Por Daniel Cecchini y Eduardo Anguita
politica@miradasalsur.com
Parece una paradoja, pero cuando el miércoles pasado el juez Federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para investigar si hubo delito en la transferencia de las acciones de Papel Prensa durante la última dictadura, dio un paso que tendrá consecuencias decisivas para el progreso del caso.
Papel Prensa: un reclamo de Justicia
La detención de José Alfredo Martínez de Hoz por orden del juez federal Norberto Oyarbide, a principios del mes pasado, luego de decidir su procesamiento por secuestro extorsivo y un embargo sobre sus bienes por dos millones de pesos, no sólo tendrá consecuencias en esa causa sino que también abrirá las puertas para que otros delitos económicos cometidos durante la dictadura sean considerados crímenes de lesa humanidad. El despojo de Papel Prensa a la familia Graiver puede ser uno de ellos.
Bajo tortura
El relato de Lidia Papaleo de Graiver frente a la asamblea de accionistas de Papel Prensa no deja dudas sobre la complicidad de civiles y militares para apropiarse de la empresa.
Testimonio de Osvaldo Papaleo
“Los empresarios de Clarín, La Razón y La Nación hacen una primera reunión con Isidoro Graiver (hermano de David) en la que le hacen una propuesta ridícula y le dicen que era eso o nada. En ese clima se hace una segunda reunión donde se firma un preconvenio, en noviembre del ’76, en el despacho de Bartolomé Mitre en la calle San Martín. Allí los integrantes de la familia son separados para presionarlos individualmente.
Rafael Iannover aportó más datos
La Comisión Fiscalizadora de Papel Prensa escuchó el viernes el testimonio de Rafael Iannover, contador de David Graiver y ex director de la compañía,sobre uno de los ilícitos expuestos ante la última asamblea de accionistas de esa empresa. Ianover reveló que él no había vendido a Fapel - la sociedad creada entonces por los diarios Clarín, La Nación y La Razón - las acciones de la firma papelera que estaban a su nombre, sino que se las habían sacado bajo coacción.
Otro revés judicial para Clarín
La estrategia judicial de los directivos de Clarín y La Nación , Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre respectivamente, sufrió un duro revés esta semana con la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de desestimar la apelación presentada por el Directorio de la firma Papel Prensa contra la decisión del Gobierno Nacional de establecer un precio igualitario para los compradores de papel.
Con esta resolución, queda firme la decisión gubernamental de garantizar la provisión de papel para todos los periódicos del país, a un mismo precio.
En abril de 1977, el general Oscar Gallino se reunía con los dueños de Clarín, La Nación y La Razón antes de interrogar en el Pozo de Banfield a Lidia Papaleo de Graiver
En abril de 1977, el general Oscar Bartolomé Gallino fue el instructor de los consejos de Guerra a los que la dictadura cívico-militar sometió a los herederos, socios y empleados de David Graiver, titular de las acciones mayoritarias de Papel Prensa. A dos días de la presentación por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del informe Papel Prensa - La Verdad, Miradas al Sur está en condiciones de afirmar que Gallino, un hombre de extrema confianza del dictador Jorge Videla (quien brindó con champagne con Ernestina Herrera de Noble cuando se inauguró la planta de la empresa en San Pedro), se reunió en por lo menos tres ocasiones con los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón pocas horas antes de someter a interrogatorio a Lidia Papaleo, viuda de Graiver, y otros integrantes del grupo Graiver en el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield. Todos estos detenidos llevaban semanas de ser sometidos a torturas en el escabroso Puesto Vasco, donde el jefe de los torturadores era nada menos que el temible jefe de la Policía Bonaerense, el entonces coronel Ramón Camps.
La primera de esas jornadas –que tenía la modalidad de primero hablar con quienes ya se habían apropiado de Papel Prensa y luego con los humillados y despojados verdaderos propietarios– contó con la participación de los dueños de Clarín, La Nación y La Razón. La segunda vez, Gallino se encontró con los representantes legales de los tres medios y el secretario de Industria de la dictadura, mientras que la tercera vez fue con propietarios y representantes legales juntos. Estos encuentros tuvieron lugar entre el 9 y el 15 de abril de 1977 y cabe consignar que Lidia Papaleo había sido sometida a brutales torturas y violaciones hasta ser sentada frente a Gallino. La hipocresía de que aquel régimen brutal era una dictadura exclusiva de uniformados queda desbaratada ante la complicidad abierta que revelan estas reuniones, donde la sangre y las acciones de la empresa eran parte de una misma coctelera. Basta mirar las ediciones de esos tres diarios por esos días para verificar el entusiasmo con que los artículos de La Nación, Clarín y La Razón apoyaban al Estado terrorista.
Al gallinero. Gallino era un oficial de Inteligencia y uno de sus antecedentes fue haber comandado la brutal represión al Batallón 601 Domingo Viejobueno, donde un centenar de militantes del ERP murieron tras haber sido entregados por un agente infiltrado. Para ver la importancia que tenía, basta mencionar que cuando el general Roberto Viola asumió la presidencia, Gallino fue gobernador bonaerense.
La actual situación legal de Gallino es, por estas horas, muy interesante. Hace un año y medio que la Fiscalía Federal de Delitos de Lesa Humanidad de La Plata pidió su captura por su participación en el centro clandestino Puesto Vasco. Hace un mes y medio, la misma fiscalía le agregó otro pedido de captura, esta vez por su accionar en el Pozo de Banfield. Hasta el momento, ningún juez federal dio curso a estos pedidos.
