Jorge Eduardo Acosta
Conocido como "el Tigre", era un capitán de corbeta jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 basado en la ESMA y de ese centro clandestino de detención. Era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA. En particular fue quien tomó la decisión de arrojar al río al grupo de monjas francesas Duquet y Domon y las madres de Plaza de Mayo Villaflor, Ballestrino y Ponce , así como la muerte de Dagmar Hagelin.
Juicios [editar]Beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, fue detenido nuevamente y permanece en arresto preventivo por su participación en el robo de niños nacidos en cautiverio.
Anuladas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por el Congreso en 2003, se reabrieron las causas en las que estaba imputado. En agosto de 2006 la justicia argentina decidió elevar a juicio oral y público la causa de la ESMA en la que Jorge Eduardo Acosta será enjuiciado junto a Alfredo Astiz y Adolfo Miguel Donda
En Italia se lo acusa de crímenes cometidos contra ciudadanos italianos durante la dictadura.
Juicio en España [editar]En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Rubén Franco. El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad.
El 27 de julio de 2003 el presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 420/03 modificó el criterio de rechazo de las extradiciones sustentado hasta ese momento ordenando "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la Justicia española, y abriendo así el camino a la extradición efectiva de los militares requeridos.
En agosto de 2003 el entonces presidente de España José María Aznar ordenó no continuar con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el gobierno de facto en Argentina. Esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de España en 2005, ordenando continuar adelante con las extradiciones solicitadas por Garzón
Juicios [editar]Beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, fue detenido nuevamente y permanece en arresto preventivo por su participación en el robo de niños nacidos en cautiverio.
Anuladas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por el Congreso en 2003, se reabrieron las causas en las que estaba imputado. En agosto de 2006 la justicia argentina decidió elevar a juicio oral y público la causa de la ESMA en la que Jorge Eduardo Acosta será enjuiciado junto a Alfredo Astiz y Adolfo Miguel Donda
En Italia se lo acusa de crímenes cometidos contra ciudadanos italianos durante la dictadura.
Juicio en España [editar]En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Rubén Franco. El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad.
El 27 de julio de 2003 el presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 420/03 modificó el criterio de rechazo de las extradiciones sustentado hasta ese momento ordenando "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la Justicia española, y abriendo así el camino a la extradición efectiva de los militares requeridos.
En agosto de 2003 el entonces presidente de España José María Aznar ordenó no continuar con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el gobierno de facto en Argentina. Esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de España en 2005, ordenando continuar adelante con las extradiciones solicitadas por Garzón
Orlando Ramón Agosti
Orlando Ramón Agosti (San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, 1924 – Buenos Aires, 7 de octubre de 1997) fue un militar argentino, miembro del Proceso de Reorganización Nacional que gobernó de facto su país entre 1976 y 1983 tras el golpe de estado que derrocó a la presidente María Estela Martínez de Perón.
Agosti egresó en 1947 como alférez de la Escuela Militar de Aviación. En 1951 tomó parte en la frustrada intentona que lideró Benjamín Menéndez contra Juan Domingo Perón; entre ésta y la Revolución Libertadora estuvo exiliado en Montevideo. Su carrera militar lo llevó, con el grado de brigadier, a la representación diplomática en Estados Unidos y luego en la Junta Interamericana de Defensa hacia 1972.
En 1975 recibió de manos de la presidenta el nombramiento de comandante general de la Fuerza Aérea Argentina. Sólo tres meses más tarde, junto al teniente general de Ejército Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Eduardo Massera por la Armada dieron el golpe. Opacado por sus compañeros en la Junta, fue el menos implicado en las acciones de gobierno, y en especial en la represión ilegal. En 1979 el brigadier Omar Graffigna lo reemplazó al frente de la Fuerza Aérea.
Juzgado tras la restauración de la democracia, Agosti fue declarado culpable en ocho casos de tortura y robo, y sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión y destituido de su cargo. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo polémico, redujo la pena a tres años y nueve meses de prisión; entró en ella el 24 de octubre de 1984 y cumplió su pena en el penal de Magdalena. Procesado aún por el delito de rebelión, no sería liberado hasta mayo de 1989. En 1993 solicitó judicialmente la restitución de su grado militar, petición que la justicia denegó.
Es el único militar que participó en la represión ilegal que cumplió íntegramente la pena impuesta en el Juicio a las Juntas por esa causa.
Agosti egresó en 1947 como alférez de la Escuela Militar de Aviación. En 1951 tomó parte en la frustrada intentona que lideró Benjamín Menéndez contra Juan Domingo Perón; entre ésta y la Revolución Libertadora estuvo exiliado en Montevideo. Su carrera militar lo llevó, con el grado de brigadier, a la representación diplomática en Estados Unidos y luego en la Junta Interamericana de Defensa hacia 1972.
En 1975 recibió de manos de la presidenta el nombramiento de comandante general de la Fuerza Aérea Argentina. Sólo tres meses más tarde, junto al teniente general de Ejército Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Eduardo Massera por la Armada dieron el golpe. Opacado por sus compañeros en la Junta, fue el menos implicado en las acciones de gobierno, y en especial en la represión ilegal. En 1979 el brigadier Omar Graffigna lo reemplazó al frente de la Fuerza Aérea.
Juzgado tras la restauración de la democracia, Agosti fue declarado culpable en ocho casos de tortura y robo, y sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión y destituido de su cargo. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo polémico, redujo la pena a tres años y nueve meses de prisión; entró en ella el 24 de octubre de 1984 y cumplió su pena en el penal de Magdalena. Procesado aún por el delito de rebelión, no sería liberado hasta mayo de 1989. En 1993 solicitó judicialmente la restitución de su grado militar, petición que la justicia denegó.
Es el único militar que participó en la represión ilegal que cumplió íntegramente la pena impuesta en el Juicio a las Juntas por esa causa.
Jorge Isaac Anaya
Jorge Isaac Anaya ( * Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires 27 de septiembre de 1926 - 9 de enero de 2008, ciudad de Buenos Aires) fue un militar argentino perteneciente a la Armada de la República Argentina (Marina de Guerra), que participó de la dictadura militar conocida como Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) integrando la tercera Junta Militar (Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo) que gobernó el país entre 1981 y 1982.
En 1982, durante la Guerra de Malvinas ideó, planeó y comandó el Operación Algeciras por el cual fuerzas comando argentinas planearon el hundimiento de un buque inglés en Gibraltar que fracasó a pocas horas de realizarse.
En 1985 fue acusado en el Juicio a las Juntas por haber integrado una de las Juntas y fue absuelto de un delito de privación ilegítima de la libertad; tormentos, reducción a servidumbre, encubrimiento, usurpación y falsedad ideológica que le imputaba el fiscal.
En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encontraba Jorge Anaya. El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad.
El 27 de julio de 2003 el presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 420/03 modificó el criterio de rechazo de las extradiciones sustentado hasta ese momento ordenando "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la Justicia española, y abriendo así el camino a la extradición efectiva de los militares requeridos.
En agosto de 2003 el entonces presidente de España José María Aznar ordenó no continuar con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el gobierno de facto en Argentina. Esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de España en 2005, ordenando continuar adelante con las extradiciones solicitadas por Garzón.
En 1982, durante la Guerra de Malvinas ideó, planeó y comandó el Operación Algeciras por el cual fuerzas comando argentinas planearon el hundimiento de un buque inglés en Gibraltar que fracasó a pocas horas de realizarse.
En 1985 fue acusado en el Juicio a las Juntas por haber integrado una de las Juntas y fue absuelto de un delito de privación ilegítima de la libertad; tormentos, reducción a servidumbre, encubrimiento, usurpación y falsedad ideológica que le imputaba el fiscal.
En 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encontraba Jorge Anaya. El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad.
El 27 de julio de 2003 el presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 420/03 modificó el criterio de rechazo de las extradiciones sustentado hasta ese momento ordenando "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la Justicia española, y abriendo así el camino a la extradición efectiva de los militares requeridos.
En agosto de 2003 el entonces presidente de España José María Aznar ordenó no continuar con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el gobierno de facto en Argentina. Esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de España en 2005, ordenando continuar adelante con las extradiciones solicitadas por Garzón.
Alfredo Astiz
Alfredo Ignacio Astiz (8 de noviembre de 1951), conocido como el ángel rubio y el ángel de la muerte, es un ex capitán de fragata de la Armada Argentina, que durante la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional en la Argentina se infiltró en las organizaciones de derechos humanos como espía. Perteneció al GT (Grupo de Tareas) 332 que actuaba con base en la ESMA.
