es el promedio de crecimiento de la productividad en España de los últimos cuarenta años. Ello implica que si el PIB de España fuera 100 ahora, en el año 2050 el PIB habría crecido 2,25 veces, siendo 225. Pues bien, si en el año 2007 nos gastamos el 8% del PIB en pensiones (es decir, 8 de 100), según aquellas predicciones alarmistas en el año 2050 nos gastaremos el 15% del PIB en pensiones (sobre 225 unidades significa 33 unidades).
Pero ello quiere decir que en el 2007 nos quedaban 100-8= 92 unidades para los no pensionistas, mientras que en el 2050 quedarán para los no pensionistas una cifra incluso mucho mayor 225-33=192, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB en pensiones sea entonces mucho más elevado (15%) que en el 2007 (8%).
En realidad hace 40 años el porcentaje del PIB en pensiones era solo un 3%. En el año 2010 es el 9%, tres veces más que hace cuarenta y ello no ha significado la crisis de la Seguridad Social o que los no pensionistas tengan ahora menos recursos que entonces.
c) El manifiesto sorprendentemente ignora el impacto que la productividad tiene en los recursos disponibles para la población. Hace 40 años el porcentaje de la población española que trabajaba en la agricultura era el
18% de la fuerza laboral. Hoy, es solo el 2%. Este 2% produce suficiente alimento para alimentar a toda la población española y reciben subsidios del Estado para
que no produzcan más. Y ello debido a que un trabajador agrícola ahora hace lo que hacían 9 trabajadores hace 40 años debido a un enorme incremento de la productividad. ¿Se imaginan los lectores el ridículo que hubieran hecho 100 economistas hace 40 años alarmando a la población debido a la disminución de trabajadores en la agricultura, señalando que ello crearía un enorme problema de falta de alimento creando hambre en España? Pues esto es lo que está ocurriendo con este manifiesto neoliberal. Sustituyendo la palabra alimento por pensiones se verá lo absurdo que resulta afirmar, como hace el manifiesto, que en 2050 no habrá suficientes cotizantes por pensionista como consecuencia de que la relación entre adultos y ancianos pase de 4 actualmente a 1,65 en 2050.
En realidad hace 40 años el porcentaje del PIB en pensiones era solo un 3%. En el año 2010 es el 9%, tres veces más que hace cuarenta y ello no ha significado la crisis de la Seguridad Social o que los no pensionistas tengan ahora menos recursos que entonces.
d) El error se amplifica porque los 100 economistas tienen en cuenta solamente la llamada dependencia demográfica, es decir, la relación entre el número de personas adultas y el de ancianas. Según las cifras que citan, se pasaría de 4 adultos por cada anciano de ahora a 1,65 en 2050. Pero lo que es importante no es el número de adultos respecto al de ancianos sino el de trabajadores respecto al de pensionistas. Pero si asumimos que todos los ancianos son pensionistas y que la tasa de participación de la población adulta en el mercado de trabajo actual que es del 60% pasaría, según estima el manifiesto, al 70% en 2050, entonces el número de trabajadores por pensionistas pasaría de los 2,40 de la actualidad a 1,15 en 2050, lo cual es una disminución menos acentuada que si solo tomamos, como hacen los 100 economistas, la relación entre adultos y ancianos. Si además, tal y como hemos indicado, tenemos en cuenta el incremento de la productividad, entonces podemos ver que esa disminución es fácilmente compensable por el incremento de ésta última.
e) Otros economistas a los que los 100 neoliberales no se toman la molestia ni de citar han realizado otros análisis y predicciones contemplando distintas hipótesis sobre la evolución de la tasa de actividad y empleo y deduciendo así escenarios diferentes. Entre ellos, se encuentran los de los profesores Muñoz del Bustillo y Esteve Mora que, entre otras cosas, concluyen que si se alcanzaran en 2050 más o menos las mismas tasas de actividad y empleo que hoy día se dan en los países escandinavos, el porcentaje del gasto sobre el PIB español en 2050 sería del 13%, un "valor perfectamente asumible" en su opinión".
Por tanto, sobre esta afirmación de la propuesta de los 100 economistas de la que parte todo su planteamiento de reforma cabe decir:
a) Que está mal calculada y b) Que lo que debería deducirse de la evolución demográfica no es que han de bajar las pensiones, que es un razonamiento absurdo, como veremos más adelante, sino que hay que crear las condiciones para que aumente la productividad, la actividad y el empleo.
(Además de mejorar la distribución de la renta como señalaremos enseguida más abajo)
f) Los economistas que formulan esta propuesta no toman en cuenta el factor productividad posiblemente porque parten de los mismos errores fundamentales que comete uno de ellos, Jesús Fernández-Villaverde, al tratar de defenderse frente al argumento anterior (Críticas a las Reforma de Las Pensiones: Algunas Falacias Comunes I), un intento de defensa que ha sido contestado por Vicenç Navarro en el texto Respuesta al manifiesto neoliberal sobre las pensiones de los cien economistas (I). Fernández-Villaverde afirma lo siguiente:
e.1) "El crecimiento de la productividad de 1997 a 2007 fue prácticamente nulo".