Cuando Gallino se siente en el banquillo de acusados, deberá hacerlo ante el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional número 3 de esa ciudad, Arnaldo Corazza.
La fiscalía podrá preguntarle entonces a Gallino sobre la existencia de memos secretos, rubricados con su firma, donde constarían esas reuniones, así como otras mantenidas, en esos mismos días y antes de interrogar a los detenidos, con el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Camps. “Se trataría de una suerte de agenda o partes diarios de carácter secreto, relacionados con la instrucción de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los Graiver”, dijo a Miradas al Sur una fuente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa. Esos memos habrían permanecido durante años guardados en un viejo edificio perteneciente al Ejército, ubicado en Carlos Pellegrini y Juncal. Vueltas de la historia, ese palacio fue ahora restaurado para ser la sede de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), cuyo secretario general es Néstor Kirchner.
Testimonios de ayer y de hoy. Mientras tanto, la instrucción de la causa “Secretaría de DD.HH. de la Nación s/denuncia” –que investiga la utilización del terrorismo de Estado contra integrantes del Grupo Graiver– avanza en la Fiscalía Federal para delitos de lesa humanidad de La Plata, a cargo de Hernán Schapiro y Marcelo Molina. Además del pedido de detención de Gallino, los instructores ya tomaron declaración a Osvaldo Papaleo –hermano de Lidia, la viuda de David Graiver– y a Rafael Ianover, testaferro de Graiver y vicepresidente de Papel Prensa, ambos secuestrados en la Operación Amigo, conducida por Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. Fuentes de la querella señalaron a Miradas al Sur que las declaraciones de Ianover y Papaleo coinciden casi punto por punto con los testimonios que ambos brindaron en 1986. En los próximos meses se espera tomar declaración al resto de los secuestrados del Grupo Graiver en Puesto Vasco y el Pozo de Banfield que aún están con vida.
Miradas al Sur tuvo acceso a las declaraciones judiciales realizadas en 1986 por Lidia papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Osvaldo Papaleo, y las empleadas Silva Fanjul y Lidia Gesualdi, entre otros integrantes de Empresas Graiver S.A. (Egasa) que estuvieron detenidos-desaparecidos en Puesto Vasco y el Pozo de Banfield. En aquella oportunidad, la viuda de Graiver relató su secuestro, el 14 de marzo de 1977. El registro judicial señala, en fojas 246: “Aproximadamente a las 21 horas golpearon la puerta, invocando pertenecer al Ejército Argentino, lo que hizo que se franqueara la entrada, ingresando varias personas de civil y armadas. Tras ser identificados todos los ocupantes, la dicente es esposada, junto con Lidia Gesualdi, la que es golpeada en ese momento. Inmediatamente se las conduce fuera del edificio advirtiendo que en un automóvil estacionado en la puerta se encontraba Silvia Fanjul. También son privadas de su libertad las demás personas que se encontraban en el departamento, a excepción de Bogany”. También describe las sesiones de tortura a las que fue sometida en Puesto Vasco: “Inmediatamente se la condujo a una suerte de cocina, se la desnudó, fue atada a un elástico de cama comenzándose la primera sesión de tortura mediante picana eléctrica. Aclara que le fue quitada la venda de los ojos cuando fue desnudada, por orden de su torturador, al cual entonces ve. Posteriormente –días después– se entera que se trataba del comisario inspector Alberto Rousse”, señala el expediente.
En aquella declaración, Lidia Papaleo no deja de consignar el interés de sus secuestradores por Papel Prensa. En fojas 247 está escrito: “Que también desea aclarar que en Puesto Vasco en ocasión de ser torturada se hallaba presente el comisario Etchecolatz. Que tanto en el Pozo de Banfield como en la Comisaría de Banfield concurrían Beto Cozzani, la Tota y Darío Rojas, quienes le preguntaban por Papel Prensa, y que junto con (Alfredo) Abuin manejaban (cambio a foja 248) la vinculación entre Papel Prensa y Egasa”.
De este mismo interés da cuenta Rafael Ianover en su declaración de 1986. Relata que fue secuestrado el 12 de abril de 1977 y llevado a Banfield. “Que recuerda que ello no le llamó la atención pues ya se encontraban detenidos los miembros de la familia Graiver” (fojas 221). “Que si bien no puede ver por estar vendado, lo hacen sentar en una silla, haciéndole escuchar marchas peronistas. Luego de un rato le quitan la venda y lo llevan a una habitación en la cual lo espera un señor vestido de civil que lo interrogó sobre su accionar en Papel Prensa S.A., quién era el presidente, cómo habían sido nombrados, etc.” (fojas 222). “Que el día siguiente lo vuelven a vendar y a atar las manos, lo meten en un coche en el asiento trasero, conduciéndolo al lugar donde había estado el día anterior con la diferencia que lo hacen subir por una escalera de caracol a dos pisos y lo introducen en una celda en la cual se encuentra solo por espacio de cuatro días, llegando al quinto día el general Gallino, designado preventor, quien lo interroga nuevamente respecto de Papel Prensa” (fojas 223).
Las declaraciones que hace casi 25 años realizaron ante la Justicia Federal los integrantes del Grupo Graiver derriban los argumentos del Grupo Clarín cuando sostiene que las acusaciones de haberse apropiado de Papel Prensa en complicidad con la dictadura son un “invento” o una “causa armada” por el Gobierno .
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