Entre los delitos de lesa humanidad que se le atribuyen se cuentan casos de gran resonancia internacional como el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet por los cuales fue condenado en ausencia en Francia a cadena perpetua, y la adolescente argentina-sueca, Dagmar Hagelin.
Al producirse el golpe militar del 24 de marzo de 1976 que dio origen al llamado Proceso de Reorganización Nacional Alfredo Astiz fue asignado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), bajo el mando del capitán de corbeta Jorge Eduardo Acosta. En el marco de la Guerra sucia en Argentina en la ESMA se organizó un centro clandestino de detención y un Grupo de Tareas para realizar operaciones ilegales encubiertas numerado como GT 332. A este último perteneció Alfredo Astiz.
El Grupo de Tareas 332 realizó gran cantidad de secuestros ilegales, llevando a los detenidos-desparecidos a la ESMA, donde se estima fueron detenidos y secuestrados alrededor de 5.000 personas, de las cuales menos de un 5% sobrevivieron. Como fue contado en detalle por otro represor de la ESMA, Adolfo Scilingo, el modo básico de hacer desaparecer definitivamente a los detenidos, era a través de los denominados vuelos de la muerte, mediante los cuales se sedaba a los detenidos-desaparecidos y se los tiraba vivos al mar mediante aviones militares.
El grupo de la iglesia Santa Cruz [editar]A Alfredo Astiz se le encomendó la tarea especial de infiltrarse en las organizaciones de derechos humanos y en especial en la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Para ello adoptó el nombre falso de Gustavo Niño, simulando ser familiar de un detenido-desaparecido. Las madres solían referirse a él cariñosamente como "el rubito", debido al tono rubio de su cabello y sus ojos azules. En ese carácter Astiz se desempeñó activamente y su nombre supuesto llegó a figurar en la solicitada reclamando la libertad de una lista de detenidos-desaparecidos que las organizaciones de derechos humanos publicaron en el diario La Nación el 10 de diciembre de 1977. Astiz, bajo su nombre simulado de Gustavo Niño, solía acompañar a las madres y otros activistas de los derechos humanos, en sus reuniones y actividades en la iglesia Santa Cruz perteneciente a los padres pasionistas, en el barrio San Cristóbal de Buenos Aires y jugar con las niñas y niños que integraban la agrupación de boy scouts de la parroquia.
En diciembre de 1977 se tomó la decisión de hacer desaparecer al grupo de derechos humanos que se reunía en la iglesia Santa Cruz, en gran medida debido a que la exposición de Astiz había sido muy alta. Entre el 8 y el 10 de diciembre el Grupo de Tareas 332 secuestro y detuvo clandestinamente al grupo de Santa Cruz: Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco (las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y los activistas de derechos humanos Angela Auad, Remo Berardo, Horacio Elbert, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo.
Durante el operativo Astiz siguió aparentando ser un familiar y fue señalando con un abrazo en el atrio de la iglesia a quienes debían ser secuestrados. Durante varios años se consideró que Gustavo Niño era un desaparecido y se lo incluyó en las listas por cuyas vidas se reclamaba.
Los doce miembros de la iglesia Santa Cruz fueron torturados y asesinados al ser arrojados al mar en un vuelo de la muerte. En 2005 algunos de sus cuerpos serían hallados enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, cercano a las playas a las que las corrientes marinas los habían arrojado en 1977.
Hasta en sus peores momentos de dolor, la Hermana Alice que estaba en "Capucha"- preguntaba por la suerte de sus compañeros y en el colmo de la ironía- en forma particular por el «muchachito rubio», que no era otro que el Teniente de Fragata Astiz... (Testimonio de Lisandro Raúl Cubas, Legajo N° 6974, Informe Nunca Más, CONADEP, 1985)
Entre los delitos de lesa humanidad que se le atribuyen se cuentan casos de gran resonancia internacional como el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet por los cuales fue condenado en ausencia en Francia a cadena perpetua, y la adolescente argentina-sueca, Dagmar Hagelin.
Al producirse el golpe militar del 24 de marzo de 1976 que dio origen al llamado Proceso de Reorganización Nacional Alfredo Astiz fue asignado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), bajo el mando del capitán de corbeta Jorge Eduardo Acosta. En el marco de la Guerra sucia en Argentina en la ESMA se organizó un centro clandestino de detención y un Grupo de Tareas para realizar operaciones ilegales encubiertas numerado como GT 332. A este último perteneció Alfredo Astiz.
El Grupo de Tareas 332 realizó gran cantidad de secuestros ilegales, llevando a los detenidos-desparecidos a la ESMA, donde se estima fueron detenidos y secuestrados alrededor de 5.000 personas, de las cuales menos de un 5% sobrevivieron. Como fue contado en detalle por otro represor de la ESMA, Adolfo Scilingo, el modo básico de hacer desaparecer definitivamente a los detenidos, era a través de los denominados vuelos de la muerte, mediante los cuales se sedaba a los detenidos-desaparecidos y se los tiraba vivos al mar mediante aviones militares.
El grupo de la iglesia Santa Cruz [editar]A Alfredo Astiz se le encomendó la tarea especial de infiltrarse en las organizaciones de derechos humanos y en especial en la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Para ello adoptó el nombre falso de Gustavo Niño, simulando ser familiar de un detenido-desaparecido. Las madres solían referirse a él cariñosamente como "el rubito", debido al tono rubio de su cabello y sus ojos azules. En ese carácter Astiz se desempeñó activamente y su nombre supuesto llegó a figurar en la solicitada reclamando la libertad de una lista de detenidos-desaparecidos que las organizaciones de derechos humanos publicaron en el diario La Nación el 10 de diciembre de 1977. Astiz, bajo su nombre simulado de Gustavo Niño, solía acompañar a las madres y otros activistas de los derechos humanos, en sus reuniones y actividades en la iglesia Santa Cruz perteneciente a los padres pasionistas, en el barrio San Cristóbal de Buenos Aires y jugar con las niñas y niños que integraban la agrupación de boy scouts de la parroquia.
En diciembre de 1977 se tomó la decisión de hacer desaparecer al grupo de derechos humanos que se reunía en la iglesia Santa Cruz, en gran medida debido a que la exposición de Astiz había sido muy alta. Entre el 8 y el 10 de diciembre el Grupo de Tareas 332 secuestro y detuvo clandestinamente al grupo de Santa Cruz: Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco (las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y los activistas de derechos humanos Angela Auad, Remo Berardo, Horacio Elbert, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo.
Durante el operativo Astiz siguió aparentando ser un familiar y fue señalando con un abrazo en el atrio de la iglesia a quienes debían ser secuestrados. Durante varios años se consideró que Gustavo Niño era un desaparecido y se lo incluyó en las listas por cuyas vidas se reclamaba.
Los doce miembros de la iglesia Santa Cruz fueron torturados y asesinados al ser arrojados al mar en un vuelo de la muerte. En 2005 algunos de sus cuerpos serían hallados enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, cercano a las playas a las que las corrientes marinas los habían arrojado en 1977.
Hasta en sus peores momentos de dolor, la Hermana Alice que estaba en "Capucha"- preguntaba por la suerte de sus compañeros y en el colmo de la ironía- en forma particular por el «muchachito rubio», que no era otro que el Teniente de Fragata Astiz... (Testimonio de Lisandro Raúl Cubas, Legajo N° 6974, Informe Nunca Más, CONADEP, 1985)
Dagmar Hagelin
El 26 de enero de 1977 el Grupo de Tareas 332 de la ESMA detuvo a Norma Burgos, esposa de un alto dirigente de la organización guerrillera Montoneros. Un grupo, en el que se encontraba Astiz, permaneció en la casa de Norma Burgos con el fin de esperar la llegada, al día siguiente, de María Antonia Berger, otra alta dirigente de Montoneros.
El 27 de enero de 1977, a las 8:30 de la mañana, una joven de 17 años, rubia y de ojos celestes, llamada Dagmar Hagelin, amiga de Norma Burgos, llegó a su casa a saludarla. Debido al tipo nórdico de Dagmar Hagelin, el Grupo de Tareas pensó que era la dirigente montonera que esperaban, y en cuanto traspasó la puerta del jardín le apuntaron con las armas. Dagmar, que practicaba atletismo, respondió volviendo a salir a la calle para huir corriendo. Astiz y un cabo de apellido Peralta fueron tras ella. Astiz entonces le dio dos veces la orden de alto y procedió a dispararle, acertándole en el lado izquierdo cerca del arco superciliar izquierdo, sin causarle una herida de mucha gravedad. A consecuencia del disparo Dagmar cayó boca abajo sobre la acera. Las fuerzas de seguridad detuvieron entonces un taxi Chevrolet, chapa-patente C-086838, conducido por Jorge Eles, donde la joven herida fue introducida en el baúl. Según los dichos de los numerosos testigos que presenciaron la acción Dagmar se encontraba viva y conciente pues intentó frenar con sus manos la tapa del baúl antes de cerrarse. Dagmar fue vista con vida en la ESMA, perdiéndose todo rastro luego de marzo de 1977.