Esta afirmación no es cierta. Según los datos de productividad comparables del conocido y respetado Groningen Growth and Development Center la productividad en España (productividad laboral por hora trabajada, labour
productivity per hour worked) creció un 6.4% entre 1997 y 2007, y un 10% entre 1997 y 2009.
e.2) "En tanto que el crecimiento de la población activa se ralentice primero y luego caiga con el envejecimiento, esto nos pondrá serios límites al crecimiento del PIB".
Esta afirmación solo se puede mantener como resultado del anterior error que lleva a creer que la productividad no va a variar o que lo hará muy poco, una afirmación que contrasta con lo que ha ocurrido a largo plazo no solo en la economía española sino casi en cualquiera minimamente avanzada. De hecho, tomando un largo periodo como debe hacerse para conocer las variaciones reales de la productividad, resulta que entre 1979 y 2009, la productividad laboral horaria creció en España un 77%. Es de un pesimismo exagerado y algo muy poco realista creer, como hacen los economistas que proponen reducir el gasto en pensiones, que a partir de ahora y en los próximos veinte o treinta años la productividad no aumentará en cifras comparables. Nosotros creemos, por el contrario, que a poco que se avance en la transformación del modelo productivo, y justamente en la medida en que la economía española se aleje del modelo basado en la competitividad a través de bajos costes laborales que proponen los neoliberales y se incremente la dotación de capital social mediante incrementos de gasto público, además del privado dedicado a I+D+i es fácil que se alcance un crecimiento aún mayor que al de años pasados en las próximas tres décadas.
e) Para tratar de contrarrestar la crítica que se hace a estos economistas neoliberales por caer en el grave error de no tomar en consideración la productividad, el citado Fernández- Villaverde responde con otro planteamiento aún más erróneo, si cabe:
e.1) "El argumento definitivo es que comparar el 85% del PIB en el 2050 con el 91% en el 2010 no tiene ni el más mínimo sentido. El PIB del 2010 es un dato irrelevante. La única comparación relevante es el bienestar que tendremos en el 2050 con el sistema actual versus el bienestar que tendremos con un sistema alternativo de pensiones".
El argumento es inconsistente y doblemente erróneo.
Es inconsistente porque no se puede afirmar por un lado que la magnitud del PIB es irrelevante (lo que ya de suyo resulta una afirmación sorprendente) y al mismo tiempo que es alarmante que el gasto en pensiones alcance un porcentaje u otro del PIB.
La afirmación de Fernández-Villaverde es errónea porque, lejos de ser irrelevante, la magnitud del PIB (sin entrar ahora en las limitaciones de las que somos conscientes que adolece esta magnitud) es un dato enormemente importante, porque si la sociedad es mucho más rica (como lo será), quiere decir que tendrá muchos más recursos para los no pensionistas así como para los pensionistas, de la misma manera que la España de hoy tiene muchos más recursos que los que tenía hace cuarenta años. Como hemos dicho antes, hoy nos gastamos en España más del triple del porcentaje del PIB en pensiones PIB en pensiones que hace cuarenta años, y ello no quiere decir que las pensiones sean peores o que haya menos recursos para los no pensionistas. Considerar como alarmante que dentro de cuarenta años nos gastemos un 15% del PIB y luego decir que el tamaño del PIB es irrelevante es una enorme incoherencia, para ponerlo de una manera amable.
Y también es errónea porque no es verdad que "la única comparación relevante es el bienestar que tendremos en el 2050 con el sistema actual versus el bienestar que tendremos con un sistema alternativo de pensiones". En todo caso, habría que comparar la situación actual que proporciona el modelo vigente con el resultado de aplicar ahora su reforma y el resultado que proporcionaría en 2050 un sistema (el actual o cualquier otro alternativo pero no solo el que proponen los 100 economistas) ubicado en un entorno realista y no en un entorno en el que se amputa el crecimiento de la productividad, el del empleo o cualquier otro tipo de cambio social que no vaya en la línea de fortalecer el interés privado y del capital financiero.
3. "Para que el proceso de consolidación fiscal en que están inmersas las administraciones públicas españolas resulte creíble, es fundamental controlar el crecimiento del gasto en pensiones".
Esta afirmación es poco rigurosa en relación con la propuesta que se hace porque se mezclan dos planos del análisis.
¿Qué se busca, el mejor sistema de pensiones o la consolidación fiscal (por cierto, una forma sutil y algo tramposa de denominar al recorte del gasto público)? Los 100 afirman que es bueno el recorte y que por ello urge la reforma de las pensiones y que la reforma de las pensiones es buena porque responde a la urgente demanda de consolidación fiscal. Un razonamiento circular que no demuestra nada.
Por otra parte, hay otras alternativas para alcanzar la consolidación fiscal, distintas a la reducción de las pensiones que no son citadas en el manifiesto neoliberal.
Esta claro que no intentan tocar el sistema fiscal altamente regresivo que existe en España. ¿Porqué no aumentar la progresividad fiscal y reducir el fraude fiscal,
convergiendo con el promedio de la UE-15 en empleo y gasto público, incluyendo pensiones (cuyo porcentaje del PIB es de los más bajos de la UE-
15), en lugar de cómo siempre reducir los derechos sociales como las pensiones?
