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lunes, 16 de agosto de 2010

Un juzgado de Madrid imputa al representante legal de Google en España por el 'caso Street View'

Una asociación había presentado una demanda por el almacenamiento de datos de las redes wi-fi



El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha citado como imputado al representante legal de Google en España tras la denuncia presentada por una asociación contra la multinacional por haber captado información de usuarios de redes wi-fi durante la toma de datos de su servicio Street View. En una providencia fechada el 5 de agosto, la juez Raquel Fernandino ha aceptado la competencia para investigar los hechos denunciados por la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) y ha ordenado que la declaración del representante de Google se celebre el 4 de octubre.

APEDANICA se hizo eco de la alarma generada por la toma de datos en espacios públicos por parte de Google, que utilizó coches equipados con cámaras multidireccionales y tecnología wi-fi para captar imágenes de las calles de ciudades de todo el mundo para incluirlas en su servicio de cartografía en internet. Durante esas operaciones, ha reconocido Google, se captaron los datos de todos aquellos usuarios conectados a redes Wi-Fi no protegidas con contraseña, que posteriormente se almacenaron.

En el marco de las diligencias previas abiertas, el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha pedido a la Policía Nacional que le remita todos los datos en su poder sobre el caso Street View. En concreto, la Brigada Provincial de Delitos Informáticos deberá remitir información sobre "los instrumentos utilizados para la captación de datos", así como el destino de los mismos y el número de usuarios afectados. El asesor jurídico de APEDANICA, Valentín Playá, sostiene que "solamente en Madrid varios cientos de miles de usuarios acceden diariamente a redes wi-fi abiertas para sus comunicaciones personales y profesionales, por lo que se ha podido captar gran volumen de datos de todo tipo". El caso está siendo investigado en España por la Fiscalía de Guipúzcoa, que cuenta con uno de los doce fiscales especializados en delincuencia informática en España.

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