Escándalo internacional
La desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y de la joven argentino-sueca Dagmar Hagelin produjo un involucramiento activo y directo de los gobiernos de Francia y de Suecia, respectivamente, para exigir al gobierno argentino información concreta sobre las tres mujeres desaparecidas. En el caso de Dagmar Hagelin incluso reclamaron enérgicamente el presidente de los Estados Unidos James Carter y el Papa Juan Pablo II.
En noviembre de 1979 la opinión pública mundial conoció por primera vez testimonios directos de los campos de concentración en la Argentina, a través de las declaraciones de tres liberadas que habían estado en la ESMA: Ana María Martí, Alicia Milia de Pirles y Sara Solarz de Osatinsky. La prensa sueca dijo entonces que "Dagmar fue arrojada al mar", pero ninguna de las tres conocía nada sobre la suerte de la joven. Sin embargo Pirles y Osatinsky dieron a conocer una información decisiva: que Norma Susana Burgos también había sido liberada y estaba en Madrid.
Las autoridades suecas tomaron entonces contacto con Norma Burgos, quién prestó un testimonio decisivo el 13 de diciembre de 1979. Contó que mientras estaba detenida en la ESMA, vio y habló con Dagmar Hagelin en tres oportunidades, el mismo 27 de enero en que la joven fue secuestrada y nuevamente, dos o tres días después y al finalizar la primera semana de febrero. En las dos primeras ocasiones Dagmar se encontraba consciente en una camilla en la enfermería del sótano. Presentaba una herida un poco más arriba del arco superciliar izquierdo, un derrame rojizo bajo sus ojos y no podía controlar esfínteres. Llegó a preguntarle como estaba y Dagmar contestó algo equivalente a "a pesar de todo me siento bien". La última vez que la vio fue en el tercer piso, levantándose la capucha por un pocos segundos: Dagmar estaba en una habitación sola, de pié y con un camisión o bata floreada. Aproximadamente el 10 de febrero, Burgos vio que la habitación en la que se encontraba Dagmar estaba vacía y logró que un custodio le informara que había sido trasladada individualmente. Burgos declaró también que:
...a diferencia de otros casos que solían ser referidos en los diálogos entre los captores y entre estos y sus prisioneros, nunca nadie más hizo mención a la suerte corrida por Dagmar Ingrid Hagelin.
Norma Burgos incluso, tenía la blusa que Dagmar tenía puesta cuando fue secuestrada y llevada a la ESMA, y se la entregó al padre.
En su testimonio Burgos brindó otro dato fundamental, al individualizó a la persona que disparó contra Dagmar y conducía el grupo que la secuestró: Alfredo Astiz.
El 11 de abril de 1980 luego de años de intentar que el gobierno argentino colaborara para establecer lo que había sucedido con la adolescente, el gobierno sueco dio a conocer públicamente el testimonio de Norma Susana Burgos y entregó a la prensa europea una foto de Astíz diciendo:
Este es el secuestrador.
Su participación en la Guerra de Malvinas
Poco tiempo después, el 2 de abril de 1982 la Argentina ocupó militarmente las Islas Malvinas dando origen a la Guerra de las Malvinas. Astiz en esa situación fue destinado a las Islas Georgias del Sur para dirigir un grupo comando llamado Los Lagartos. El 25 de abril las tropas británicas desembarcaron en las islas. Pocas horas después Astiz, ante tropas no muy superiores y al disparo del primer misil Carl Gustav de 84 mm británico, rindió incondicionalmente el pabellón argentino. Una histórica fotografía muestra el momento en el que Astiz, de barba firma la rendición ante los capitanes Pentreath y Barker de las fuerzas armadas británicas.
Astiz quedó entonces detenido como prisionero de guerra. Francia y Suecia reclamaron entonces su extradición para juzgarlo. Pero Gran Bretaña, gobernada entonces por Margaret Thatcher, invocó la Convención de Ginebra, para negar la extradición y lo devolvió a la Argentina al finalizar la guerra.
La vida de Astiz una vez finalizada la dictadura
Más allá de las contradictorias consecuencias que para su libertad han tenido los diferentes juicios por delitos de lesa humanidad que se le han seguido, una vez terminada la dictadura Alfredo Astiz ha simbolizado paradigmáticamente las aberraciones cometidas durante la guerra sucia en Argentina y suele sufrir agresiones de diverso tipo las pocas veces que aparece en lugares públicos.
La periodista argentina Gabriela Cerruti le realizó un histórico reportaje en el que dijo, entre otras cosas:
Yo digo que a mí la Armada me enseñó a destruir. No me enseñaron a construir, me enseñaron a destruir. Sé poner minas y bombas, sé infiltrarme, sé desarmar una organización, sé matar. Todo eso lo sé hacer bien. Yo digo siempre: soy bruto, pero tuve un solo acto de lucidez en mi vida, que fue meterme en la Armada.
Juicios
La causa penal contra Astiz por la desaparición de Dagmar Hagelin fue cerrada en 1986 por considerar que la causa había prescrito.
Poco después, las presiones militares llevaron a sancionar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que cancelaron la mayoría de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia en Argentina.
Ante la impunidad establecida en la Argentina para juzgar a Astiz, Francia lo juzgó en ausencia en 1990 condenándolo a prisión perpetua, por el secuestro y el asesinato de Alice Domon y Léonie Duquet. A partir de ese momento Astiz nunca más pudo salir de la Argentina pues serían inmediatamente detenido y enviado a Francia para cumplir su condena.
En 1998 fue expulsado de la Marina y perdió su rango.
En 2003 el Congreso Nacional anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitiendo la reapertura de varias causas con la que estaba vinculado, disponiéndose por tal motivo su prisión preventiva en la mega-causa ESMA.
En mayo de 2006 fue procesado con prisión preventiva por la desaparición del grupo de la Iglesia Santa Cruz y otros seis casos de secuestros y torturas. En Francia ha sido condenado a cadena perpetua.
Poco después, el 18 de agosto de 2006 la Cámara de Casación Penal, hizo lugar al pedido de reapertura de la investigación de lo ocurrido con Dagmar Hagelin por considerarla delito de lesa humanidad y como tal imprescriptible.
Por otra parte en 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Alfredo Astiz.El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad.
El 27 de julio de 2003 el presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 420/03 modificó el criterio de rechazo de las extradiciones sustentado hasta ese momento ordenando "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la Justicia española, y abriendo así el camino a la extradición efectiva de los militares requeridos.
Simultáneamente, en agosto de 2003, el entonces primer ministro de España José María Aznar ordenó no continuar con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el gobierno de facto en Argentina. Pero en 2005 esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de España,[10] ordenando continuar adelante con las extradiciones solicitadas por Garzón.
Actualmente, el militar y represor Alfredo Astiz padece de un cáncer de páncreas.
El 26 de enero de 1977 el Grupo de Tareas 332 de la ESMA detuvo a Norma Burgos, esposa de un alto dirigente de la organización guerrillera Montoneros. Un grupo, en el que se encontraba Astiz, permaneció en la casa de Norma Burgos con el fin de esperar la llegada, al día siguiente, de María Antonia Berger, otra alta dirigente de Montoneros.
El 27 de enero de 1977, a las 8:30 de la mañana, una joven de 17 años, rubia y de ojos celestes, llamada Dagmar Hagelin, amiga de Norma Burgos, llegó a su casa a saludarla. Debido al tipo nórdico de Dagmar Hagelin, el Grupo de Tareas pensó que era la dirigente montonera que esperaban, y en cuanto traspasó la puerta del jardín le apuntaron con las armas. Dagmar, que practicaba atletismo, respondió volviendo a salir a la calle para huir corriendo. Astiz y un cabo de apellido Peralta fueron tras ella. Astiz entonces le dio dos veces la orden de alto y procedió a dispararle, acertándole en el lado izquierdo cerca del arco superciliar izquierdo, sin causarle una herida de mucha gravedad. A consecuencia del disparo Dagmar cayó boca abajo sobre la acera. Las fuerzas de seguridad detuvieron entonces un taxi Chevrolet, chapa-patente C-086838, conducido por Jorge Eles, donde la joven herida fue introducida en el baúl. Según los dichos de los numerosos testigos que presenciaron la acción Dagmar se encontraba viva y conciente pues intentó frenar con sus manos la tapa del baúl antes de cerrarse. Dagmar fue vista con vida en la ESMA, perdiéndose todo rastro luego de marzo de 1977.