4. "Es fundamental controlar el crecimiento del gasto en pensiones que, junto con el gasto sanitario, es el elemento más desestabilizador para nuestras finanzas públicas en el medio plazo".
Esta frase responde a un análisis parcial y sesgado de la situación de nuestras finanzas públicas y de la naturaleza de los problemas sociales.
a) Con independencia de que el gasto en pensiones y en salud se encuentra en España por debajo de la media europea, la afirmación de los 100 economistas se basa de nuevo en el error de considerar solo una de las bases de las que dependería la estabilidad fiscal a la que aluden.
¿Por qué consideran los 100 economistas que lo que desestabiliza nuestras finanzas públicas es el gasto (más bajo que en nuestro entorno) y no la escasez de ingresos como consecuencia de un modelo productivo y de crecimiento inadecuados y, sobre todo, de un sistema fiscal injusto e ineficiente concebido para favorecer la evasión fiscal de las clases altas y a las rentas elevadas y del capital?
Y, sobre todo, cómo pueden hablar los 100 economistas neoliberales del gasto en pensiones y en salud como desestabilizador de las finanzas públicas cuando hace
un par de años éstas cerraban con superávit, y sabiendo que el déficit se ha producido como consecuencia de la crisis financiera y no de un incremento estructural de esos gastos.
¿Cómo es posible que estos 100 economistas consideren que es desestabilizador el gasto (más bajo que en nuestro entorno), y no la insatisfacción social que se deriva de su reducción?
5. "Existe un límite a las transferencias intergeneracionales de renta que pueden utilizarse para financiar las pensiones en un sistema de reparto sin perjudicar
el empleo y el crecimiento económico. El sistema español ya está cerca de ese límite".
Esta afirmación carece de fundamento científico.
De saberse con exactitud cuál es ese límite y cuál es el nivel exacto en el que se encuentra nuestra economía, los 100 economistas neoliberales lo proporcionarían en lugar de mencionarlo en términos generales e inconcretos. Pero es materialmente imposible determinarlo, entre otras cosas, porque el nivel de empleo y el crecimiento económico están determinados también y de modo mucho más importante por otras variables y no es posible discriminar con realismo y certeza el efecto que pudiera tener esa transferencia intergeneracional de renta.
Además, los 100 economistas cometen un error importante al asociar dichas transferencias solo con los sistemas de reparto, cuando también se producen en los de capitalización y por supuesto en los que son una hay otras alternativas
para alcanzar la consolidación fiscal, distintas a la reducción de las pensiones que no son citadas en el manifiesto neoliberal.
Esta claro que no intentan tocar el sistema fiscal altamente regresivo que existe
en España. mixtura entre ambos como el que proponen.
Hoy los sistemas de capitalización privados están en una situación mucho más crítica y problemática que los sistemas públicos de reparto. En Suecia el gobierno está preocupado por la enorme pérdida de valor del componente de capitalización que el sistema permitió hace unos años. Tal como muchos economistas como Joseph Stiglitz, Dean Baker, Mark Weisbrot y muchos otros han indicado, el sistema público de reparto es más eficiente y estable que el de capitalización privada.
6. "En ausencia de otras reformas, el aumento previsto del gasto en pensiones exigiría una duplicación de las cotizaciones sociales".
Se supone que con esa afirmación se quiere decir que si se duplica el gasto sobre el PIB, como ya hemos visto que sostiene la propuesta, habrá que duplicar los ingresos por cotizaciones sociales para financiarlo en equilibrio.
Esta afirmación no es cierta por varias razones:
a) El aumento en el gasto en pensiones en relación con el PIB, si no cambian otras circunstancias relativas a la actividad, el empleo o la productividad no tendría por qué recaer solo en cotizaciones sociales. Tendría que repartirse entre éstas y la participación de los salarios sobre el total de rentas. Es decir, podría darse a costa, por ejemplo, de mayor masa salarial y menos cotizaciones si la distribución de la renta se hace más favorable a los trabajadores.
Esta cuestión elemental que los 100 economistas neoliberales parecen desconocer muestra, además, que todo lo relativo a la reforma de las pensiones está vinculado a criterios sobre la distribución de la renta, es decir, a la política, y por eso no puede ser resuelto solo por los tecnócratas.
Lo que hay detrás de la propuesta de reforma de los 100 es, por lo tanto, una propuesta política que responde a sus preferencias ideológicas pero no una proposición científica.
b) Aunque no se hiciera ninguna reforma legal, de aquí a 2050 o 2060, que es el horizonte temporal que suelen tomar las previsiones en que se basan los 100 economistas, variarían el volumen de empleo, la tasa de actividad y de paro, la parte que los salarios representan sobre la renta nacional y, sobre todo, la productividad.
