Análisis de Medios x Tiempo

La mayoría de los matutinos asegura que existe un avance de la oposición en la Cámara Baja. El diario de los Mitre asegura además que, en caso de que el Poder Ejecutivo ignore las normas opositoras, sobrevendrá una rebelión fiscal.
La Nación decidió abrir su edición con este tema y lo llevó a lo más alto de su portada. En la volanta señala: “Debate en el Congreso: en ocho días vencen las facultades delegadas.” El título elegido es: “La oposición intenta quitar al Gobierno el uso de leyes clave.” En la bajada explica que “son alrededor de doscientas, entre ellas las que fijan las retenciones al campo y la ley de abastecimiento.”
Clarín, en cambio, prefiere llamar la atención sobre el intento de reforma provisional: “Jubilaciones: la oposición busca dar otro golpe en Diputados” es el título de apertura del matutino de la dupla Noble-Magnetto. En la bajada, el diario dice que “intentarán darle media sanción al proyecto que lleva la jubilación al 82% del salario mínimo. Ocurre luego de que el Senado aprobara una reforma del INDEC criticada por el Gobierno. El arco anti K dice que ya tiene el quórum.”
En el mismo sentido que Clarín, El Cronista Comercial, diario del diputado Francisco de Narváez, titula: “La oposición busca un acuerdo para aprobar el 82% móvil en Diputados.” En la bajada sostiene que “tras firmar dos dictámenes distintos, los sectores opositores intentarán encontrar un consenso en las próximas horas para lograr darle media sanción el miércoles”, aunque en la subida del título principal se advierte que el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, “se niega a votar el dictamen de mayoría, que no contempla financiamiento”.
Para Diario Popular, “las principales apuestas parlamentarias están en juego”, y dice que “la oposición busca acelerar leyes clave”.
Hasta aquí las coincidencias. Pero mientras Clarín muestra un escenario casi idílico para la oposición, La Nación advierte sobre los límites, y hasta se anima a mostrar el camino sobre el que se discutirá en los próximos días, frente a la posibilidad de que el gobierno acuda a la Ley de Emergencia Económica para desoír el triunfo opositor en Diputados: una virtual rebelión fiscal.
La Nación arranca con todo: “Malas noticias para el Poder Ejecutivo: en apenas ocho días, caducarán cientos de normas con facultades que le delegó el Congreso y que resultan neurálgicas para la gestión pública. El paquete incluye alrededor de 200 leyes con delegaciones vigentes, pero los opositores pusieron el foco en apenas una treintena, sabedores de que, sin ellas, el Gobierno se encontraría atado de pies y de manos. Una de las más importantes es la de fijar retenciones al agro, contemplada en el Código Aduanero.”
Y enseguida muestra la postura del gobierno: “¿Cómo se las arreglará el Poder Ejecutivo sin estas delegaciones si no solicita una nueva prórroga? El pragmatismo oficialista ofrece una rápida respuesta. ‘Apelaremos a los decretos de necesidad y urgencia [DNU] y a la Ley de Emergencia Económica –que se aprobó en la crisis de 2002 y seguirá vigente hasta diciembre de 2011–, que contiene infinidad de delegaciones’, explican los oficialistas.”
Frente a este intríngulis, dice Adrián Ventura en su columna El Escenario, del diario que siempre representó los intereses de la Sociedad Rural: “Si uno lee la Constitución, parece que ese día el Congreso debería reasumir facultades y volverse más fuerte. Sin embargo, es muy probable que, tanto por la negativa del Gobierno como por las fracturas de la oposición, nada cambie demasiado. Por eso, en la Justicia especulan que muchos ciudadanos optarán por iniciar juicios contra el Estado.”
Y sigue: “Ante tamaña incertidumbre ¿qué ocurriría si un ciudadano, por ejemplo, se niega a pagar una alícuota de retenciones o a cumplir con una orden que le da la AFIP sobre la base de una delegación que supuestamente caducó?”
Y después aclara: “hubo contactos de los diputados de la oposición con varios ministros de la Corte. Algunos jueces son proclives a fortalecer la actuación del Congreso. Pero el escenario de incertidumbre que se crea podría dar lugar a miles de situaciones distintas y es previsible que muchos ciudadanos llevarán sus planteos puntuales a los tribunales. La Corte no puede anticipar una respuesta y, menos aún, una respuesta única.”