Escándalo internacional
La desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y de la joven argentino-sueca Dagmar Hagelin produjo un involucramiento activo y directo de los gobiernos de Francia y de Suecia, respectivamente, para exigir al gobierno argentino información concreta sobre las tres mujeres desaparecidas. En el caso de Dagmar Hagelin incluso reclamaron enérgicamente el presidente de los Estados Unidos James Carter y el Papa Juan Pablo II.
En noviembre de 1979 la opinión pública mundial conoció por primera vez testimonios directos de los campos de concentración en la Argentina, a través de las declaraciones de tres liberadas que habían estado en la ESMA: Ana María Martí, Alicia Milia de Pirles y Sara Solarz de Osatinsky. La prensa sueca dijo entonces que "Dagmar fue arrojada al mar", pero ninguna de las tres conocía nada sobre la suerte de la joven. Sin embargo Pirles y Osatinsky dieron a conocer una información decisiva: que Norma Susana Burgos también había sido liberada y estaba en Madrid.
Las autoridades suecas tomaron entonces contacto con Norma Burgos, quién prestó un testimonio decisivo el 13 de diciembre de 1979. Contó que mientras estaba detenida en la ESMA, vio y habló con Dagmar Hagelin en tres oportunidades, el mismo 27 de enero en que la joven fue secuestrada y nuevamente, dos o tres días después y al finalizar la primera semana de febrero. En las dos primeras ocasiones Dagmar se encontraba consciente en una camilla en la enfermería del sótano. Presentaba una herida un poco más arriba del arco superciliar izquierdo, un derrame rojizo bajo sus ojos y no podía controlar esfínteres. Llegó a preguntarle como estaba y Dagmar contestó algo equivalente a "a pesar de todo me siento bien". La última vez que la vio fue en el tercer piso, levantándose la capucha por un pocos segundos: Dagmar estaba en una habitación sola, de pié y con un camisión o bata floreada. Aproximadamente el 10 de febrero, Burgos vio que la habitación en la que se encontraba Dagmar estaba vacía y logró que un custodio le informara que había sido trasladada individualmente. Burgos declaró también que:
...a diferencia de otros casos que solían ser referidos en los diálogos entre los captores y entre estos y sus prisioneros, nunca nadie más hizo mención a la suerte corrida por Dagmar Ingrid Hagelin.
Norma Burgos incluso, tenía la blusa que Dagmar tenía puesta cuando fue secuestrada y llevada a la ESMA, y se la entregó al padre.
En su testimonio Burgos brindó otro dato fundamental, al individualizó a la persona que disparó contra Dagmar y conducía el grupo que la secuestró: Alfredo Astiz.
El 11 de abril de 1980 luego de años de intentar que el gobierno argentino colaborara para establecer lo que había sucedido con la adolescente, el gobierno sueco dio a conocer públicamente el testimonio de Norma Susana Burgos y entregó a la prensa europea una foto de Astíz diciendo:
Este es el secuestrador.
Su participación en la Guerra de Malvinas
Poco tiempo después, el 2 de abril de 1982 la Argentina ocupó militarmente las Islas Malvinas dando origen a la Guerra de las Malvinas. Astiz en esa situación fue destinado a las Islas Georgias del Sur para dirigir un grupo comando llamado Los Lagartos. El 25 de abril las tropas británicas desembarcaron en las islas. Pocas horas después Astiz, ante tropas no muy superiores y al disparo del primer misil Carl Gustav de 84 mm británico, rindió incondicionalmente el pabellón argentino. Una histórica fotografía muestra el momento en el que Astiz, de barba firma la rendición ante los capitanes Pentreath y Barker de las fuerzas armadas británicas.
Astiz quedó entonces detenido como prisionero de guerra. Francia y Suecia reclamaron entonces su extradición para juzgarlo. Pero Gran Bretaña, gobernada entonces por Margaret Thatcher, invocó la Convención de Ginebra, para negar la extradición y lo devolvió a la Argentina al finalizar la guerra.
La vida de Astiz una vez finalizada la dictadura
Más allá de las contradictorias consecuencias que para su libertad han tenido los diferentes juicios por delitos de lesa humanidad que se le han seguido, una vez terminada la dictadura Alfredo Astiz ha simbolizado paradigmáticamente las aberraciones cometidas durante la guerra sucia en Argentina y suele sufrir agresiones de diverso tipo las pocas veces que aparece en lugares públicos.
La periodista argentina Gabriela Cerruti le realizó un histórico reportaje en el que dijo, entre otras cosas:
Yo digo que a mí la Armada me enseñó a destruir. No me enseñaron a construir, me enseñaron a destruir. Sé poner minas y bombas, sé infiltrarme, sé desarmar una organización, sé matar. Todo eso lo sé hacer bien. Yo digo siempre: soy bruto, pero tuve un solo acto de lucidez en mi vida, que fue meterme en la Armada.
Juicios
La causa penal contra Astiz por la desaparición de Dagmar Hagelin fue cerrada en 1986 por considerar que la causa había prescrito.
Poco después, las presiones militares llevaron a sancionar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que cancelaron la mayoría de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia en Argentina.
Ante la impunidad establecida en la Argentina para juzgar a Astiz, Francia lo juzgó en ausencia en 1990 condenándolo a prisión perpetua, por el secuestro y el asesinato de Alice Domon y Léonie Duquet. A partir de ese momento Astiz nunca más pudo salir de la Argentina pues serían inmediatamente detenido y enviado a Francia para cumplir su condena.
En 1998 fue expulsado de la Marina y perdió su rango.
En 2003 el Congreso Nacional anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitiendo la reapertura de varias causas con la que estaba vinculado, disponiéndose por tal motivo su prisión preventiva en la mega-causa ESMA.
En mayo de 2006 fue procesado con prisión preventiva por la desaparición del grupo de la Iglesia Santa Cruz y otros seis casos de secuestros y torturas. En Francia ha sido condenado a cadena perpetua.
Poco después, el 18 de agosto de 2006 la Cámara de Casación Penal, hizo lugar al pedido de reapertura de la investigación de lo ocurrido con Dagmar Hagelin por considerarla delito de lesa humanidad y como tal imprescriptible.
Por otra parte en 1997 el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención y extradición de 45 militares argentinos y un civil a quienes procesó por genocidio, terrorismo de Estado y someter a torturas a presos políticos durante el régimen de facto que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983. Entre ellos se encuentra Alfredo Astiz.El pedido fue rechazado varias veces por el gobierno argentino alegando el principio de territorialidad.
El 27 de julio de 2003 el presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 420/03 modificó el criterio de rechazo de las extradiciones sustentado hasta ese momento ordenando "obligatoriedad del trámite judicial" solicitado por la Justicia española, y abriendo así el camino a la extradición efectiva de los militares requeridos.
Simultáneamente, en agosto de 2003, el entonces primer ministro de España José María Aznar ordenó no continuar con el proceso de extradición de los solicitados por crímenes durante el gobierno de facto en Argentina. Pero en 2005 esta decisión fue anulada por la Corte Suprema de España,[10] ordenando continuar adelante con las extradiciones solicitadas por Garzón.
Actualmente, el militar y represor Alfredo Astiz padece de un cáncer de páncreas.
Reynaldo Bignone
Biografía
Biografía
Bignone nació en Morón, provincia de Buenos Aires. Ingresó al arma de Infantería del ejército a los 19 años de edad. Estudió en la Escuela Superior de Guerra y en la España de Franco antes de ser nombrado jefe del VI Regimiento de Infantería en 1964. En la promoción de 1975 que elevó a Jorge Rafael Videla a comandante en jefe de las fuerzas armadas, fue nombrado secretario del Estado Mayor del Ejército.
Participó activamente en el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, y en las operaciones de la guerra sucia. Poco después de la imposición del régimen militar, ocupó el hospital Alejandro Posadas, que se convertiría en un campo de concentración durante el régimen. Fue luego nombrado jefe del Área 480 del campo de detenidos de Campo de Mayo. En 1980 pasó a estar a cargo de los Institutos Militares.
Tras la caída de Videla en 1981, pidió el retiro. Su distancia con las cúpulas militares posteriores, durante los gobiernos de Viola y Galtieri, lo hizo un candidato ideal para asumir la Presidencia tras la decisión del ejército de responsabilizarse de la conducción política; el conflicto con los titulares de las dos fuerzas restantes, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, que habían tomado la decisión de retirarse de la junta militar, imponía una renovación. Pese a la intención del comandante del ejército, Cristino Nicolaides de demorar lo máximo posible la entrega del poder, Bignone anunció ya en su primer discurso público que su intención era convocar a elecciones para comienzos de 1984.