Si alguna de estas otras variables, o todas ellas, evolucionaran más favorablemente que hasta ahora, el incremento que se produjera en el volumen total de las cotizaciones sería el resultado de que habría más masa salarial y no necesariamente, como dicen los 100, de que hubiera que hacer más esfuerzo para proporcionarlas.
c) Al hacer esta afirmación, los 100 economistas neoliberales manifiestan desconocer el fundamento básico del equilibrio financiero de un sistema de reparto de pensiones y que ha sido señalado, entre otros muchos economistas, por los profesores Fernando Esteve y Rafael Muñoz del Bustillo:
"Es evidente que el gasto en pensiones como porcentaje del PIB aumentará cuando la pensión media crezca por encima de la productividad, cuando aumente el componente demográfico de la tasa de dependencia, cuando disminuya tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo, o cuando se de la
combinación adecuada en estos factores. Por el contrario, los aumentos del componente demográfico de la tasa de dependencia acompañados de caídas en la tasa de desempleo, aumentos de la tasa de actividad o caídas en la relación p/ , serán compatibles con un crecimiento del gasto en pensiones con respecto al PIB
de menor intensidad, o incluso con un gasto constante en términos de PIB".
Por tanto, no se puede afirmar, como hacen los 100 economistas neoliberales, que el aumento del gasto en pensiones esté exclusivamente vinculado a la evolución Lo que hay detrás de la propuesta de reforma de los 100 es, por tanto, una propuesta política que responde a sus preferencias ideológicas, pero no una proposición científica. demográfica y que en la medida en que ésta suponga un incremento de la tasa de dependencia vaya a ser inexorable que aumente dicho gasto y, por tanto, que vaya a ser necesario el incremento de las cotizaciones sociales.
d) Esa afirmación también es falsa porque se basa en un grave error que cometen estos 100 economistas al no tener en cuenta, sobre todo, los incrementos previsibles de la productividad (es decir, del producto que se obtiene por cada hora trabajada), tal como hemos indicado anteriormente y que hemos expuesto detalladamente en el libro “¿Están en peligro las pensiones
públicas?, Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan” de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, ATTAC, 2010.
Otras simulaciones con escenarios diferentes realizadas por los profesores Esteve y Muñoz del Bustillo en el artículo citado también muestran que no tiene por qué producirse lo que afirman los 100.
e) La afirmación es también incierta porque se puede discutir si es mejor o peor recurrir a otras fuentes de financiación pero no se puede dar como inevitable que se financien solo con cotizaciones sociales. Se puede recurrir a la financiación por la vía de los presupuestos generales y cuando los 100 tratan de demostrar que recurrir a impuestos generales "tampoco resulta recomendable" se basan en medias verdades que comentaremos más adelante.
7. "Para hacer frente al aumento del gasto, sería necesario aumentar significativamente los impuestos generales, tanto sobre la población en edad de
trabajar como sobre la propia población jubilada, la cual vería así reducido significativamente el poder adquisitivo de sus pensiones".
Esta afirmación no es cierta.
Un aumento de los impuestos generales no tiene por qué suponer una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores o pensionistas puesto que éste depende también de otras circunstancias que pueden modificarse: principalmente, y además de los precios, de la producción global que pueda obtenerse, de la distribución del ingreso, de la naturaleza de los impuestos que se utilicen y de las fuentes de renta que se graven. Además, la categoría de impuestos es excesivamente genérica pues la medida de obtener fondos
para el estado gravando las actividades especulativas financieras sería una medida muy popular que podría recaudar más de un 1% del PIB destinadas a mejorar las pensiones.
Una vez más, los 100 economistas razonan sin considerar que puedan cambiar otras variables de la que depende el entorno económico general, como si éste
fuese del todo inmutable.
8. "Incrementar los impuestos sobre las rentas del capital tampoco es una opción viable.
El incremento de la imposición sobre el capital que sería necesario para financiar las pensiones simplemente no es factible, especialmente en un mundo con libertad de movimientos de capital".
Esta afirmación que es un juicio de naturaleza política, puesto que afecta a la distribución de la renta, no es, además, cierta.
a) No es cierto que sea inviable mantener niveles más elevados de imposición sobre el capital. Si fuese así, serían idénticos a los de España en todas las economías, lo que no es cierto.
b) La idea de que no es factible incrementar la imposición sobre el capital en un mundo con libertad de movimientos de capital no es científica:
¿En qué medida es eso así?, ¿no se podrían elevar nada? ¿es inevitable que en una economía como la española las rentas del trabajo, que representan Un aumento de los impuestos generales no tiene por qué suponer una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores o pensionistas puesto que éste depende también de otras circunstancias que pueden modificarse [...] más o menos el 45% del total, proporcionen el 90% de los ingresos del IRPF? ¿no tienen nada que decir sobre esto los 100 economistas? ¿no ven en ello causa alguna de la desestabilización fiscal que les preocupa?
c) Se puede incrementar la imposición sobre el capital sin detrimento de su utilización si al mismo tiempo se eleva su rentabilidad, lo que podría conseguirse si se amplían el mercado interno en lugar de reducirse y mejores condiciones de demanda, entorno productivo y de competitividad no basada solo en costes
laborales o fiscales para la economía española.
d) La afirmación se basa en aceptar que la libertad de movimientos de capital es una constante. Pero no lo ha sido siempre y no se puede establecer que ahora
vaya a ser inmodificable.
e) No es científico razonar de esa forma. Los 100 economistas deberían demostrar que mantener ese principio y renunciar a la imposición sobre el capital (y no solo a ella) es mejor para la eficiencia, la estabilidad o la equidad y para el sistema de pensiones públicas.
