Representantes de las organizaciones que forman parte de la campaña por una ley de acceso a la información pública se reunieron con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Nicolás Fernández. El senador del Frente para la Victoria aseguró que la intención del bloque es promover la aprobación de una norma nacional antes de fin de año.
Las organizaciones, que habían solicitado la reunión en el marco de la campaña “Saber es un derecho. ¡Qué ahora sea ley!” por una ley nacional de acceso a la información pública, le plantearon a Fernández la necesidad de articular el trabajo de los diferentes bloques políticos para sancionar una norma que respete los estándares internacionales en la materia. También, manifestaron su preocupación por la falta de coordinación entre ambas cámaras, situación que llevó a que Diputados y Senadores estén trabajando el tema de manera simultánea. Al respecto, el senador del FPV afirmó que existen posibilidades de avanzar en primer lugar con un dictamen del Senado y aseguró que el oficialismo está convencido de que esta ley es una herramienta que hay que poner a disposición de la ciudadanía.
Fernández también informó a los representantes de las ONG que la Comisión de Asuntos Constitucionales concluiría la elaboración del dictamen —o los dictámenes, si no se alcanza consenso— en las próximas semanas, para luego tratarlo en el recinto.
La campaña “Saber es un derecho, ¡Qué ahora sea ley!” busca destacar la importancia del acceso a la información pública como una herramienta para poder ejercer otros derechos fundamentales (como el derecho a la salud y a la educación), monitorear la transparencia de la gestión pública y fomentar la participación ciudadana.
La iniciativa, que está abierta a adhesiones a través del sitio www.saberesunderecho.org, es impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Poder Ciudadano.
Las organizaciones, que habían solicitado la reunión en el marco de la campaña “Saber es un derecho. ¡Qué ahora sea ley!” por una ley nacional de acceso a la información pública, le plantearon a Fernández la necesidad de articular el trabajo de los diferentes bloques políticos para sancionar una norma que respete los estándares internacionales en la materia. También, manifestaron su preocupación por la falta de coordinación entre ambas cámaras, situación que llevó a que Diputados y Senadores estén trabajando el tema de manera simultánea. Al respecto, el senador del FPV afirmó que existen posibilidades de avanzar en primer lugar con un dictamen del Senado y aseguró que el oficialismo está convencido de que esta ley es una herramienta que hay que poner a disposición de la ciudadanía.
Fernández también informó a los representantes de las ONG que la Comisión de Asuntos Constitucionales concluiría la elaboración del dictamen —o los dictámenes, si no se alcanza consenso— en las próximas semanas, para luego tratarlo en el recinto.
La campaña “Saber es un derecho, ¡Qué ahora sea ley!” busca destacar la importancia del acceso a la información pública como una herramienta para poder ejercer otros derechos fundamentales (como el derecho a la salud y a la educación), monitorear la transparencia de la gestión pública y fomentar la participación ciudadana.
La iniciativa, que está abierta a adhesiones a través del sitio www.saberesunderecho.org, es impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Poder Ciudadano.
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