El proceso de retorno de la democracia, sin embargo, se vio acelerado por la catastrófica situación económica y política. José Dagnino Pastore, ministro de Economía de Bignone, declaró el “estado de emergencia” frente a los cierres de fábricas, la inflación —que superaría el 200% en el año— y la constante devaluación de la moneda.
Las presiones políticas, al mismo tiempo, se incrementaron; la junta multisectorial fundada por Ricardo Balbín y liderada por Raúl Alfonsín, intentaba lograr una entrega anticipada e incondicional del poder. Las entidades de derechos humanos, encabezadas por Adolfo Pérez Esquivel, intensificaban la campaña para el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos, mientras los reclamos de otros países por desaparecidos extranjeros llegaban por vía diplomática. El 16 de diciembre una manifestación masiva, convocada por la junta multisectorial, fue reprimida por la policía, causando la muerte de un manifestante.
Al mismo tiempo, los cuestionamientos de la Armada y la Fuerza Aérea llevaron al ejército a nombrar al general retirado Benjamín Rattenbach para investigar la gestión del gobierno acerca de la guerra de Malvinas.
El 28 de abril de 1983, tras haberse fijado la fecha de las elecciones para octubre, Bignone dictó el decreto 2726/83, ordenando la destrucción de la documentación existente sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos, así como del Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo que dictamina la muerte de los desaparecidos. El 23 de septiembre avanzaría en el proceso de eliminación de los antecedentes del gobierno dictando la ley 22.924 de Amnistía o de Pacificación Nacional para los miembros de las fuerzas armadas sobre todos los actos cometidos en la guerra contra la subversión. El Congreso declararía luego la nulidad de esta ley, pero la pérdida de los registros fue irreparable. Los descubrimientos en la Base Naval Almirante Zar, en 2006, de espionaje a civiles, revela que muchos archivos que dicen haberse destruido, siguen existiendo.
Marzo de 2004, el Presidente Néstor Kirchner observa al General Bendini retirar el retrato de Bignone en el Colegio Militar de la Nación.
Sucesos ocurridos después de su gobierno
El 30 de octubre se celebraron finalmente elecciones, en las que resultó triunfador Alfonsín, el candidato de la Unión Cívica Radical, con el 52% de los votos. Tras la constitución del nuevo Congreso el 29 de noviembre y la asunción de Alfonsín el 10 de diciembre, Bignone sería juzgado por el tribunal convocado para dictaminar la responsabilidad de las juntas militares. Se le imputaron secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante su comandancia del campo de concentración de Campo de Mayo; encontrado culpable, fue liberado sin embargo debido a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 1986.
En 1999, tras la reapertura de las causas por secuestro de menores, Bignone fue puesto de nuevo a disposición de la justicia. Debido a su avanzada edad, se encuentra en arresto domiciliario.
En enero de 2009 se anunció el inicio de un juicio oral en su contra, por el secuestro, tortura y desaparición de empleados del Hospital Posadas, sito en Haedo, Buenos Aires.
Participó activamente en el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, y en las operaciones de la guerra sucia. Poco después de la imposición del régimen militar, ocupó el hospital Alejandro Posadas, que se convertiría en un campo de concentración durante el régimen. Fue luego nombrado jefe del Área 480 del campo de detenidos de Campo de Mayo. En 1980 pasó a estar a cargo de los Institutos Militares.
Tras la caída de Videla en 1981, pidió el retiro. Su distancia con las cúpulas militares posteriores, durante los gobiernos de Viola y Galtieri, lo hizo un candidato ideal para asumir la Presidencia tras la decisión del ejército de responsabilizarse de la conducción política; el conflicto con los titulares de las dos fuerzas restantes, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, que habían tomado la decisión de retirarse de la junta militar, imponía una renovación. Pese a la intención del comandante del ejército, Cristino Nicolaides de demorar lo máximo posible la entrega del poder, Bignone anunció ya en su primer discurso público que su intención era convocar a elecciones para comienzos de 1984.
El proceso de retorno de la democracia, sin embargo, se vio acelerado por la catastrófica situación económica y política. José Dagnino Pastore, ministro de Economía de Bignone, declaró el “estado de emergencia” frente a los cierres de fábricas, la inflación —que superaría el 200% en el año— y la constante devaluación de la moneda.
Las presiones políticas, al mismo tiempo, se incrementaron; la junta multisectorial fundada por Ricardo Balbín y liderada por Raúl Alfonsín, intentaba lograr una entrega anticipada e incondicional del poder. Las entidades de derechos humanos, encabezadas por Adolfo Pérez Esquivel, intensificaban la campaña para el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos, mientras los reclamos de otros países por desaparecidos extranjeros llegaban por vía diplomática. El 16 de diciembre una manifestación masiva, convocada por la junta multisectorial, fue reprimida por la policía, causando la muerte de un manifestante.
Al mismo tiempo, los cuestionamientos de la Armada y la Fuerza Aérea llevaron al ejército a nombrar al general retirado Benjamín Rattenbach para investigar la gestión del gobierno acerca de la guerra de Malvinas.
El 28 de abril de 1983, tras haberse fijado la fecha de las elecciones para octubre, Bignone dictó el decreto 2726/83, ordenando la destrucción de la documentación existente sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos, así como del Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo que dictamina la muerte de los desaparecidos. El 23 de septiembre avanzaría en el proceso de eliminación de los antecedentes del gobierno dictando la ley 22.924 de Amnistía o de Pacificación Nacional para los miembros de las fuerzas armadas sobre todos los actos cometidos en la guerra contra la subversión. El Congreso declararía luego la nulidad de esta ley, pero la pérdida de los registros fue irreparable. Los descubrimientos en la Base Naval Almirante Zar, en 2006, de espionaje a civiles, revela que muchos archivos que dicen haberse destruido, siguen existiendo.
Marzo de 2004, el Presidente Néstor Kirchner observa al General Bendini retirar el retrato de Bignone en el Colegio Militar de la Nación.
Sucesos ocurridos después de su gobierno
El 30 de octubre se celebraron finalmente elecciones, en las que resultó triunfador Alfonsín, el candidato de la Unión Cívica Radical, con el 52% de los votos. Tras la constitución del nuevo Congreso el 29 de noviembre y la asunción de Alfonsín el 10 de diciembre, Bignone sería juzgado por el tribunal convocado para dictaminar la responsabilidad de las juntas militares. Se le imputaron secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante su comandancia del campo de concentración de Campo de Mayo; encontrado culpable, fue liberado sin embargo debido a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 1986.
En 1999, tras la reapertura de las causas por secuestro de menores, Bignone fue puesto de nuevo a disposición de la justicia. Debido a su avanzada edad, se encuentra en arresto domiciliario.
En enero de 2009 se anunció el inicio de un juicio oral en su contra, por el secuestro, tortura y desaparición de empleados del Hospital Posadas, sito en Haedo, Buenos Aires.
Antonio Domingo Bussi
Bussi, hijo de inmigrantes, ingresó a los 17 años al Colegio Militar. Egresaría cuatro años más tarde con los galones de subteniente en el arma de infantería. Fue destinado al Regimiento 28 en la ciudad correntina de Goya, y luego a la Escuela de Infantería de la próxima ciudad de Monte Caseros. En 1951 obtuvo el grado de teniente, y fue destinado como instructor al Liceo General San Martín.
Nombrado capitán en 1954, ingresó a la Escuela Superior de Guerra para formarse como oficial de Estado Mayor; permanecería allí tres años, y sería luego destinado al destacamento de Montaña de Campo de Los Andes, Mendoza. En el interín había contraído matrimonio con Josefina Beatriz Bigoglio, de Monte Caseros, que le daría cuatro hijos. Fue designado Jefe de Doctrina Logística del Estado Mayor General del Ejército Argentino, y enseñó la asignatura en la Escuela Superior de Guerra Teniente General Luis María Campos del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército. En esa condición fue enviado a recibir instrucción en el Command and General Staff College de Fort Leavenworth (Kansas, Estados Unidos). Designado teniente coronel, en 1964 se hace cargo de la jefatura de personal del Estado Mayor General; en 1966, sería trasladado como jefe al Regimiento 19 de Tucumán.
En 1968 pasa a comandar brevemente la división de planificación del comando del III Cuerpo de Ejército; un año más tarde, sería enviado como parte de la comisión de observadores argentinos a la guerra de Vietnam, donde estudiaría las tácticas del ejército de los Estados Unidos. A su regreso, retorna al Estado Mayor General, donde ocupa la secretaría primero y la jefatura de finanzas más tarde.