Algo que no se ha conseguido demostrar hasta el momento mientras que sí se ha podido comprobar, por el contrario, que este régimen (favorable principalmente
para los grandes propietarios de capital) está asociado con la inestabilidad financiera y económica y con el incremento en el número de crisis.
f) Existe amplia evidencia por otra parte que es altamente aconsejable no solo regular sino gravar al capital financiero especulativo que puede incluso hacerse a nivel de un país tal como varios países lo están haciendo.
9. "En cualquier escenario de reforma, la solución al problema de la sostenibilidad de las pensiones pasa también por incentivar el ahorro para la jubilación".
Esta afirmación tampoco es cierta.
a) La sostenibilidad del sistema de pensiones públicos no depende de que se incentive el ahorro. Eso ocurre así en los sistemas (como el que proponen los 100 pero no en todos) en los que la pensión se vincula al ahorro personal pero no en los que se basan en la solidaridad como el de reparto español. De hecho, si los españoles ahorrasen todo lo suficiente para hacer frente a sus gastos una vez que se dejase de trabajar no haría falta que recurrieran a una "pensión". Eso es lo que le ha pasado siempre a los ricos: no necesitan pensiones porque tienen su ahorro, al igual que no necesitan sanidad pública porque tienen dinero para pagar la privada.
A la hora de hacer su propuesta sobre pensiones, los 100 economistas neoliberales piensan en cuál es la mejor forma de sacar partido al ahorro personal pero no en la que mejor satisface las necesidades sociales cuando no toda la población dispone de ingresos para garantizarse, a través de su ahorro, una jubilación digna.
b) Como hemos mencionado antes, la sostenibilidad de las pensiones pasa principalmente por otros factores: actividad económica, empleo suficiente, distribución de la renta no muy asimétrica en relación con los salarios...
En realidad, esta afirmación responde, como hemos dicho, a la preocupación por optimizar el ahorro personal y se orienta a satisfacer lo que quisiera la banca y
el conjunto de las entidades financieras: que las pensiones no fueran tales sino ahorro acumulado y que eso ahorro lo gestionen ellas. Lo que es más fácil de conseguir si se va debilitando la prestación pública y se logra que las rentas más elevadas destinen fondos en el sistema privado a complementar su pensión pública.
10. "No es conveniente someter a la sociedad, y en especial a nuestros jóvenes, a una preocupación e incertidumbre continuas sobre el alcance final y la culminación de la reforma de las pensiones".
Hay que estar completamente de acuerdo con esta afirmación de los 100 economistas neoliberales.
El problema es que pasan por alto la verdadera causa que produce preocupación e incertidumbre: ellos mismos y sus análisis siempre catastrofistas y continuamente equivocados.
¿Hay alguna manera más directa de producir incertidumbre y preocupación que presentar a la ciudadanía predicciones agoreras sobre la evolución del sistema público de pensiones que nunca, nunca, nunca se han cumplido?
¿No tienen nada que decir los 100 economistas ante los errores continuos que ellos mismos han cometido a la hora de elaborar las predicciones en las que basan su propuesta?
¿No tienen nada que señalar ante la preocupación que generan sus predicciones sobre los déficit del sistema que no se han cumplido en ninguna ocasión?
¿Quién está sembrando de verdad la preocupación y la incertidumbre?
Como han señalado muchos expertos en el sistema de pensiones (que posiblemente nunca leen los 100 economistas neoliberales a tenor de la bibliografía que muestran para argumentar su propuesta), lo que se está
persiguiendo con propuestas como ésta es crear mitos sobre la "insostenibilidad" la "quiebra" o el "hundimiento" del sistema público para crear así la atmósfera que termine por considerarlas como inevitables por toda la población.
Un indicador del carácter ideológico del manifiesto es la selectividad en las referencias bibliográficas. Existe una amplia bibliografía de expertos en temas de pensiones que cuestionan cada una de sus tesis y que no aparecen en su revisión bibliográfica. No es por lo tanto un documento científico sino meramente ideológico. Y así debería presentarse en los medios.
11. Como ya se ha hecho en otros países europeos, la reforma debe ser sustancial y articularse alrededor de tres principios fundamentales:
1. La pensión de jubilación tiene que ser proporcional a las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de toda la vida laboral.
2. La edad de jubilación debe ser flexible y la pensión debe depender de la esperanza de vida en el momento de la jubilación.
3. Ante nuevos cambios demográficos y socioeconómicos, el sistema de pensiones debe contener elementos de ajuste automático.
Estos principios son muy genéricos y no conllevan reformas que en sí mismas supongan mejorar o empeorar el sistema actual. Como principios su mérito o demérito dependen de la manera en que se interpreten.
Por ejemplo, si detrás de tales principios existe la postura de reducción de beneficios (en teoría para garantizar su solvencia) entonces estos principios son
profundamente negativos pues su solvencia se puede garantizar por otras medidas. Por otra parte, que la relación de beneficios sea proporcional a las cotizaciones realizadas en toda la vida laboral podrá ser una buena medida o no dependiendo de cómo se interprete cada uno de los términos utilizados en la
frase y el significado de proporcionalidad.