En 1975 es ascendido a general de brigada, y puesto al frente de la X Brigada de Infantería de la ciudad de Buenos Aires. En reemplazo de Acdel Vilas, en diciembre de ese año sería destinado a comandar el Operativo Independencia, que por Ítalo Luder, temporalmente a cargo del poder ejecutivo, había extendido a todo el país.
Bussi trasladó el centro clandestino de detención que su predecesor Vilas había instalado en Famaillá al Ingenio Nueva Baviera, y ordenó la descentralización de las torturas, estableciendo varios puntos a ese efecto; la maniobra fue realizada para evadir las inspecciones de los organismos internacionales, a los que engañó ocultando o trasladando a los prisioneros ante sus visitas. Después del golpe del 24 de marzo, Bussi fue nombrado gobernador de la provincia; en ese cargo, multiplicó y profesionalizó los grupos de tortura existentes.En 1976 designó a Héctor Domingo Calderón, policía de la Brigada de Investigaciones para que formara un grupo operativo con personal policial a este efecto.Los testimonios certifican que Bussi estuvo al tanto de los hechos, y que conoció y visitó con cierta frecuencia los centros clandestinos de detención
El informe de la Comisión Bicameral Investigadorea de las violaciones de los Derechos Humanos en la Provincia de Tucumán (1974-1983) calificó la gestión de Bussi como un vasto aparato represivo, que orienta su verdadero accionar a arrasar con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles, que eran totalmente ajenas al pernicioso accionar de la guerrilla.,recordando que, si bien Bussi afirmó en 1975, al asumir la gobernación, que "la guerrilla ya estaba derrotada", el número de víctimas se incrementó sensiblemente a partir de su asunción. Adscripta directamente la policía al ejército comandado por Bussi, se emplearon explosivos para atacar la Universidad Nacional de Tucumán, la Legislatura provincial, las sedes de la Unión Cívica Radical, del Partido Comunista, del Partido Socialista y el colegio de abogados. Varios abogados fueron asesinados, y muchos otros intimidados para evitar la defensa de los presos políticos, incluyendo los procedimientos la voladura de sus estudios y el allanamiento de morada. Médicos, sindicalistas y políticos fueron también objeto de secuestro, prisión ilegal, vejaciones y tortura.
En junio del '76, una operación logró capturar a Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo; de acuerdo a testimonios de oficiales militares, el guerrillero fue capturado vivo, y murió en el hospital militar. Su cuerpo fue congelado, y exhibido por Bussi, que a la sazón era segundo comandante del campo, en ocasión de la inauguración del museo de la subversión de Campo de Mayo.Una testigo, durante el juicio realizado en España al ex-capitán Adolfo Scilingo, declaró
que Bussi fue el responsable en Tucumán durante la dictadura de los desaparecidos. Que se le vio ejecutando de manos propias a algunos desaparecidos, como Luis Falí, a quien arrojaron a un foso de un solo tiro; otros dos detenidos desaparecidos fueron linchados por Bussi mientras se les interrogaba con la "manguera," elemento de tortura, teniéndolo varias horas hasta hacerlos morir. Que fue el responsable de exterminio. Que existen testimonios que de manos propias mató en tres casos. Que a Bussi le investigaron y tenía tres millones de dólares en bienes muebles e inmuebles (...) Que se estableció que el enriquecimiento fue posterior al 76
En 1981 Bussi se retiró, con el grado de general.
Con la restauración de la democracia al país, fue acusado junto a decenas de miembros de las Fuerzas Armadas de diversas violaciones a los derechos humanos, pero se vio beneficiado por la ley de Punto Final promulgada durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Se habían labrado en su contra más de ochocientas causas por privación ilegítima de la libertad, tormento, homicidio y falsificación de documentos.
En 1987 se presentó como cabeza de lista por un viejo partido de corte conservador, Defensa Provincial- Bandera Blanca, llevado por el político tucumano Ävila Gallo quien lo llevó como cabeza de lista; ante la sopresa de la clase política, recabó cerca del 18 de los sufragios, y se constituyó en un referente político importante. Los contactos labrados con la clase pudiente durante su gobierno, bajo el cual se desarrolló el Fondo Patriótico Azucarero, ayudaron a que en 1995 obtuviera la gobernación. Un año más tarde rompería con Defensa Provincial - Bandera Blanca para fundar el partido Fuerza Republicana, El slogan de ésa época era "la fuerza moral de los tucumanos". Durante su mandato, Bussi debió hacer frente las acusaciones de peculado por haber omitido en sus declaraciones patrimoniales la posesión de cien mil dólares en Suiza."no niego ni afirmo" fue su frase preferida en aquellos momentos.
En 1999 el partido presentó a su hijo Ricardo como candidato, lo presentó como tucumano y perdió la gobernación frente al justicialista Julio Miranda. Esas mismas elecciones lo consagraron diputado nacional, En 1999, pero la Cámara rechazó su diploma, por considerar que su "participación activa en crímenes de lesa humanidad" y su peculado lo inhabilitaban moralmente para ejercer el cargo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que en julio de 2007 finalmente dictaminaría que la Cámara se había excedido en su facultad constitucional al negar la incorporación de Bussi. Su mandato, sin embargo, había ya caducado.
En 2003 fue elegido intendente de San Miguel de Tucumán, pero no pudo asumir; tres meses después de las elecciones fue detenido por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse, el 15 de octubre de 2003, causa en la que está como acusado junto a Menéndez. Tiene además 600 casos más a enfrentar en la justicia incluido uno relacionado con la gestión de cinco millones de dólares durante su gestión como gobernador. La orden de captura dictada por el juez Jorge Parache lo obligó a renunciar al cargo, tras haber intentado infructuosamente revertir la acusación apelando al pacto de San José de Costa Rica. Se lo retuvo en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid hasta diciembre de ese año, cuando se le concedió el beneficio del arresto domiciliario en virtud de su edad. En diciembre de 2004 la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán declaró que los delitos cometidos durante su período como gobernador constituían delitos de lesa humanidad, y decretó su procesamiento por ellos.
Este año, el día 28 de noviembre, Antonio Domingo Bussi afronta nuevos juicios orales, con Jorge Rafael Videla (ex-presidente de facto y otros 15 ex-jefes militares del proceso del año 1976). El juicio y las denuncias están a cargo del jueces federales Sergio Torres, Jorge Urso y Guillermo Montenegro, en la provincia de Buenos Aires durante el transcurso de estos juicios se ha rumoreado bastante sobre su estado de salud.
Entre las acusaciones se encuentra, la privación ilegitima de la libertad, delitos de lesa humanidad, la desaparición de 72 personas y la "megacausa ESMA".
El día 28 de Agosto del 2008, Bussi fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación a prisión domiciliaria, junto con Menéndez
Nombrado capitán en 1954, ingresó a la Escuela Superior de Guerra para formarse como oficial de Estado Mayor; permanecería allí tres años, y sería luego destinado al destacamento de Montaña de Campo de Los Andes, Mendoza. En el interín había contraído matrimonio con Josefina Beatriz Bigoglio, de Monte Caseros, que le daría cuatro hijos. Fue designado Jefe de Doctrina Logística del Estado Mayor General del Ejército Argentino, y enseñó la asignatura en la Escuela Superior de Guerra Teniente General Luis María Campos del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército. En esa condición fue enviado a recibir instrucción en el Command and General Staff College de Fort Leavenworth (Kansas, Estados Unidos). Designado teniente coronel, en 1964 se hace cargo de la jefatura de personal del Estado Mayor General; en 1966, sería trasladado como jefe al Regimiento 19 de Tucumán.
En 1968 pasa a comandar brevemente la división de planificación del comando del III Cuerpo de Ejército; un año más tarde, sería enviado como parte de la comisión de observadores argentinos a la guerra de Vietnam, donde estudiaría las tácticas del ejército de los Estados Unidos. A su regreso, retorna al Estado Mayor General, donde ocupa la secretaría primero y la jefatura de finanzas más tarde.
En 1975 es ascendido a general de brigada, y puesto al frente de la X Brigada de Infantería de la ciudad de Buenos Aires. En reemplazo de Acdel Vilas, en diciembre de ese año sería destinado a comandar el Operativo Independencia, que por Ítalo Luder, temporalmente a cargo del poder ejecutivo, había extendido a todo el país.