Y, en cuanto a la edad de jubilación, se debe de ser consciente de la mortalidad diferencial que existe en España muy acentuada por clase social. Una persona perteneciente a la decila de renta superior vive diez años más que una persona de la decila inferior. No es justo que esta última trabaje dos años más para pagar las pensiones de personas de rentas y pensiones superiores que sobrevivirán diez años más.
Por último, el manifiesto enfatiza los cambios demográficos como los determinantes del nivel de pensión, hecho que hemos mostrado que es erróneo por ignorar otras variables como la productividad, participación en el mercado de trabajo, nivel de salarios, y otros.
12. "Para avanzar en la consecución de la proporcionalidad entre la pensión y las cotizaciones efectivamente realizadas sería necesario:
- Calcular la base reguladora de la pensión utilizando la historia completa de cotización del trabajador.
¿No tienen nada que decir los 100 economistas ante los errores continuos que ellos mismos han cometido a la hora de elaborar las predicciones en las que basan su propuesta?
- Equiparar (con un esquema lineal) todos los años de cotización en la regla que calcula el porcentaje de la base reguladora.
Estas medidas harían compatibles los objetivos de sostenibilidad y de equidad, ya que hacen que las pensiones sean menos sensibles a la posible mala suerte del trabajador en el mercado laboral durante los últimos años de su carrera profesional, eliminando así situaciones poco equitativas que, por desgracia, se han convertido en muy frecuentes durante los últimos años".
Esta afirmación no es cierta por varias razones: a) Como hemos señalado anteriormente, la propuesta se basa en un concepto erróneo y no necesariamente compartido de equidad.
b) La propuesta equivale a incorporar en el sistema elementos típicos de un sistema de capitalización pero haciéndolo de modo subrepticio porque en ella no se mencionan sus inconvenientes, sus costes ni sus efectos finales sobre la pensión percibida.
c) La propia propuesta afirma que de esa forma las pensiones son menos sensibles a la posible mala suerte del trabajador al final de su carrera pero ¿y la del principio? ¿y la de las mujeres? ¿y las de las que se distribuyen a lo largo de la vida laboral?
d) Optar por un sistema más o menos basado en la solidaridad puede ser discutible, puesto que no es una opción técnica, sino política, pero lo que no se puede hacer es saltar de un sistema a otro, es decir, cambiar su naturaleza primaria, sin poner sobre la mesa, como hacen los 100 economistas, los costes y beneficios, las ventajas e inconveniente generales que eso entraña.
13. "La pensión debe depender de la esperanza de vida en el momento de la jubilación".
Esta afirmación responde a un deseo o preferencia de los 100 economistas neoliberales pero no es ni una proposición científica, ni cierta, ni rigurosa.
a) En primer lugar, los 100 economistas deberían explicar a la ciudadanía cómo se materializa esta propuesta. ¿todas las personas cobrarían la misma pensión al aplicar la esperanza media? ¿o los 100 economistas saben de algún procedimiento para conocer la esperanza de vida de cada una de ellas?
Por otra parte, el manifiesto confunde esperanza de vida con longevidad. La esperanza de vida de un colectivo puede calcularse si se tiene la longevidad de cada uno de sus componentes. La longevidad, sin embargo, es una característica individual y es de difícil predicción.
b) Además, deberían analizar sus efectos sobre la equidad en los términos en que la definen en otro lugar de su propuesta. Si la esperanza de vida es una media, ¿es justo que se aplique a todos los pensionistas cuando en la realidad cada uno de ellos va a tener una vida efectiva diferente como hemos dicho antes? ¿les preocupa desde el punto de vista de la equidad la mala suerte de algunos trabajadores en la última etapa de su vida laboral y no esta circunstancia?
c) Los 100 economistas ocultan que con esta propuesta lo que hacen en realidad es convertir el sistema de pensiones español de reparto en uno actuarial.
Como hemos señalado anteriormente, se puede estar o no de acuerdo porque insistimos que, en contra de lo que afirman los 100 economistas neoliberales para imponer su propuesta a la población, la opción por un sistema de reparto basado en la solidaridad es política y no técnica. Pero lo que no se puede hacer es tratar a un sistema de reparto como si no lo fuese, o tratar de cambiar su naturaleza por la puerta de atrás. [...] la pensión que deba recibir un jubilado [...] no depende sustancialmente de lo que el jubilado haya cotizado a lo largo de su vida, sino del esfuerzo que toda la sociedad desee hacer para garantizar a toda la población una jubilación digna de que la pensión que deba recibir un jubilado va a depender principalmente de la aportación que hacen al sistema los trabajadores que en ese momento están trabajando. Por tanto, no depende sustancialmente de lo que el jubilado haya cotizado a lo largo de su vida, sino del esfuerzo que toda la sociedad desee hacer para garantizar a toda la población una jubilación digna. Al igual que el servicio sanitario que recibe una persona en un sistema público de salud no depende de que haya cotizado más o menos sino de lo que se haya establecido por la sociedad como servicio al que tienen derecho todas las personas.
d) Los 100 economistas neoliberales modifican el sistema, su filosofía y modo de funcionamiento, pero sin poner sobre la mesa los costes e inconvenientes que el
nuevo tiene. Y, sobre todo, uno principal: la disminución en la pensión que van a sufrir las clases trabajadoras de salario más bajo, las personas con empleo precario o temporal y, en general, las que tienen menos capacidad de ahorro, que son cada vez más a tenor de la evolución de los salarios como consecuencia de la aplicación que, por otro lado, proponen los economistas como estos 100 que hacen la propuesta.
14. "El aumento de la esperanza de vida hace necesario que la vida laboral se prolongue si queremos disfrutar de unas pensiones similares a las actuales".
Esta afirmación tampoco es cierta, como se puede deducir ya claramente de lo que hemos expuesto anteriormente y, desde el punto de vista del diseño de políticas económicas y sociales, es un absurdo que llevaría a considerarlas como completamente inútiles.
a) En realidad, esa afirmación equivale a decir, "si queremos disfrutar de unas pensiones similares a las actuales es necesario que no disfrutemos de las pensiones". Siguiendo el razonamiento que estos 100 economistas neoliberales hacen en relación con las pensiones, habría que decir que para hacer frente al gasto sanitario que va a llevar consigo el incremento de la esperanza de vida se "hace necesario" que los enfermos vayan menos veces a las clínicas y que pasen
más tiempo sanos, para que así el sistema no gaste tanto. Un absurdo, al menos como criterio para diseñar políticas de bienestar.
b) Con independencia de que efectivamente sea bueno incorporar elementos de flexibilidad en la edad obligatoria de jubilación en virtud de que hoy día se envejece en mejores condiciones y más tarde para ciertas actividades laborales, lo que no se puede afirmar es, como ya hemos señalado reiteradamente, que solo la variable demográfica determina el gasto general en pensiones o su cuantía concreta. Si a un alumno de tercero o cuarto de Económicas se le pide que elabore un modelo elemental de equilibrio financiero de un sistema de pensiones para calcular el gasto en pensiones que puede soportar una economía sin generar desequilibrio financiero, y lo elabora contando solo con la esperanza de vida, habría que suspenderlo.
15. "Estas medidas contribuyen igualmente a la sostenibilidad y a la equidad".
Esta afirmación tampoco es cierta. a) ¿Tiene sentido hablar de sostenibilidad del sistema de pensiones públicas cuando lo que se propone es limitar su alcance?
b) Si los 100 economistas neoliberales que hacen esta propuesta consideran que el sistema de pensiones es sostenible cuando no tiene déficit ¿cómo es que no indican cómo se puede alcanzar esto y se limitan a afirmar que es inevitable actuar sobre el gasto? ¿cómo es que no muestran a la sociedad que hay diversas variables sobre las que actuar? ¿acaso es que ellos no las tienen en cuenta? ¿cómo es que no es refieren a otras políticas sobre el entorno que proporcionen sostenibilidad financiera sin disminuir el gasto?¿por qué dan por hecho que a la sociedad le interesa el ajuste que ellos proponen solo a través del gasto que es
justamente el que beneficia a las clases con más renta y el que perjudica a las que menos ingreso tienen?
c) Solo se puede afirmar que la propuesta que realizan beneficia a la equidad si ésta se entiende como estricta correspondencia entre lo aportado al sistema y lo recibido pero ni siquiera así se puede afirmar que la propuesta sea completamente equitativa porque no hay manera posible de prever todas las contingencias (las "malas suertes") que pueden afectar en la vida activa y en la jubilación a las personas.
d) Los economistas neoliberales que hacen estas propuestas actúan como si fueran depositarios de las preferencias sociales y sus únicos intérpretes. Así lo demuestra uno de ellos, el citado Fernández-Villaverde cuando afirma:
"Entre subir los impuestos para pagar el 6% adicional o trabajar dos años más, el bienestar social será más alto trabajando dos años más".
Quien hace una afirmación como esta no parece darse cuenta de que hacer que los trabajadores trabajen dos años más significa un enorme aumento de los impuestos y cotizaciones sociales.
La pregunta que debe hacerse es ¿qué prefiere la población: ir pagando estas cotizaciones, que irán aumentando, consecuencia del aumento del salario y de la productividad y jubilarse a los 65 años, o no incrementar sus cotizaciones sociales y en cambio retrasar la edad de jubilación en dos años, pagando impuestos y cotizaciones sociales por dos años más? O en otras palabras, ¿qué prefiere la población, que se vayan aumentando gradualmente las cotizaciones sociales (resultado del aumento de los salarios y de la productividad) durante cuarenta años y jubilarse a los 65 años, o recibir menos pensiones, retrasar la edad de jubilación dos años y continuar pagando impuestos y cotizaciones sociales durantes dos años más? Toda la información
que tenemos apunta a que la población en la mayoría de países de la OCDE prefiere la primera solución.
e) El concepto de equidad que defienden los economistas que proponen esta reforma neoliberal es radicalmente inaceptable porque no respeta principios elementales como, entre otros, que no se puede tratar igual a los desiguales.
Así, cuando proponen subir la edad de jubilación no tienen en cuenta la desigual situación de las personas ni tienen en cuenta el valor de la solidaridad.