Bussi trasladó el centro clandestino de detención que su predecesor Vilas había instalado en Famaillá al Ingenio Nueva Baviera, y ordenó la descentralización de las torturas, estableciendo varios puntos a ese efecto; la maniobra fue realizada para evadir las inspecciones de los organismos internacionales, a los que engañó ocultando o trasladando a los prisioneros ante sus visitas. Después del golpe del 24 de marzo, Bussi fue nombrado gobernador de la provincia; en ese cargo, multiplicó y profesionalizó los grupos de tortura existentes.En 1976 designó a Héctor Domingo Calderón, policía de la Brigada de Investigaciones para que formara un grupo operativo con personal policial a este efecto.Los testimonios certifican que Bussi estuvo al tanto de los hechos, y que conoció y visitó con cierta frecuencia los centros clandestinos de detención
El informe de la Comisión Bicameral Investigadorea de las violaciones de los Derechos Humanos en la Provincia de Tucumán (1974-1983) calificó la gestión de Bussi como un vasto aparato represivo, que orienta su verdadero accionar a arrasar con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles, que eran totalmente ajenas al pernicioso accionar de la guerrilla.,recordando que, si bien Bussi afirmó en 1975, al asumir la gobernación, que "la guerrilla ya estaba derrotada", el número de víctimas se incrementó sensiblemente a partir de su asunción. Adscripta directamente la policía al ejército comandado por Bussi, se emplearon explosivos para atacar la Universidad Nacional de Tucumán, la Legislatura provincial, las sedes de la Unión Cívica Radical, del Partido Comunista, del Partido Socialista y el colegio de abogados. Varios abogados fueron asesinados, y muchos otros intimidados para evitar la defensa de los presos políticos, incluyendo los procedimientos la voladura de sus estudios y el allanamiento de morada. Médicos, sindicalistas y políticos fueron también objeto de secuestro, prisión ilegal, vejaciones y tortura.
En junio del '76, una operación logró capturar a Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo; de acuerdo a testimonios de oficiales militares, el guerrillero fue capturado vivo, y murió en el hospital militar. Su cuerpo fue congelado, y exhibido por Bussi, que a la sazón era segundo comandante del campo, en ocasión de la inauguración del museo de la subversión de Campo de Mayo.Una testigo, durante el juicio realizado en España al ex-capitán Adolfo Scilingo, declaró
que Bussi fue el responsable en Tucumán durante la dictadura de los desaparecidos. Que se le vio ejecutando de manos propias a algunos desaparecidos, como Luis Falí, a quien arrojaron a un foso de un solo tiro; otros dos detenidos desaparecidos fueron linchados por Bussi mientras se les interrogaba con la "manguera," elemento de tortura, teniéndolo varias horas hasta hacerlos morir. Que fue el responsable de exterminio. Que existen testimonios que de manos propias mató en tres casos. Que a Bussi le investigaron y tenía tres millones de dólares en bienes muebles e inmuebles (...) Que se estableció que el enriquecimiento fue posterior al 76
En 1981 Bussi se retiró, con el grado de general.
Con la restauración de la democracia al país, fue acusado junto a decenas de miembros de las Fuerzas Armadas de diversas violaciones a los derechos humanos, pero se vio beneficiado por la ley de Punto Final promulgada durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Se habían labrado en su contra más de ochocientas causas por privación ilegítima de la libertad, tormento, homicidio y falsificación de documentos.
En 1987 se presentó como cabeza de lista por un viejo partido de corte conservador, Defensa Provincial- Bandera Blanca, llevado por el político tucumano Ävila Gallo quien lo llevó como cabeza de lista; ante la sopresa de la clase política, recabó cerca del 18 de los sufragios, y se constituyó en un referente político importante. Los contactos labrados con la clase pudiente durante su gobierno, bajo el cual se desarrolló el Fondo Patriótico Azucarero, ayudaron a que en 1995 obtuviera la gobernación. Un año más tarde rompería con Defensa Provincial - Bandera Blanca para fundar el partido Fuerza Republicana, El slogan de ésa época era "la fuerza moral de los tucumanos". Durante su mandato, Bussi debió hacer frente las acusaciones de peculado por haber omitido en sus declaraciones patrimoniales la posesión de cien mil dólares en Suiza."no niego ni afirmo" fue su frase preferida en aquellos momentos.
En 1999 el partido presentó a su hijo Ricardo como candidato, lo presentó como tucumano y perdió la gobernación frente al justicialista Julio Miranda. Esas mismas elecciones lo consagraron diputado nacional, En 1999, pero la Cámara rechazó su diploma, por considerar que su "participación activa en crímenes de lesa humanidad" y su peculado lo inhabilitaban moralmente para ejercer el cargo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que en julio de 2007 finalmente dictaminaría que la Cámara se había excedido en su facultad constitucional al negar la incorporación de Bussi. Su mandato, sin embargo, había ya caducado.
En 2003 fue elegido intendente de San Miguel de Tucumán, pero no pudo asumir; tres meses después de las elecciones fue detenido por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse, el 15 de octubre de 2003, causa en la que está como acusado junto a Menéndez. Tiene además 600 casos más a enfrentar en la justicia incluido uno relacionado con la gestión de cinco millones de dólares durante su gestión como gobernador. La orden de captura dictada por el juez Jorge Parache lo obligó a renunciar al cargo, tras haber intentado infructuosamente revertir la acusación apelando al pacto de San José de Costa Rica. Se lo retuvo en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid hasta diciembre de ese año, cuando se le concedió el beneficio del arresto domiciliario en virtud de su edad. En diciembre de 2004 la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán declaró que los delitos cometidos durante su período como gobernador constituían delitos de lesa humanidad, y decretó su procesamiento por ellos.
Este año, el día 28 de noviembre, Antonio Domingo Bussi afronta nuevos juicios orales, con Jorge Rafael Videla (ex-presidente de facto y otros 15 ex-jefes militares del proceso del año 1976). El juicio y las denuncias están a cargo del jueces federales Sergio Torres, Jorge Urso y Guillermo Montenegro, en la provincia de Buenos Aires durante el transcurso de estos juicios se ha rumoreado bastante sobre su estado de salud.
Entre las acusaciones se encuentra, la privación ilegitima de la libertad, delitos de lesa humanidad, la desaparición de 72 personas y la "megacausa ESMA".
El día 28 de Agosto del 2008, Bussi fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación a prisión domiciliaria, junto con Menéndez
Osvaldo Cacciatore
Egresó de la Escuela de Aviación Militar en 1946 como abanderado de su promoción. Su carrera militar estaba apenas en el comienzo cuando se plegó, en 1951, al intento de golpe de Estado liderado por el general Benjamín Menéndez y tuvo que exiliarse en Montevideo después de la frustrada asonada.
Regresó al país con la Revolución Libertadora, en 1955, y fue reincorporado a la Fuerza Aérea Argentina como capitán. Cabe destacar que previamente había piloteado uno de los aviones de la Fuerza Aérea Argentina que participaron del Bombardeo de la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, que causó más de 300 muertos.
En 1973 ocupó la subjefatura del Estado Mayor Conjunto, pero su vida pública resultó más trascendente que sus antecedentes militares.
Fue Intendente de facto de la Ciudad de Buenos Aires entre 1976 y 1982, designado por el Decreto Nacional número 15 del 6 de abril de 1976 durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional
Al asumir reemplazó a Eduardo Alberto Crespi, quien ocupó interinamente durante 8 días el cargo en 1976. Impulsó profundas reformas en la capital de la República Argentina con medidas enérgicas.
Decidió la construcción de ocho autopistas, pero solamente se concretaron la Perito Moreno y la 25 de Mayo, inauguradas el 6 de diciembre de 1980, cuyo costo de 730 millones de dólares fue financiado con la deuda externa avalada por el Tesoro Nacional.Intentó erradicar las villas miseria. Fue un gobernante ilegítimo, y es rocordado como un intendente que promovió obras de gran infraestructura que aumentaron escandalosamente el gasto público. Algunos lo prefeiren recordar como uno de los pocos militares eficientes en el cargo que obstentaron en el proceso.
Durante su intendencia, en junio de 1976, el barrio de Parque Chas pasó a formar parte del barrio de Agronomía al sancionarse la ordenanza 32.912 que derogó la 32.757.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al aprobar el 6 de diciembre de 2005 la Ley Nº 1907/06, permitió anular lo dispuesto por Cacciatore y Parque Chas recuperó el rango de barrio, por lo que se convirtió en el último barrio de los 48 que integran oficialmente Buenos Aires.
También durante su intendencia se promovió de manera fraudulenta la venta y la demolición de el estadio "Viejo Gasómetro" del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
Renunció tras una multitudinaria marcha en su contra - y en contra del Proceso de Reorganización Nacional - el 31 de marzo de 1982. Cacciatore fue sucedido por Guillermo Jorge Del Cioppo (1982–1983).
Intentó volver a la gobernar la ciudad en la democracia, postulándose en 1996 pero su impopularidad no se lo permitió. Falleció en la Ciudad de Buenos Aires el 28 de julio de 2007, de causas naturales.