En Estados Unidos, Dean Baker, uno de los economistas que ha trabajado más en el tema pensiones, acaba de publicar un informe (“The Impact of Income Distribution on the Lenght of Retirement”. “Center for Economic and Policy Research”. Oct. 2010), en el que analiza el crecimiento de la esperanza de vida en la población estadounidense por nivel de renta para distintas cohortes.
Y muestra que la mayoría del crecimiento de la esperanza de vida a partir de los 70 años se ha concentrado en las rentas superiores, siendo tal crecimiento relativamente menor en las rentas inferiores. En realidad, Baker muestra que para estas rentas, el alargamiento de la edad de jubilación a los 67 años significa una reducción considerable de tiempo de jubilación, de manera que tendrán un tiempo de jubilación incluso menor que sus abuelos. No existen datos en España que hubieran permitido hacer estos estudios en cohortes por distintos periodos, pero es muy probable que la situación sea semejante, pues España es, junto con EEUU, el país que tiene mayores desigualdades de renta y mortalidad entre los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo).
CONCLUSIÓN
Como conclusión de esta crítica de la propuesta de reforma de nuestro sistema de pensiones de los 100 economistas neoliberales cabe preguntarse cómo es posible que estando tan manifiestamente llena de errores y lagunas y basada en predicciones erróneas que nunca han coincidido con la realidad, goce de tanta difusión y beneplácito.
Para contestarla creemos que basta con comprobar quiénes son los patronos y financiadores de la fundación que ha presentado la propuesta (FEDEA) y de la mayoría de los estudios que han servido estos últimos años para realizar las predicciones catastrofistas que, como hemos señalado reiteradamente, nunca han sido capaces de corresponderse con la realidad: los grandes bancos y empresas españolas (ver www.fedea.es/002_AcercaDe_MiembrosConsejo.asp).
No tenemos la menor duda de que estos 100 economistas son grandes profesionales, entregados en cuerpo y alma a su actividad y con el deseo de realizar su trabajo de la mejor manera posible, aunque el comportamiento de muchos de ellos, como el mencionado Fernández- Villaverde, a la hora de enfrentarse a la crítica sea francamente altivo e insultante, sin ni siquiera mencionar por su nombre a la persona que lo critica respetuosamente, aunque ésta sea un científico de reconocida reputación mundial, y limitándose a decir de él que sus argumentos son "bastante confusos" y que "no entiende mucho de economía".
La realidad de los hechos es que estos argumentos mantienen tesis que están
equivocadas como resultado seguramente de una causa principal fácilmente
detectable en la documentación científica con que pretenden demostrar el fundamento de sus proposiciones: solo leen y toman en cuenta lo que
confirma sus posiciones teóricas. Desconocen todo aquello que plantea análisis y alternativas diferentes a las suyas. Basta ver la bibliografía que utilizan y citan como apoyo a sus tesis para comprobar que allí no están los autores que realizan otros análisis y llegan a conclusiones distintas. Y así es muy difícil, por no decir imposible, que se llegue a conocer la verdad.
Tampoco es difícil entender cómo es posible que, a pesar de que sus análisis y predicciones siempre fallan (como insistimos que ha ocurrido con TODAS las que han hecho sobre la aparición de déficit en el sistema español de pensiones), sigan gozando de la confianza de sus patronos y financiadores.
Debe ser sin duda un caso único en la actividad profesional: ¿quién seguiría contratando a un ingeniero que siempre falla en sus cálculos, o a un médico a quien se le murieran todos sus pacientes...? ¿no es sintomático que los bancos y las mayores empresas españoles sigan contratando a los mismos economistas que yerran en sus predicciones? ¿no es eso una muestra evidente de que no buscan conocer la verdad sino difundir las tesis que mejor le convienen para confundir a la población y lograr así que se acepten como inevitables las propuestas que van a incrementar sus beneficios y su poder?
No podemos saber si la intención que mueve a estos 100 economistas neoliberales es coadyuvar a ese objetivo pero lo cierto es que el efecto que producen su propuesta sobre pensiones es muy claro: ponerle las cosas fáciles a la banca difundiendo afirmaciones inciertas y muy poco rigurosas.
Han asumido hasta tal punto la perspectiva de análisis de la banca y del sistema capitalista que incluso su vocabulario lo delata. Así, Fernández-Villaverde, en su escrito mencionado, habla del "riesgo de la supervivencia" o dice que "la mortalidad entre los 65 y los 67 años se ha reducido de manera dramática". Dos lapsus calami, en el mejor de los casos, que muestran la consideración que le dan este tipo de economistas a la vida y al bienestar humano: la de un puro valor actuarial.
La ciudadanía debe ser consciente de que estos economistas están difundiendo auténticos "mitos" sobre el futuro de las pensiones, la expresión es del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. La banca trata de hacerse con el ahorro de los trabajadores y de toda la población y para ello procura repetir mentiras hasta la saciedad esperando que a fuerza de repetirlas se conviertan en verdades.
La ciudadanía debe reaccionar, informádonse por su cuenta y exigiendo más debate público y más pluralidad en los medios de comunicación.
La ciudadanía debe ser consciente de que estos economistas están difundiendo auténticos "mitos" sobre el futuro de las pensiones
ATTAC ESPAÑA
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