Ramón Camps
Ramón Juan Alberto Camps (m. 1994) fue un militar argentino que alcanzó el grado de General, que durante la dictadura militar llamada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) estuvo a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que tuvo bajo su dirección varios de los centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en la provincia. Entre los casos en los que intervino se encuentran el Caso Timerman y la Noche de los lápices.
Camps fue uno de los militares del Proceso de Reorganización Nacional en los que más se destacó el antisemitismo generalizado, que él denominaba "cuestión judía". Llegó a diseñar un juicio en masa contra los judíos más prominentes con el fin de condenarlos por sionismo. En ese contexto Camps secuestró y torturó a Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, quien debido a la presión internacional fue puesto en libertad y expulsado del país algunos meses después. En aquella oportunidad, Camps realizó una conferencia de prensa con el fin de mostrar que Timerman era sionista y con ese fin reprodujo una parte de la grabación del interrogatorio al que bajo tortura fue sometido Timerman, donde podía oírse:
Camps: ¿Admite que es judío?
Timerman: Bueno... sí
Camps (gritando): ¡Entonces es sionista!
Timerman: Bueno... no lo sé, tal vez
En 1982 publicó un libro contra Jacobo Timerman, titulado Caso Timerman. Punto final.
A finales de 1983, el periodista español Santiago Aroca de la revista "Tiempo" entrevistó a Camps. En la entrevista, el general admitió que había contribuído a hacer desaparecer a 5000 opositores políticos y defendió la tortura como el camino más corto para conseguir datos. Confesó simpatías con Hitler, pero negó ser nazi. Admitió haber secuestrado a "niños de desaparecidos" y eliminados a periodistas molestos".
- El 19 de enero de 1984, el decreto 280 del gobierno de Raúl Alfonsín ordenó su detención.
- El 12 de marzo de 1984, el Consejo supremo de las FFAA dispusó su prisión preventiva rigurosa.
- En 1986, la Fiscalía General lo acusó de 214 secuestros extorsivos con 47 desapariciones, 120 casos de tormentos, 32 homicidios, 2 violaciones, 2 abortos provocados por torturas, 18 robos y 18 sustracciones de menores.
- La Cámara Federal, en 1986, lo encontró culpable de 73 casos de tormentos seguidos de asesinatos y lo condenó a 25 años de reclusión con degradación e inhabilitación a perpetuidad.
- El 25 de diciembre de 1990, el presidente Menem firmó el indulto que lo dejó en libertad.
[indulto nº2741 del 30 de diciembre de 1990 : Causa N° 44/85: "Causa incoada en virtud del decreto Nº280/84 del PEN". Camps, Ramón Juan Alberto Riccheri, Ovidio Pablo], indulto que también, entre otros, dejó en libertad a los ex comandantes Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini condenados el 9 de diciembre de 1985.
Murió en Buenos Aires el 20 de marzo de 1994.
Abel Teodoro Catuzzi
Durante la dictadura militar llamada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) desempeñó altos cargos, entre ellos Comandante del Cuerpo V de Ejército, con sede en la ciudad de Bahía Blanca y jurisdicción en toda la Patagonia. Tuvo bajo su mando diversos centros clandestinos de detención, entre ellos el ubicado en la Base Naval de Puerto Belgrano y la llamada Escuelita de Bahía Blanca.
La justicia ordenó cerrar los múltiple juicios en los que se encontraba imputado de delitos de lesa humanidad por aplicación en algunos casos de la ley de Punto Final de 1986 y en otros de la de Obediencia Debida de 1987. Con la nulidad de estas leyes establecida por el Congreso en 2003, las causas en las que se encuentra involucrado volvieron a abrirse.
Hasta diciembre de 1975 se desempeñó como Jefe de la Subzona 2.2, que abarcaba la provincia de Entre Ríos y tenía base en Paraná.
Entre 1977 y 1979 se desempeñó como Jefe de la Subzona 5.1, estando entonces al mando de los centros clandestinos de detención "Base Naval de Puerto Belgrano" y la "Escuelita de Bahía Blanca".
Entre septiembre y diciembre de 1979 fue Comandante del V Cuerpo de Ejército y como tal Jefe de la Zona 5.
Catuzzi, un hombre que se declaraba profundamente católico, consideraba que la tortura era una forma de purificación de las personas.El obispo Miguel Hesayne testimonió en el Juicio a las Juntas que Catuzzi le manifestó que torturar era una necesidad cristiana.
La justicia ordenó cerrar los múltiple juicios en los que se encontraba imputado de delitos de lesa humanidad por aplicación en algunos casos de la ley de Punto Final de 1986 y en otros de la de Obediencia Debida de 1987. Con la nulidad de estas leyes establecida por el Congreso en 2003, las causas en las que se encuentra involucrado volvieron a abrirse.
Hasta diciembre de 1975 se desempeñó como Jefe de la Subzona 2.2, que abarcaba la provincia de Entre Ríos y tenía base en Paraná.
Entre 1977 y 1979 se desempeñó como Jefe de la Subzona 5.1, estando entonces al mando de los centros clandestinos de detención "Base Naval de Puerto Belgrano" y la "Escuelita de Bahía Blanca".
Entre septiembre y diciembre de 1979 fue Comandante del V Cuerpo de Ejército y como tal Jefe de la Zona 5.
Catuzzi, un hombre que se declaraba profundamente católico, consideraba que la tortura era una forma de purificación de las personas.El obispo Miguel Hesayne testimonió en el Juicio a las Juntas que Catuzzi le manifestó que torturar era una necesidad cristiana.
Ricardo Cavallo
Acusado de haber trabajado durante el Proceso de Reorganización Nacional y de haber cometido crímenes contra civiles durante la Guerra sucia. Cavallo rechaza estas acusaciones.
Mientras vivía en México Ricardo Cavallo fue acusado en España en septiembre del año 2000 por el juez Baltazar Garzón, quien pidió su extradición bajo el principio de la jurisdicción universal. Una corte mexicana recomendó aceptar la extradición, y el ministro Jorge Castañeda Gutman lo aceptó en febrero de 2001. Cavallo apeló la decisión y finalmente la Corte Suprema mexicana determinó que fuera extraditado por los cargos de terrorismo y genocidio, pero no por el de tortura que ya habría expirado. Fue extraditado en ese mes, siendo la primera vez en que un estado extradita a un ciudadano acusado por otro estado por crímenes cometidos en un tercer estado.
Mientras Ricardo Cavallo esperaba juicio en España, en Argentina se anularon por completo la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, que impedían el inicio de juicios por presuntos crímees cometidos durante el Proceso. Dado que Cavallo podía entonces ser juzgado en Argentina, la Corte española afirmó no tener jurisdicción y que Cavallo fuera juzgado en su propio país. En julio de 2007, sin embargo, la Corte española decidió que fuera juzgado en Madrid ya que el caso estaba allí más avanzado.
Eduardo Crespi
Mientras vivía en México Ricardo Cavallo fue acusado en España en septiembre del año 2000 por el juez Baltazar Garzón, quien pidió su extradición bajo el principio de la jurisdicción universal. Una corte mexicana recomendó aceptar la extradición, y el ministro Jorge Castañeda Gutman lo aceptó en febrero de 2001. Cavallo apeló la decisión y finalmente la Corte Suprema mexicana determinó que fuera extraditado por los cargos de terrorismo y genocidio, pero no por el de tortura que ya habría expirado. Fue extraditado en ese mes, siendo la primera vez en que un estado extradita a un ciudadano acusado por otro estado por crímenes cometidos en un tercer estado.
Mientras Ricardo Cavallo esperaba juicio en España, en Argentina se anularon por completo la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, que impedían el inicio de juicios por presuntos crímees cometidos durante el Proceso. Dado que Cavallo podía entonces ser juzgado en Argentina, la Corte española afirmó no tener jurisdicción y que Cavallo fuera juzgado en su propio país. En julio de 2007, sin embargo, la Corte española decidió que fuera juzgado en Madrid ya que el caso estaba allí más avanzado.
Eduardo Crespi
Ocupó el cargo de intendente de Buenos Aires en 1976.
Fue nombrado por el gobierno militar del Proceso de Reorganización Nacional tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la presidente María Estela Martínez de Perón.
Duró ocho días en el cargo, hasta el 2 de abril de 1976, cuando fue sustituido por Osvaldo Andrés Cacciatore, también designado por el gobierno militar.
Fue nombrado por el gobierno militar del Proceso de Reorganización Nacional tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la presidente María Estela Martínez de Perón.
Duró ocho días en el cargo, hasta el 2 de abril de 1976, cuando fue sustituido por Osvaldo Andrés Cacciatore, también designado por el gobierno militar.
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